La justicia federal acaba de amparar a la ex tesorera del Ayuntamiento de Xalapa, Clementina Guerrero García, debido a un garrafal error jurídico de la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, ya que sustentado en una ley ya derogada le inició proceso de responsabilidad por su desempeño como secretaria de Finanzas y Planeación durante el bienio del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

De esta manera, se invalidó la resolución de fecha 12 de agosto de 2019 dictada en el Procedimiento Disciplinario Administrativo número 081/2019 de la Contraloría General, en la que se determinó inhabilitarla en el servicio público para los próximos diez años, así como imponerle una sanción económica por la cantidad de187 millones de pesos, resolución que había sido confirmada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz en el toca 396/2020.

Como se recordará, fue la contralora Santoyo Domínguez quien en su afán de buscar venganza política contra Yunes Linares –a pesar de que su fallecido padre, Salvador Santoyo Ramírez, fue cercano colaborador del ex mandatario del PAN en una oficina de investigación política que tenía en la Plaza Morelos, de Xalapa– inició este ilegal procedimiento en contra de la ex titular de la Sefiplan.

Por ello, luego de un largo proceso administrativo, el magistrado ponente Luis Enrique Burgos Flores y sus homólogos Luis García Sedas y Víctor Hugo Mendoza Sánchez, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, resolvieron por unanimidad otorgar el Amparo directo 13/2022 en la sesión ordinaria virtual del 25 de agosto pasado.

Como se cita en la resolución, el 3 de julio de 2019 se inició por parte de la Contraloría el procedimiento administrativo 081/2019 en contra de “Tula” Guerrero derivado de su desempeño como secretaria de Finanzas y Planeación por su presunta responsabilidad administrativa y daño patrimonial con motivo de la revisión integral a la documentación relativa al Fondo de Bienes Recuperados, sin embargo, el inicio, tramitación y resolución de dicho procedimiento se realizó con base a una ley que ya no estaba en vigor, esto es, el procedimiento se sustanció con base a la Ley de Responsabilidades del Estado que dejó de tener vigencia desde diciembre de 2017, o sea, año y medio antes de que la contralora Santoyo iniciara el procedimiento.

En la amplia exposición de motivos del caso se puntualiza que “es esencialmente fundado lo que aduce la quejosa en el segundo de sus conceptos de violación, en el sentido de que (…) un procedimiento que se fundó indebidamente en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, abrogada el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete por la Ley número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado, la cual en su transitorio Cuarto, dispuso que ‘los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades estatales y municipales con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que iniciaron’”.

¿Cuántos casos más estarán por caérsele jurídicamente a la contralora del régimen estatal de la 4T por tramitar el procedimiento de responsabilidad con una ley no vigente? Serían varios, según nos dicen. Ya se sabrá.

CONFRONTADA CON EL TEJAV

Por cierto, quienes han seguido los pasos de doña Mercedes Santoyo al frente de la Contraloría General del Estado, nos comentan que tampoco es la primera vez que el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV) le corrige la plana a la titular de la CGE.

El año pasado, por ejemplo, Santoyo Domínguez se quejó de que el TEJAV devolvió varios expedientes que se abrieron contra ex funcionarios de administraciones anteriores señalados por daños patrimoniales y faltas administrativas a pesar de que requieren imponerse sanciones.

“No hemos tenido una buena comunicación en el sentido de que hay cosas que nos regresan, que tienen algunas interpretaciones que a mi gusto y percepción no deberían ser así, creo que el trabajo en equipo se hace pensando en el bienestar común y social, en lo que el ciudadano requiere, queremos justicia, no queremos que por una interpretación de algunas personas se quede en la impunidad”, se quejó la contralora, quien no es abogada sino ingeniera de profesión.

En diciembre de 2021 declaró que habían encontrado centenares de expedientes abandonados en la Dirección General de Responsabilidades durante administraciones anteriores y que estaban trabajando en abatir el rezago.

“Ahorita con el cambio que tuvimos en la Dirección General de Responsabilidades encontramos un rezago de 600 expedientes que estamos trabajando a marchas forzadas para que sea el menor daño posible de una prescripción, esperamos abatir en un periodo máximo de un año”, apuntó.

Puntualizó que los expedientes son contra ex funcionarios de administraciones desde el 2015, y que van desde faltas administrativas hasta daño patrimonial, investigaciones que los órganos internos de control han terminado y enviaron internamente a la Dirección de Responsabilidades y se abandonaron.

Agregó que solicitó a los funcionarios estatales trabajar en equipo y de manera coordinada para solventar estos expedientes, pues las denuncias continuarán interponiéndose por parte de su dependencia.

Pero si va a seguir sustentando los procedimientos de responsabilidad en leyes derogadas como ocurrió con la ex secretaria yunista de Finanzas y Planeación, la justicia federal seguramente le va a continuar recetando el mismo revés.