Apenas el pasado 10 de junio en la comunidad de Papatlazolco, municipio de Huauchinango, Puebla, un joven que, sobre la base de rumores y temores es asesinado por una turba que lo retuvo, lo juzgó y lo sentenció a morir a golpes y ser quemado; algunos dicen que aún estaba vivo cuando le prenden fuego. Su delito: ser señalado como sospechoso de ser robachicos.
El evento trágico y repulsivo, tal vez atraiga la nota periodística unos cuantos días. Después será otro evento de los más de 50 en los últimos 4 años, donde el pueblo toma la decisión superior de cobrar “justicia”. Este será otro evento que muestre las deficiencias que se viven cotidianamente, que nos enfrenta a responder si estamos mejorando nuestro sistema de justicia y seguridad, si estamos avanzando institucionalmente en la impartición de justicia, en el entendido de que la sociedad lo reconozca o no.
La vida arrebatada a un joven que no tenía nada que ver con hechos delictivos, según la información que se ha hecho pública, evidencian que el “pueblo” se equivocó y cometió un asesinato brutal contra un inocente. Ha habido otros casos, y seguramente habrá más ante la presunción social de que en nuestro país la justicia, o no existe o simplemente no se ejerce. De muestra sirven los altísimos niveles de ilegalidad registrados por la organización Impunidad Cero.
“En México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México. A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar mucho en estas instituciones”.
El ambiente de descrédito de nuestras instituciones de seguridad e impartición de justicia genera condiciones de violencia que se incrementan. No es nuevo, pero será siempre urgente, y se requiere forjar líneas y acciones ante ello.
Claramente estamos muy lejos aún de lograrlo, si el hecho de Huachinango fue para “prevenir” el robo de niños. Igual un hecho reciente en Jalcomulco, Veracruz, donde también se linchó a un presunto homicida sin mediar ningún proceso institucional, bajo el supuesto y el temor de que pudiera quedar libre.
Los puntos de coincidencia están en la disposición colectiva a consumar justicia por propia mano, haya o no pruebas o elementos suficientes. El punto se origina y enmarca en la desconfianza social hacia sus instituciones, en el enojo. También abona la idea de que “el pueblo” no se equivoca, que siempre tendrá la razón. Solo haciendo justicia institucional pronta y expedita, salvaremos este precipicio, donde la presunción de inocencia, el debido proceso legal, las leyes o los marcos que nos rigen, continúan siendo solo retórica.
DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
Sin duda, el reconocimiento de matrimonios igualitarios es un gran avance.
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