Es un vicio que se está volviendo recurrente: A pesar de que la Constitución de Veracruz define con claridad que tanto el Poder Judicial del Estado, como la Fiscalía General de Veracruz son organismos autónomos, “con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo”, con extraordinaria frecuencia el Jefe del Ejecutivo estatal asume el papel de vocero y se atribuye logros y objetivos que en realidad no corresponden a su investidura.
Sin embargo, cuando se trata de evadir responsabilidades en esos rubros, se recurre al texto constitucional: “eso no nos toca a nosotros”.
El ejemplo más claro fue el de este lunes, en la ya cotidiana conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
Al hacer referencia a la sentencia que le fue impuesta a la exalcadesa de Mixtla de Altamirano, María Angélica Méndez Margarito, señalada de ser la autora intelectual del asesinato de Marisela Vallejo Orea, el gobernador se puso el chaleco de la fiscalía y advirtió que “no se solapará a quienes cometan crímenes”, a la vez que acusaba de tener “doble cara”, a aquellos que exigen justicia “pero postulan y defienden a quienes la trasgreden”, en clara referencia al Partido Acción Nacional (PAN).
Y ya encarrerado en su papel de Fiscal, advirtió:
“Vamos a ir por los responsables. Esa es la forma de llegar a la cero impunidad que seguimos buscando. Doble cara, que por un lado dicen exigir justicia pero por otro lado son miembros de su partido que los postula y luego los defienden a capa y espada. Hoy se conoce la verdad después de un juicio largo. Dar con los autores intelectuales y llevarlos a prisión, apegados a Derecho y con la sentencia definitiva”.
Criticó al exfiscal Jorge Winckler, pues fue durante su gestión cuando iniciaron las investigaciones sobre el asesinato de Marisela Vallejo:
“Nosotros estamos haciendo nuestra parte, que se hable de la justicia que se está haciendo en Veracruz”.
Quizá no esté apegado a lo que dispone nuestra Constitución, pero es bueno que nuestro gobernador salga a dar la cara y asuma la responsabilidad de la procuración y la administración de justicia.
Sería perfecto… si siempre fuera así.
En la misma conferencia de prensa lo cuestionaron sobre la situación jurídica del alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, y su postura fue totalmente distinta.
Dijo que él –quien minutos antes se había asumido como titular de la Fiscalía- no metería las manos en el proceso penal que se sigue contra Pasiano Rueda.
“Que se siga la justicia, que sigan todas las instancias a las que tiene derecho, que no exista la mano del gobernador en ningún sentido”.
Dijo que ya él, públicamente, pidió que el caso estuviera apegado a derecho, “aunque le pertenezca a un órgano autónomo a mi administración, por lo que hacer uso de todos los mecanismos legales para demostrar su inocencia, hace parte de su defensa”.
Y aclaró: “Hay una coordinación y por eso me atreví a hacer una petición de que fuera apegada a derecho. Tiene varios recursos y es bueno que los haga válidos, eso va aclarando tu presunción de inocencia hasta tu inocencia o culpabilidad y entonces la sentencia se convierte en un acto de verdadera justicia”.
Respecto a la demanda de su inmediata libertad, el gobernador dijo desconocer si está libre o no, “pues no es un proceso del que me toque conocer. Por ser un tema político, no quiero dar la percepción de que le tengo ganas en contra”.
¿Pretenderá que le creamos que desconoce la situación jurídica de Pasiano?
Por lo pronto la defensa del alcalde electo estableció que las 2 de la tarde de este miércoles es el plazo final para que Pasiano Rueda quede en libertad, luego de que el Juez Noveno de Distrito le concediera dos amparos y calificara de “ilegal” su detención.
De no ser acatada la resolución, el juez de control con sede en Acayucan, Tirso Hernández Ayala, podría ser multado y hasta consignado por desacato.
Pero eso, por supuesto, no le corresponde a nuestro gobernador, sino a la autónoma y septuagenaria presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la aún magistrada Isabel Inés Romero.
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Epílogo.
La casa calificadora Moody’s rebajó este lunes la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a B1 desde Ba3, con perspectiva estable. *** La propia agencia detalló que esta acción a la baja fue provocada por el anuncio del pasado viernes, en el que rebajaron las calificaciones del Gobierno de México a Baa2 desde Baa1 con un cambio en la perspectiva a ‘estable’ desde ‘negativa’. *** “La rebaja de las calificaciones de Pemex a B1 fue motivada por la rebaja de la calificación de México, dada la importancia crítica de la solidez financiera del gobierno y el apoyo en la evaluación del perfil crediticio de la petrolera debido a su alto riesgo de liquidez”, enfatizó Moody’s. *** También se consideraron los altos vencimientos de deuda de Pemex entre 2022 y 2024 y las expectativas de un flujo de caja libre negativo continuo, así como “la necesidad de grandes cantidades de financiamiento externo dadas las pérdidas persistentes en el negocio de refinación de la compañía”. *** Otra calificadora, Fitch Ratings, también tiene a la firma fuera del grado de inversión, con una nota de BB- con perspectiva ‘estable’. *** La curva epidémica de Covid-19 mantiene la tendencia al alza y se encuentra ya a un nivel que ha superado los picos de contagios de las tres primeras olas, con 150 mil personas enfermas en la semana del 26 de junio al 2 de julio, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud. *** La dependencia federal informó que hoy se confirmaron 5 mil 986 casos de Covid-19 y 12 defunciones, para un registro acumulado de 6 millones 265 mil 311 individuos que han tenido la infección y 326 mil 97 que han perdido la vida. *** Las camas de hospital se mantienen con una ocupación de 16 por ciento en las generales y de 4 por ciento en las que tienen ventilador.
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