Veracruz, al parecer, sigue siendo tierra fértil para los mega fraudes, no obstante que algunos de esos grandes timadores han parado en la cárcel, como José Ocampo Verdugo, de la Caja de Ahorro Veracruz. Otro, Pedro Martínez Escudero, ha corrido con mucha mejor suerte. Tanta, que el año pasado hasta iba a ser postulado como candidato del PT a la diputación federal por Coatzacoalcos, pero los miles de ahorradores desfalcados por su financiera COFISUR le tumbaron la candidatura de última hora.

Ahora circula un expediente sobre un trío de presuntos vivales que se habrían vuelto millonarios con un supuesto Programa Nacional Emergente de Vivienda que data desde 2017 y mediante el cual han embaucado a miles de veracruzanos humildes que ambicionan vivir bajo un techo seguro de su propiedad. El fraude ha sido tan exitoso que ya lo habrían extendido a Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Baja California, Yucatán y Campeche, entre otros estados.

Los presuntos defraudadores señalados son Sotero Mendoza Martínez, un abogado originario de Zempoala, ex regidor priista del Ayuntamiento de Úrsulo Galván y ex delegado estatal de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC; Leonel Tejeda, un ex comandante de la Policía Intermunicipal y ex delegado regional de la SSP, así como ex funcionario del IPAX –de donde fue destituido por el actual comisionado Héctor Manuel Hernández Riveros casualmente por una denuncia de fraude presentada el 24 de mayo del 2019 en la Oficina del Gobernador Cuitláhuac García–, el cual se hace llamar dirigente nacional de la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil A.C. (COSOCI); y el tercer socio es un supuesto auditor fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ariel Viñas Zenteno, quien se encarga de expedir los folios y al que suelen presentar públicamente como el funcionario federal que desde el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y ahora en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se dedica dizque a gestionar los recursos de la Federación para el apoyo a la vivienda en zonas marginadas y rurales.

En el montaje de este teatro, refieren que Sotero Mendoza y Leonel Tejeda suelen afirmar que cuentan con todo el apoyo “del señor Gobernador”, sin especificar que en realidad se trata de Ignacio Romero, autodenominado “Gobernador Indígena de Veracruz”, el cual dispone en cada municipio con un “Jefe Supremo Indígena Municipal” que se encarga de reclutar a cientos de interesados en conseguir un lote y vivienda de interés social con solo un pago inicial de 380 pesos por el folio recibido con el aparente membrete oficial de la Secretaría de Hacienda.

Actualmente se estima que el monto total del fraude rebasaría los 2 mil millones de pesos, considerando que el número de solicitantes defraudados rondaría los 300 mil, ya que aunque de ellos solamente la mitad cumplió con la aportación inicial, la otra parte sí habría logrado cubrir los 13 mil 500 pesos que se les fijó.

¿Qué tanto sabrán de esto el actual secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón García, ex gerente general del Instituto Veracruzano de la Vivienda, y su sucesor Hazael Flores Castro, quien fue líder sindical de los trabajadores del Invivienda desde antes de la gerencia del sobrino de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero?

La pregunta se hace porque en los inicios de esta banda de presuntos defraudadores, cuando Nachón García se desempeñaba como gerente general del Invivienda, se adquirieron en la congregación de El Chote, del municipio de Papantla, menos de cinco hectáreas por las que se pagaron 30 millones de pesos, no obstante que se trataba de un terreno inundable que hasta la fecha nadie ha podido habitar ya que, además, se habría revendido hasta tres veces. Según se dice, Sotero Mendoza y Leonel Tejeda siempre traen bajo el brazo la escritura de este predio como carta de presentación cuando buscan al funcionario de la 4T en sus actuales oficinas de la Sedeco.

CASO DEL RÍO VIRGEN

Un abogado experto en Derecho Penal y un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado nos hicieron llegar sus opiniones acerca del amparo concedido por un juez federal a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien se haya preso desde diciembre pasado al ser implicado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el homicidio de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera asesinado en junio del año pasado.

Según nos comentan, el motivo de inconformidad de la FGE a cargo de Verónica Hernández Giadáns resulta infundado para seguir dejando en la cárcel a Del Río Virgen.

Para explicar lo anterior, citan el contenido de los artículos 23 y 24 del Código Penal para el Estado de Veracruz, los cuales establecen lo siguiente: 

“Artículo 23.- Son excluyentes del delito: I. La ausencia de conducta; II. La atipicidad; III. Las causas de justificación; y IV. Las causas de inculpabilidad. 

“Artículo 24.- Existe ausencia de conducta cuando la actividad o inactividad del agente activo son involuntarias. La atipicidad es la inexistencia de alguno de los elementos de la descripción legal.”

Apuntan que en las relatadas condiciones, dadas las irregularidades advertidas en la resolución reclamada, ya que algunos de los conceptos de violación resultan fundados y suficientes para conceder el amparo, aunque suplidos en su deficiencia, procede otorgar el amparo solicitado a (…) para el efecto que, una vez que la presente sentencia cause ejecutoria, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, realice lo siguiente: 

1. Deje insubsistente, la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del proceso penal (…) en la que se dictó auto de vinculación a proceso contra (…), por el hecho que la ley señala como delito de homicidio doloso calificado en contra de (…). 

2. En su lugar, emita una nueva determinación en forma oral en la que, al resolver la situación jurídica del impetrante, atienda a las consideraciones precisadas en la presente sentencia, y determine la no vinculación a proceso del quejoso en los autos del proceso penal (…) de su índice.

Señalan que la justicia federal se impone ante la arrogancia y desvergüenza de la justicia local.

Y concluyen: “Vaya caso este de Del Río Virgen. Toda una odisea que llegará a su fin con taches negros para la justicia local de Veracruz”.

Muy lamentable, la verdad.