Dos días después de que la nueva Ley se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 13 de marzo, el gobierno la estrenó contra el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, a quien cuando intentaron detener policías ministeriales por una denuncia en su contra por violencia familiar exhibió un amparo y entonces le inventaron que agredió a elementos de la Fiscalía General del Estado.
El 20 de marzo la juez Alejandra Castañeda Priego lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar ocho meses de prisión preventiva no obstante que la Fiscalía se negó a presentar a los policías ministeriales y a los peritos que emitieron certificados que “acreditaron” que hubo daño psicológico a los policías. A partir de entonces se ha usado la que es conocida como “ley garrote” contra opositores políticos y ciudadanos que se han inconformado contra decisiones del gobierno y que tienen a una buena cantidad de ellos en la cárcel no obstante que no les han podido acreditar los presuntos delitos de los que los acusan.
Se ignoró a quienes pidieron derogar la “ley garrote”
El 6 de abril del año pasado 17 diputados del PAN, PRI, PRD y MC promovieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma al Código Penal. Argumentaron que había vacíos legales con los que se estaba desvirtuando el marco legal.
Antes, el 25 de marzo ocho organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Artículo 19, abogados y académicos de la Universidad Veracruzana y de la UNAM, pidieron a los diputados que aprobaron la “ley garrote”, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al propio gobernador que promovieran la derogación de la reforma “por contravenir estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos” y porque “propicia la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
Los días 3 y 7 de marzo de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de nueve Ministros, decidió declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el Código Penal para el Distrito Federal, por permitir el actuar arbitrario de las autoridades por ser impreciso, vago y ambiguo.
Dentro de la sentencia de los Amparos en Revisión 2255/2015 y 4436/2015 la Corte señaló que al criminalizar expresiones contra las autoridades, el delito de ultrajes a la autoridad podía ser utilizado como un instrumento para reprimir el derecho a la libertad de expresión.
El 17 de marzo de 2021, académicos, hombres y mujeres, de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, hicieron pública una pormenorizada carta abierta tanto al Congreso local como al gobernador en la que al final les plantearon:
“Quienes integramos la Academia de la Facultad de Derecho, de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, solicitamos con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Constitución Local, que antes de que se llegue a activar algún medio de control constitucional para combatir esta norma penal, que a todas luces resulta inconstitucional e inconvencional, sea nuevamente estudiada y derogada por el Congreso del Estado, para evitar que Veracruz se convierta en un Estado represor y poco tolerante a la pluralidad de ideas y expresiones”.
Los firmantes fueron los distinguidos académicos, especialistas en el tema: Sidney Ernestina Marcos Escobar, Rosa Hilda Rojas Pérez, Esperanza Sandoval Pérez, Erick Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara Hernández, Enrique Córdoba del Valle, Daniel del Ángel Pérez, César Martínez Rámila, Rebeca Contreras López y Austria Paola Barradas Hernández.
Pero no fueron los únicos. Conforme han pasado los meses han sido muchas las voces que se han manifestado, con argumentos, en contra de la vigencia de la reforma y su uso y abuso por parte de la Fiscalía General del Estado, pero todos, absolutamente todos, han sido olímpicamente ignorados.
Insólita declaración del Gobernador
Vuelvo al primer párrafo de esta columna. Creo, pues, que concretar la inconformidad y el problema a la actitud personal del senador Ricardo Monreal porque protestó por la detención ilegal (un video y los hechos lo han comprobado) de seis jóvenes, a quienes se les aplicó la “ley garrote”, y cuya libertad finalmente logró, no solo es politizar el caso sino tratar, una vez más, de tratar de justificar lo injustificable: lo abusiva, arbitraria y represiva que es la ley cuitlahuista.
Ya de regreso, sin embargo, me dejó estupefacto la declaración del gobernador Cuitláhuac García, quien en lo que refleja una aceptación de mea culpa y de que en su gobierno se ha abusado de su reforma, declaró el viernes pasado que su propuesta (la de aquel 11 de febrero) fue enviada al Congreso con otro sentido, pero que “ahí sufrió alteraciones previo a ser aprobada”.
“Yo no hago la ley, yo mandé la ley en otro sentido. Que se aclare, pues. La instancia, que es el Congreso, ahí que se haga el debate y que determinen”.
Si advirtió que aquello no era lo que había propuesto, que lo habían alterado, ¿por qué no alertó de inmediato y pidió que se corrigiera?, ¿por qué ha dejado que se cometan injusticias?, ¿por qué no actúa ya y propone la derogación de la reforma al Código Penal tal como quedó incluso eliminar el delito de ultrajes a la autoridad, por inconstitucional de acuerdo a la Corte?, ¿para qué un debate de algo que se sabe que está mal?, ¿de cuándo a acá el Congreso es autónomo e independiente cuando de todos es sabido que está sometido a su voluntad y solo se hace lo que él ordene y mande?
De hecho, esa fue su reacción ante un señalamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien en su recomendación 146/2021 le demandó derogar, a la brevedad, la numeral 331 del Código Penal vigente en el estado, esto es, la “ley garrote”. El gobernador dijo que analizaría con un grupo de asesores cómo atenderá esa recomendación.
Le tira la responsabilidad a Gómez Cazarín
¡Diez meses después, decenas (hay quienes afirman con son centenas, otros que miles) de víctimas de por medio entre detenidos y sus familiares, ahora resulta que los reclamantes tienen razón!, pero durante todo ese tiempo Cuitláhuac García guardó silencio con lo que aceptó los atropellos, hizo oído sordo a quienes, con mucha autoridad legal y moral, le dijeron que habían cometido un grave y error y le demandaron que lo corrigiera de inmediato, y ahora le tira la bolita a Juan Javier Gómez Cazarín, en los hechos el titular del Poder Legislativo, quien no actúa si no se lo ordenan desde el palacio de gobierno.
No haber escuchado a tiempos las voces sensatas veracruzanas le dio pie al senador Monreal tomar el tema, sin duda alguna como bandera política en sus aspiraciones presidenciales (leer “Prosa aprisa” del 9 diciembre pasado), pero por una causa justa en defensa de los veracruzanos ante la injusticia, el abuso, la arbitrariedad y el atropello. El mismo gobierno le puso el balón frente a la portería, sin ninguna defensa (pudo haber sido cualquier otro aspirante), y solo se concretó a anotar.
Por eso también resulta falsa y engañosa la campaña en las redes sociales (a todos los empleados del gobierno los obligan a retuitear lo que les ordenan desde la Secretaría de Gobierno o desde la Fiscalía y en venganza piden a sus familiares que difundan todo lo que se publique en contra del gobierno) donde acusan que hay una campaña “golpista” contra el gobernador.
Ningún “golpismo”. Lo único que se pide es el restablecimiento del Estado de derecho, el respeto a la ley y que no cometan más injusticias. No más, pero tampoco menos.
Lector, te saludo y te deseo salud, unidad familiar, que tengas empleo (hoy es uno de los valores más preciados) y que haya bienestar y prosperidad en tu hogar, que no falte el pan en tu mesa y al menos unas cuantas monedas en tu bolsillo. |
