Isabel Inés Romero Cruz, quien se sigue ostentando como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, finalmente parece haber conseguido la anuencia de su jefe, el gobernador Cuitláhuac García, para dejar su encargo una vez que se cumpla su período al frente del Poder Judicial del Estado el 30 de noviembre del presente año.
En entrevista con diversos medios de comunicación, la septuagenaria magistrada le dio “gracias a Dios” por permitirle cumplir su carrera en ese cargo (lo cual le garantiza una jugosa pensión de retiro) y se declara “satisfecha” de la labor realizada.
“Me siento feliz, orgullosa, de haber concluido una carrera de casi 50 años en el Poder Judicial, me siento orgullosa y contenta de poder servir a los veracruzanos”, expresó.
Y claro que tuvo palabras para sus críticos:
“Ya sabes, los golpeteos que recibimos, pero de todos ellos recibimos algo bueno. A mí no me molesta que los demás hablen de mí, al contrario les mando bendiciones a todos aquellos que se expresan mal de nosotros, porque no nos conocen, no se han dado la oportunidad de conocernos”.
Se equivoca la aún magistrada: se le conoce y muy bien. No sólo eso. Hay una denuncia en su contra en la Fiscalía Anticorrupción por la probable comisión de los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Abuso de Autoridad.
Esta denuncia se da por la manera irregular y a todas luces anticonstitucional, en que le fue concedida la “dispensa” para mantenerse en el cargo a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica ponen como tope de edad los 70 años.
Pero no es la única denuncia.
El hoy fallecido abogado Flavio Mario Santés Álvarez, quien era Defensor de Oficio Adscrito a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, denunció penalmente a Isabel Inés Romero Cruz; a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, María Cecilia Guadalupe Hernández; a la Directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlén Bautista Flores, y a la Subdirectora de Recursos Humanos del propio Tribunal, Alma Nallely Garcia Hernández, “por hechos, con apariencia de delito”.
Mario Santés explicó en su denuncia que de las evaluaciones médicas a las que fue sometido fue considerado “persona vulnerable y de alto riesgo respecto a la Pandemia imperante” y por lo mismo recibió licencia médica por parte del IMSS –“ tratamiento y licencias médicas que oportunamente fueron del conocimiento de los entes correspondientes en el Poder Judicial de Veracruz”-, pero al acudir a la Clínica 66 se le informó que la consulta para obtener su licencia, era improcedente pues había sido dado de baja por la parte patronal.
“Estaba cometiéndose en mi agravio un abuso de autoridad y la posibilidad cierta de actualizar alguna otra figura típica, pues dado el tipo de enfermedad que padezco al dejárseme sin la atención y medicamentos idóneos, la consecuencia deviene fatal”, explicó el denunciante.
Y así fue. Antes de que se le diera cauce a su denuncia, la salud de Mario Santés, quien ya no recibía la atención médica que requería su condición física, se fue deteriorando hasta que finalmente falleció.
Las omisiones y los abusos de autoridad plenamente acreditados en esa denuncia, son elementos suficientes para acreditar la comisión de delitos graves.
Aunque no es un tema que domine, pues desde Palacio de Gobierno le tienen vedada toda participación, la aún magistrada Romero Cruz habla de las finanzas que dejará en el Poder Judicial del Estado.
“Estamos ahorrando al máximo, tenemos muchos ahorros. De verdad que el Poder Judicial no es como muchos hablan, estamos muy bien estamos trabajando en armonía con los magistrados, los consejeros. Todos los entes del Poder Judicial estamos muy bien trabajando”.
Lo cierto es que este año, una vez más, el manejo del presupuesto del Poder Judicial será deficitario, por culpa de ellos mismos, quienes no impugnaron en su momento la tramposa interpretación que hizo el gobierno estatal al concepto de “Presupuesto General del Estado”.
Era evidente que no se querían pelear con el gobernador.
Isabel Inés Romero se dice “feliz” de que por fin dejará el encargo.
Felices deberíamos estar los veracruzanos.
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Epílogo.
Muy poco se habla en medios estatales sobre el municipio de Coatzintla, y cuando hacen referencia a él, es por una noticia desagradable. *** Resulta que este martes se desplomó el arco construido en la entrada a la cabecera municipal, lo que provocó un fuerte susto, daños materiales, pero por fortuna ninguna persona lesionada. *** Enrique García Quiroz, director de Protección Civil de Coatzintla, informó que el arco fue construido en 2009 y “tenían la intención realizarle algunas adecuaciones”, aunque nunca recibieron reportes de la ciudadanía sobre las condiciones en las que se encontraba la obra. *** El funcionario explicó que el desplome se originó por las intensas lluvias ocurridas el lunes, lo que provocó la acumulación de agua y con ello el colapso. *** La lista sigue creciendo. La Fiscalía de Sonora informó este martes del hallazgo del cadáver del periodista Juan Arjón López, desaparecido desde hace una semana y que se convierte en el décimo cuarto informador asesinado en México en lo que va de año. *** La fiscal estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, informó en rueda de prensa del hallazgo de un cuerpo en San Luis Río Colorado que, por los tatuajes, corresponde con los datos que tenían en su poder las autoridades sobre el periodista desaparecido. *** En las últimas 24 horas, México reportó 10 mil 752 contagios y 62 muertes por Covid-19. *** De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud, al corte de este martes 16 de agosto, México acumula 6 millones 939 mil 755 casos positivos y 328 mil 798 defunciones a causa del virus. *** Hasta este martes se tienen detectados 63 mil 919 casos activos de Covid-19, mismos que se encuentran de manera predominante en las siguientes entidades: Ciudad de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Colima. *** Sobre los casos confirmados acumulados por estado, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65 por ciento.
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