En septiembre de 2020 el presidente propuso realizar una consulta popular para enjuiciar a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, un verdadero circo que terminó en un rotundo fracaso.
Para que fuera vinculante se requería que votara 40% de los ciudadanos de la lista nominal. Solo acudió a las casillas el 7.74%. El mismo López Obrador, quien promovió la consulta, a la mera hora no votó. En realidad, él tiene y tenía la facultad constitucional para actuar contra sus ex antecesores, pero nunca lo ha intentado en serio y, al contrario, los protege como a Enrique Peña Nieto. Esa consulta costó a los mexicanos 528 millones de pesos, que más bien se tiraron a la basura por un capricho presidencial.
Samuel García y MC, que en su campaña no hicieron alharaca de que iban a acabar con la corrupción ni han usado el tema como bandera política, sin hacer mucho ruido se erigieron, de golpe y porrazo, en una autoridad y en un partido político que tienen los suficientes tamaños para actuar contra un presunto corrupto, se trate de quien se trate.
MC proyecta sombra sobre el cuitlahuismo
Con lo ocurrido ayer, en Veracruz los cuitlahuistas ahora más que nunca tienen que hacer todo lo posible porque la próxima gubernatura no la gane Movimiento Ciudadano (MC), pues tienen cuentas pendientes a raíz del caso José Manuel del Río Virgen.
En principio, la caída en la cárcel de “El Bronco” es el más vivo ejemplo de que el poder no es eterno, que se acaba y que luego de cumplidos seis años el presidente o cualquier gobernador vuelven a su condición de ciudadanos, sin fuero alguno, expuestos a responder legalmente por algún señalamiento de algún ilícito cometido durante su administración.
El 1 de marzo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad y lo derogó, por el que están en la cárcel más de mil veracruzanos, Dante Delgado advirtió que se analizaban recursos legales contra el gobernador y el Poder Judicial del estado.
“Que quede bien claro, que tarde o temprano ministerios públicos, fiscales, jueces y funcionarios públicos van a rendir cuentas a la justicia y van a pagar por el daño que han causado a miles de veracruzanas y veracruzanos. La justicia va a prevalecer y deberán asumir las consecuencias jurídicas, morales y penales de sus actos”. O sea, ya se las cantó y bien aplica aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar.
El Gobernador de NL ajusta cuentas con “El Bronco”
En el caso de Samuel García, ayer, al celebrar la detención de Jaime Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram: “4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. #BroncoFirmas #NL incorruptible”. Se refería a que desde 2018, cuando era senador, lo acusó por presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial, así como por el desvío de recursos humanos y materiales.
En su momento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón al confirmar los desvíos de recursos en que incurrió El Bronco y su entonces secretario General de Gobierno, Manuel González, por utilizar a funcionarios públicos para la recolección de firmas para su campaña presidencial. Luego, la Fiscalía General de aquel estado comprobó que 11 empleados del Ministerio Público habían participado en esa recolección de firmas, configurando uno de los delitos por los que ahora se apresó a Rodríguez.
En Veracruz hay muchas pruebas y testimonios de que en las pasadas elecciones el gobierno obligó a funcionarios de mandos medios así como a los empleados a hacer campaña a favor de Morena y de que los acarreó a votar y los acarrea a la fuerza a actos con claro sentido prelectoral. Por lo que se acaba de ver, un gobernador de Movimiento Ciudadano actuaría, como en Nuevo León.
No necesitaron de ultrajes a la autoridad
Samuel García también dio una lección de eficacia en su actuar y de dejar a un lado el bla bla bla, los anuncios mediáticos de denuncias contra exfuncionarios sin ir más allá, pasando a los hechos, y que no necesita de ninguna ley represiva, como de ultrajes a la autoridad, cuando se tienen pruebas suficientes y contundentes para acusar.
Apenas a cinco meses de haber asumido el poder (el pasado 3 de octubre), ya metió a la cárcel a un verdadero pez gordo. En Veracruz ya van en el cuarto año de gobierno y se han ensañado con sus enemigos políticos chicuelos, pero no han tocado a ningún ejemplar de buen tamaño y solo se concretan a estar anunciando denuncias y denuncias y más denuncias.
Así las cosas, ahora el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, podrá presumir que su partido va en serio en el combate contra la corrupción, y otra, que actuará se trate de quien se trate.
Una bandera del gobierno de la 4T es el combate a la corrupción, pero solo como un eslogan propagandístico de las conferencias mañaneras, porque el gabinete presidencial está lleno de presuntos corruptos, muchos expriistas, a quienes el presidente defiende a capa y espada en lugar de haber ordenado que se les procesara para que respondan por todas las acusaciones que pesan en su contra.
El golpe de ayer va a actualizar el fracaso de la consulta para enjuiciar a los expresidentes y puede influir negativamente en la que se realizará el 10 de abril para la revocación de mandato.
Matan a otro periodista; la ONU también alerta
Triste, incontenible. Ayer en Zitácuaro, Michoacán, asesinaron a un periodista más, Armando Linares López, director del medio digital Monitor Michoacán. A ver ahora con qué nos sale el presidente.
Anoche, en su portal, El Universal publicó que no solo el Parlamento Europeo ha alertado sobre la violencia contra los periodistas en México, sino que también el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet habló de la “alarmante” situación que viven quienes ejercen el periodismo en nuestro país.
Su pronunciamiento lo hizo durante la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, al aludir al caso mexicano.
Concertación Veracruzana sigue picando piedra… política
Concertación Veracruzana (CV), asociación política local, llevó a cabo una reunión de trabajo con sus integrantes de la zona centro II, en la que su presidente, Esaú Uscanga Méndez, tomó protesta como delegado regional a Rigoberto Vázquez Alvarado y a los presidentes de los comités municipales de Atoyac, Carillo Puerto, Cuitláhuac, Paso del Macho, Camarón de Tejeda, Soledad de Doblado, Manlio Fabio Altamirano, Jamapa y Medellín.
Otro dirigente, Darío Uscanga, exhortó a los simpatizantes “ser más informados y participativos de los asuntos de la comunidad en la que se desarrollan, como parte del avance hacia sociedades más cohesionadas y fortalecidas”.
Jorge Uscanga Escobar, presidente fundador de CV, reconoció el compromiso social de los nuevos integrantes de la estructura de la asociación e invitó a los asistentes a seguir trabajando en favor de sus comunidades.
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