Era enero del 2020, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Luis Lima Franco, se reunía con la aún rectora de la Universidad Veracruzana (UV) Sara Ladrón de Guevara para anunciar “el primero de cuatro pagos para liquidar el adeudo por 2 mil millones de pesos que tiene la Universidad Veracruzana con el SAT (Servicio de Administración Tributaria)”.
Lima Franco anunciaba a la vez un esquema de “rescate financiero” de la UV, por omisiones en las que incurrieron otras administraciones estatales:
“No fue culpa de la UV, fue falta de probidad de las administraciones anteriores, pero nosotros lo estamos solucionando”, declaró en aquella ocasión el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco.
Casi dos años después, en su comparecencia ante el Congreso local para hacer la glosa del Informe de Gobierno, Lima Franco daba cuenta de los resultados obtenidos con ese “rescate financiero”.
Informó: “Este 2021 se liquidaron más de 9 mil 934 millones 453 mil pesos de pendientes de diversas instancias, entre ellos mil 639 millones 835 mil pesos de la Universidad Veracruzana (UV) que, sumando el monto del 2020 por mil 685 millones 697 mil pesos (ya no 2 mil millones de pesos como anunció él mismo), da un total de 3 mil 325 millones 533 mil pesos”.
Las cosas parecían marchar muy bien.
No hay que pasar por alto que la Universidad Veracruzana –lo mismo que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz- es un organismo autónomo, con asignación fija de un porcentaje del presupuesto general del estado (en su caso el 4%) y que se vio afectado con la “interpretación” que el actual gobierno estatal le dio al término “presupuesto general del estado”, con lo que los ingresos estatales se redujeron en forma significativa.
Pero la UV, como todas las universidades públicas del país, recibe además recursos del gobierno federal, fondos que –por esos malabares de la burocracia- se le hacen llegar a través de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
Pues resulta que en su informe sobre la revisión de las Cuentas Públicas del 221, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Sefiplan suele retrasar hasta 49 días la transferencia de los recursos que le hace llegar la Secretaría de Hacienda para que se entreguen a la UV.
¿Rescate financiero a la UV? ¡Qué va!
En la segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública 2021 elaborado por la ASF, se informa que el Gobierno de Veracruz, a través de la Sefiplan, dejó de transferir 57 millones 471 mil 900 pesos a esa casa de estudios.
“Mediante la Sefiplan, el Gobierno del Estado de Veracruz aportó, en tiempo y forma, a la UV los recursos estatales del programa U006 2021 por 3,062,403.0 miles de pesos, convenidos en el Anexo de Ejecución respectivo; sin embargo, no se realizó la aportación estatal convenida en el Segundo Anexo de Ejecución, por 57,471.9 miles de pesos”, menciona el informe. Esto es, que el gobierno federal puso su parte, pero el estatal no hizo lo propio.
Por tal razón, estableció la promoción de responsabilidad administrativa y sancionatoria 2021-B-30000-19-1866-08-002 y ordenó a la Contraloría General del Estado para que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron la aportación estatal convenida”.
Si la Contraloría se apega a la instrucción de la ASF, le resultaría “responsabilidad administrativa y sancionatoria” a José Luis Lima Franco.
Pero no sólo fue esa “falla”. La Auditoría Superior de la Federación también detectó que Sefiplan registró atrasos de entre 26 y 49 días para transferir los rendimientos financieros a favor de la Universidad Veracruzana, por lo que ordenó investigar la razón por la cual de manera constante los rendimientos llegaron con atraso o incompletos.
Hay quien sugiere que esa táctica de retrasar la asignación de recursos (a los municipios opositores se les suele aplicar, aunque la demora no supera las 72 horas) tiene como fin “ahorcar” al titular de ese ente fiscalizable y orillarlo a su rendición, esto es: su renuncia o su sometimiento.
Es sabido que el actual rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, a pesar de ser un convencido y férreo defensor de la llamada “4T”, no está en el ánimo del gobernador, quien –incluso- ya ha considerado la posibilidad de forzar su renuncia y poner en su lugar a una muy cercana amiga suya.
Sería esa la explicación de que desapareciera esa extraordinaria disposición del gobierno estatal por “rescatar” las finanzas universitarias.
Pero ellos juran que no son como “los de antes”…
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Epílogo.
Un caso más en el que a justicia federal tiene que corregirle la plana al corrupto, inepto y prepotente sistema de justicia de Veracruz. *** El Juzgado Primero de Distrito ordenó poner en libertad a la excomisionada y expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, para que esté en condiciones de atender su delicado estado de salud. *** Yolli García está acusada de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero el juez de control Francisco Reyes Contreras ha insistido en mantenerla en prisión, a pesar de haberse demostrado su delicado estado de salud. *** Como aquí se anticipó, este lunes se registró una manifestación a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir el pago de prestaciones que no han sido entregadas. *** Denunciaron que han pasado cinco meses desde que se aprobó el aumento salarial a nivel federal y hasta ahora los docentes veracruzanos no han visto este incremento en sus percepciones. *** Ya el secretario de Salud admitió que “no hay dinero” para cubrir esos aumentos.
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