Y en Jalisco, el desbordamiento de la inseguridad pública está bajando los bonos del gobernador Enrique Alfaro, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de MC.
En Veracruz, su terruño natal, Dante no se puede equivocar en 2024. Deberá apostar por un candidato a gobernador intachable o que al menos no tenga cuentas pendientes con la justicia porque el grupo en el poder ya dejó bastante claro que seguirá aplicando la ley sin consideración a sus adversarios.
Ayer jueves, por ejemplo, fue detenido en el puerto de Veracruz el empresario Antonio del Río Argudín, sobrino de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, preso en Pacho Viejo por la presunta autoría intelectual del asesinato de René Tovar, candidato de MC a la alcaldía de Cazones de Herrera, ocurrido en junio pasado. Precisamente por la detención de su amigo, es que Dante y el senador Ricardo Monreal crearon en diciembre una comisión especial en el Senado para investigar casos de abusos de poder y violación de derechos humanos en Veracruz, pues aseguran que la Fiscalía General del Estado detuvo a Del Río Virgen sin pruebas contundentes.
Ese fue otro yerro de Dante, pues esta comisión senatorial tuvo que ser desintegrada ante la presión de la mitad de los 61 senadores de Morena y del gobernador Cuitláhuac García, pues adujeron que no había sido aprobada por el pleno y que sólo era usada para golpear políticamente al gobierno morenista de Veracruz.
Sorprende que el sobrino de Del Río haya sido detenido hasta ahora, cinco días después de que Dante encabezara el sábado anterior el Movimiento por la Justicia, acompañado de senadores y de diputados y exlegisladores federales y locales del PAN, PRI y PRD que se plantaron frente a Palacio de Gobierno.
Y es que Antonio del Río Argudín era reclamado desde agosto de 2020 por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Comisionado al juzgado de proceso y procedimiento penal oral del XVII Distrito Judicial por el delito de fraude en agravio de Marisol Sandoval Ibarra. El empresario había solicitado un amparo en el juzgado cuarto de distrito con residencia en Boca del Río, según consta en el expediente III/713/2019.
Todavía, en 2021, fue abanderado por el desaparecido partido político estatal Podemos a la diputación local por el puerto de Veracruz, cuya campaña abandonó para apoyar la de la alcaldesa porteña Patricia Lobeira de Yunes Márquez, ex candidata de la alianza PAN-PRI-PRD.
DEL RÍO VIRGEN: PROCESO TORTUOSO
Por cierto, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, está por cumplir 50 días en prisión y, hasta ahora, nadie en los juzgados veracruzanos sabe realmente por qué.
Al funcionario de la Cámara alta del Congreso de la Unión se le detuvo el pasado 22 de diciembre sin respetar el debido proceso ni sus derechos humanos, y luego el juez de Control, Francisco Reyes Contreras, hizo lo increíble: lo vinculó a proceso por homicidio calificado sin ninguna prueba ni acusación.
Ahora, este mismo juez se resiste a enviarle la grabación de esa audiencia al juez de Distrito que tiene a su cargo resolver la demanda de amparo indirecto que presentó Del Río Virgen.
Primero cárcel y luego ya veremos. ¿Qué tal la administración de justicia y violación a derechos humanos en Veracruz por parte de este juez?
PJE: ATAQUES MISÓGINOS
La Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a cargo de la maestra Joana Marlen Bautista Flores, sigue siendo blanco de ataques mediáticos y de golpeteo en redes sociales por temas que nada tienen que ver con el escrupuloso manejo de los recursos financieros, humanos y materiales del máximo tribunal de Veracruz.
Ahora, sus detractores se han aprovechado de un penoso incidente protagonizado por una mujer con un serio problema de cleptomanía totalmente ajena al PJE, para enlodar los nombres e intentar desacreditar el buen trabajo que vienen realizando Bautista Flores y las maestras Alma Nayelly García Hernández, subdirectora de Recursos Humanos, y Manuela Saldaña Ríos, subdirectora de Recursos Financieros, que ni son cómplices y tampoco tienen la obligación de andar cuidando todos los actos de esta persona mayor de edad.
¿Será el costo de haber cerrado las llaves de la corrupción en el sistema administrativo del Poder Judicial del Estado? Tanta animadversión y violencia de género no es fortuita.
Qué lamentable que no se valore y reconozca el trabajo de estas mujeres que a pesar de las presiones procuran actuar con honestidad.
Exhíbanlas cuando les prueben un acto de corrupción, de abuso de poder o de tráfico de influencia, no por la enfermiza cleptomanía de otras personas.
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