La mayoría de los ex priistas que ahora trabajan para el gobierno estatal de la Cuarta Transformación (4T) –como el ex dirigente Ranulfo Márquez Hernández y Ulises Rodríguez Landa, quien fue secretario de Finanzas del CDE del partido tricolor en la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y actualmente es jefe administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado– saben mejor que nadie que las plazas llenas no necesariamente aseguran urnas repletas en una jornada electoral.

Seguramente se acordarán cuando en los cierres de las campañas presidenciales de Carlos Salinas de Gortari en 1988, de Francisco Labastida en el 2000 y de Roberto Madrazo Pintado en el 2006, los operadores priistas atiborraron con decenas de miles de acarreados el malecón del puerto de Veracruz, y sin embargo los tres abanderados del Revolucionario Institucional perdieron las votaciones, aunque en el caso de Salinas el ex gobernador Fernando Gutiérrez Barrios y el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hoy poderoso director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encargaron de maquillar y sustituir las actas de escrutinio a favor del ex secretario de Programación y Presupuesto, despojando de la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato común del Frente Democrático Nacional.

En las recientes campañas a la gubernatura de Veracruz de 2018, Miguel Ángel Yunes Márquez, de la alianza PAN-PRD-MC, encabezó los mítines más concurridos, mientras Cuitláhuac García, de Morena, andaba prácticamente solo. Los únicos eventos a reventar fueron los del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, con excepción del organizado en el estadio de futbol de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que lució semivacío por el inadecuado día y hora en que lo realizaron. Pero en la elección, García Jiménez superó por más de 200 mil votos al hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que inicialmente se negaba a aceptar su derrota electoral.

Por eso, ahora, el mandatario estatal de Morena tampoco debería dejarse llevar por el espejismo que algunos de estos ex priistas incrustados en su administración pretenden hacerle creer con la movilización de –según sus cuentas alegres– más de 20 mil asistentes en la concentración organizada este sábado en apoyo a la ratificación del presidente López Obrador en la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo domingo 10.

Y es que en el PRI solían inflar también el número de “acarreados” para así justificar un gasto mayor de la movilización.

La gran interrogante es para qué gastar en esta concentración cuando de antemano todo mundo sabe que, sin necesidad de hacer una gran campaña a su favor, el Presidente tiene asegurada la ratificación porque los principales partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil que están abiertamente en contra del régimen obradorista han estado persuadiendo a sus militantes y activistas para que no participen en la consulta popular.

Además, como el Instituto Nacional Electoral (INE), por razones de presupuesto, sólo  aprobó instalar 57 mil casillas –el 30 por ciento de las que normalmente se distribuyen en una elección federal en las 32 entidades del país–, si un ciudadano votara cada dos minutos, lo que sería un tiempo récord, en una hora pasarían 30 y al cabo de diez horas sumarían 300 por casilla, lo que en promedio participarían en la consulta 17 millones de votantes, cifra muy remota al 40 por ciento de la lista nominal de electores –unos 37 millones– que exige la ley para que la consulta popular sea vinculante.

Por eso, en el evento de este sábado, la ex panista Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la asociación civil Que Siga la Democracia –cuya organización recaudó la mayor parte de las 9 millones 721 mil 917 firmas en formatos físicos que fueron entregadas al INE para que organizara la primera consulta de revocación de mandato–, pidió que el órgano electoral autónomo instale al menos otras 11 mil casillas más.