El ejemplo más burdo de ese uso faccioso de las instituciones y de lo que pasa cuando dejan de ser autónomas lo dio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), convertido en un “brazo ejecutor” del régimen desde que asumió la titularidad –también a través de trampas e ilegalidades- Rosario Piedra Ibarra.
Este domingo, la CNDH de Piedra emitió la recomendación general 46/2022, en la cual pidió al Congreso realizar las “acciones legislativas necesarias” para efectuar las modificaciones que garanticen “el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano”.
En un verdadero “rosario” de sandeces, el organismo reducido a vergonzante vehículo propagandístico –y que constitucionalmente está impedido para pronunciarse en cuestiones electorales- acusó al INE de ser instrumento de “sabotaje de la voluntad del pueblo” y de tener un comportamiento ¡como el de la Comisión Federal Electoral!
Sí, la misma Comisión Federal Electoral a la que el 6 de julio de 1988 se le “cayó el sistema” de cómputo de la elección presidencial, y que al restablecerse vio esfumarse la ventaja que tenía Cuauhtémoc Cárdenas para que al final se alzara con la “victoria” Carlos Salinas de Gortari.
Sin embargo, la iniciativa de reforma electoral del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” lo que propone es, de facto, el restablecimiento de un órgano como la Comisión Federal Electoral, controlado por el gobierno y, en consecuencia, supeditado y obediente de sus dictados. Precisamente, así como ahora se comporta la CNDH.
Esto fue señalado este lunes en un inesperado pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que sin medias tintas calificó a la reforma electoral lopezobradorista como “claramente regresiva” y un “agravio a la vida democrática del país”, ya que está destinada a “afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
“Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, sentenciaron los prelados.
Les guste o no al presidente y sus corifeos, con sus fallas y carencias, el sistema electoral construido desde la década de los 90 del siglo pasado ha permitido que existan elecciones más equitativas, en las que hay competencia verdadera y por ende, que lograron que en México exista la alternancia política, algo desconocido para el país durante prácticamente todo el siglo XX.
Sin el IFE/INE ciudadanizados y autónomos, el PRI no habría perdido nunca la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ni habrían sido posibles las alternancias partidistas de 2000, 2012 y 2018 a nivel federal, ni todas las que se han logrado a nivel estatal y municipal. Probablemente, estaríamos hablando del mismo sistema de partido hegemónico y de los 90 años ininterrumpidos del PRI en el poder.
Pero el morenato quiere volver a los tiempos anteriores, desaparecer a los organismos autónomos y sustituirlos por oficinas de elecciones en las que solo se procese el trámite burocrático de transmisión del mando en el que siempre ganen los mismos. Como era con la Comisión Federal Electoral que encabezaba Manuel Bartlett, el perpetrador del fraude de 1988 y hoy encumbrado miembro de la “4t”.
En una de ésas, hasta lo proponen para el INEC.
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