En días pasados, la maestra Sandra Rodríguez José, encargada de la Dirección de Relaciones Laborales de la Universidad Veracruzana, dependiente de la Directora General de Recursos Humanos, contadora Evangelina Murcia Villagómez, fue notificada de que el Sindicato de Profesionistas Administrativos de la Universidad Veracruzana (SPAUV), que era dirigido por la Secretaria General, Martha Dolores Herrera Hernández, ha perdido su registro sindical, el cual había obtenido a través de la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz.
Es sabido por la comunidad universitaria que dichas servidoras no son del equipo del doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, si no del grupo de Sara Ladrón de Guevara, para quien aún colaboran.
Dolores Herrera, ex Secretaria General del extinto SPAUV, también participa obstaculizando la labor administrativa de la Rectoría, todo gracias a que el doctor Aguilar Sánchez es morenista y ella priísta; aunado a que dicha organización fue creada bajo la ilegalidad en el último mes del sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y gracias al favoritismo que el ahora presidiario tenía con la lideresa.
Herrera Hernández también es lidereza de la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de la Universidad Veracruzana, AFECUV, en la que se ha perpetuado por más de 20 años y en los que jamás ha defendido los derechos laborales de los trabajadores; si no por el contrario los ha desfavorecido vendiendo los logros que en otros tiempos se obtuvieron. Además, dicha agrupación no está registrada, de acuerdo a reportes del Registro Público de la Propiedad, lo que la impide a contar con un RFC de persona moral emitido por el SAT, lo que le impide obtener una cuenta bancaria a nombre de la agrupación.
Habría que preguntar cómo es posible que en una institución tan prestigiada no sepan asesorar a quien dirige el rumbo de la UV, para evitar transferir las aportaciones de la AFECUV a cuentas de particulares o, lo que es peor, para tener agrupaciones creadas bajo la ilegalidad.
Con todo ello, se reduce a tres el número de sindicatos legalmente constituidos en la Universidad Veracruzana: la FESAPAUV, del ingeniero Enrique Levet Gorozpe; el SETSUV, del simplemente Juan Mendoza Gutiérrez; y el STUV del abogado Jacobo III Reséndiz Pelayo; quienes guían y brindan protección a sus agremiados.
No resultaría descabellado pensar que Enrique Levet, debido a su larga experiencia, cierre filas con los demás sindicatos para crear un programa de fortalecimiento institucional con miras a la mejora continua y el engrandecimiento de la institución.
Por su parte, la visión de Juan Mendoza es la de un sindicalismo viejo, cuadrado y arcaico, que limitaría el proceso de superación universitaria.
A diferencia del recién creado STUV de Reséndiz Pelayo, quien en pocos meses ha demostrado frescura con rumbo a la nueva visión sindicalista, que surge a raíz de la reforma laboral.
Hay que saber recaudar
Los gobiernos que antecedieron al actual, al de la 4T, incurrieron en errores que al final pagaron con la pérdida del poder. En temas de recaudación fiscal no fueron lo eficientes que se requería para disponer de fondos suficientes para apalancar el desarrollo del país, el caso del ambulantaje por ejemplo fue un problema que se extendió por todas partes y con tal de mantener e incrementar su “voto duro” prefirieron no molestarlos dándoles el privilegio de evadir todos los impuestos. Por otra parte se supo de que los grandes empresarios también eran clientes consentidos del SAT pues no los molestaban y si lo hacían les cobraban cantidades simbólicas, total que al país lo han mantenido los que pagamos impuestos y los paisanos que mandan del extranjero sus remesas resultado de las friegas que se pegan trabajando en lo que los gringos no quieren hacer.
En ese sentido una administración eficiente es la que está pendiente del cobro de los impuestos y de generar programas que le permitan al estado recaudar fondos sin afectar a los contribuyentes.
Por ejemplo, el programa de canje de placas, que implementó el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, logró mejorar la recaudación de la tesorería estatal, según reporta el Informe Trimestral del Segundo Semestre de la secretaría de Finanza y Planeación (Sefiplan).
Al inicio del año el gobierno presentó el programa para homologar las placas de los vehículos particulares, lo que permitió que más de 400 mil dueños de automotores acudieron al canje de las placas para circular y están pendientes de cumplir con este trámite poco más de 300 mil automovilistas.
El proceso de emplacamiento genera pagos adicionales como son la verificación vehicular, que según datos de la propia Sefiplan se incrementó en un 300 por ciento, el costo por el servicio de la revisión de emisión de humo de los automóviles es de 404 pesos; además, el pago por el registro vehicular que es de 998 pesos.
Tuvimos acceso al informe de la Secretaría de Finanzas y esos trámites, sumados al canje de placas permitió ingresos por mil 647.7 millones de pesos, fundamentalmente por registro y control de vehículos y servicios de verificación vehicular. Todo lo que normalmente debe cubrir el propietario de un vehículo.
En dicho documento, la dependencia que dirige José Luis Lima Franco, confirma que “el conjunto de programas y acciones aplicados durante todo el primer semestre de 2022 impulsaron la generación de mayores ingresos fiscales en términos nominales”.
La Secretaría de Finanzas y Planeación asegura que los mil 647.7 millones de pesos, que ingresaron a sus arcas, superó en 98.3 por ciento en términos reales a 2021, y en 4.5 por ciento a la previsión presupuestal.
“El histórico incremento se atribuye al impacto de los beneficios concedidos a los propietarios de vehículos para apoyar el reemplacamiento y la verificación vehicular. Los resultados evidencian que el costo fiscal de los dos programas está compensado, ya que los ingresos derivados de Derechos por Registro y Control de Vehículos de Servicio Privado mostraron un crecimiento de 80.4 por ciento anual en términos reales, y por Servicios de Verificación Vehicular y Expedición de Certificado Holográfico se incrementaron en 343.9 por ciento anual en términos reales”.
Y algo que es importante recordar, y que el gobernador Cuitláhuac García anunció hace una semana es que se mantendrán descuentos para que los automovilistas, que no han podido cumplir puedan regularizar sus placas lo que resta del año…Se hace camino al andar.
De Veracruz para el INE
Alguien tenía que hacerlo y el presidente López Obrador decidió que fuera el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien ya exigió la renuncia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, tras los mensajes revelados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Queda demostrado, dijo, una vez más que la actual estructura del órgano electoral opera para favorecer para intereses particulares del tricolor. Cuitláhuac García Jiménez, calificó como una vergüenza política que a estas alturas en la lucha por una democracia en el país "el INE opere para los intereses oscuros del presidente de un partido".
De ahí que no solo se violenta la imparcialidad del INE, sino que deja en duda la certeza con la que debiera estar la democracia mexicana. "Lorenzo Córdova debe renunciar para que se de paso a una investigación al interior de ese instituto sobre cuántos y cuáles fueron los favores al presidente del PRI Alejandro Moreno".
Cabe mencionar que la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, reveló presuntos acuerdos entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, para la modificación de los estatutos de ese partido y para que los diputados federales del tricolor junto con sus aliados, aprueben el presupuesto anual del órgano electoral.
Prisión preventiva… ¡fuera!
Al considerar que la prisión preventiva de oficio está prevista en la Constitución de manera absoluta, desproporcionada y automática, en contra de la presunción de inocencia y la proporcionalidad, el ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejar de aplicar esta medida.
Fuentes federales confirmaron que el proyecto repartido por el ministro a sus compañeros del Pleno está programado para ser debatido el próximo 5 de septiembre.
En el documento, público en la página de la Corte, se establece la posibilidad de dejar de aplicar el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución; invalidar el catálogo de delitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se aplica esta medida de manera forzosa; así como el listado de delitos que también ameritan prisión preventiva de oficio según la Ley de Seguridad Nacional.
Con esta propuesta, el ministro busca dar solución a la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de las reformas que incluyeron como amenazas a la seguridad nacional que ameritan prisión preventiva de oficio a los delitos de contrabando, su equiparable; defraudación fiscal, su equiparable; así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.
“No se puede cerrar los ojos a esta realidad: las penas privativas de la libertad —en prisión preventiva o por sentencia judicial— no sólo condenan a la persona imputada, también condenan a sus familias a permanecer en la precariedad y a asumir el altísimo costo personal, social, económico, educativo, de salud y, por supuesto, psicológico que la reclusión de un familiar conlleva, sobre todo cuando esa persona es el sustento del hogar”, señala el proyecto del ministro Aguilar Morales.
REFLEXIÓN
Imposible tratar de hacerse pasar como un deficiente mental más de la 4T. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
