Resulta que la protección de datos personales es un derecho consagrado en la Carta Magna de nuestro país, en el artículo 16, que aborda la garantía de legalidad y la inviolabilidad de la libertad personal, de la propiedad privada, de la intimidad, los datos personales y las comunicaciones privadas.
El citado numeral constitucional establece que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.
Aun cuando la Constitución no deja lugar a dudas, en la propaganda del gobierno difundida a través de varios de sus facilitadores, textoservidores y “cibermatraqueros” de redes se intenta posicionar la idea de acabar con la privacidad y secrecía de los datos personales y financieros de los “personajes públicos” –categoría en la que pretenden colocar a los periodistas-, bajo argumentos pueriles y violatorios de sus garantías individuales, excusándose en que a varios que hoy trabajan en el gobierno les “hicieron lo mismo” y los medios exhibieron cuánto ganan.
La diferencia es muy clara y los que no la quieren ver le juegan al “Tío Lolo”: la ley sí obliga a transparentar los emolumentos de los servidores públicos porque éstos provienen de dinero público, que aporta la sociedad a través de sus impuestos; mientras que los salarios que se perciben en la iniciativa privada corresponden a acuerdos entre particulares, con dinero privado, que solo está sujeto al correspondiente pago de gravámenes y a que su procedencia sea lícita, de lo cual ya se encarga la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria.
Abusar del poder y utilizar al aparato del Estado para dar mal uso a la información personal de los ciudadanos –cualquiera del que se trate- para amedrentarlo, exhibirlo y exponerlo es, además de ilegal, antidemocrático, autoritario y, bajo las condiciones de violencia e inseguridad que imperan en México, un acto irresponsable y criminal.
Si como algunos porristas del régimen sugirieron, se eliminan el secreto bancario y/o la protección de datos personales, ¿se imagina el festín que se daría esa delincuencia a la que el gobierno de la dizque “cuarta transformación” cuida tanto y llena de “abrazos”, mientras a los ciudadanos nos llueven mazazos?
El centro de la discusión no es Loret, sino la viabilidad para seguir viviendo con seguridad jurídica, derecho a la privacidad y, en resumidas cuentas, libertad en México. No es poca cosa.
Si no se les pone un freno ahora mismo, después no habrá marcha atrás. Y no nos alcanzará la vida para lamentarlo.
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