En el primer trienio del gobierno de Cuitláhuac García acumuló casi 90 millones de pesos de déficit.
Éste balance financiero contrasta fuertemente con los que la misma Ipax presentó antes, incluso todavía en 2018, cuando mostró un superávit de 292 millones 805 mil 189 pesos.
Ahí están los datos de los balances financieros del Ipax de cada año, difundidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Lo peor es que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aún con todo y éste fracaso financiero en una institución que antes dejaba dividendos, mantiene en su posición a Héctor Manuel Riveros Hernández, como comisionado del Ipax, como si algo le debiera, como si algo o alguien protegiese a Héctor Manuel.
Las pérdidas en el Ipax van aumentando año con año, lo que hace suponer que en el cierre de 2022 el déficit será mayor a lo que se presentó en 2021.
Así, en la primera mitad del gobierno de Cuitláhauc García, en el 2019, el primer año de su administración, la pérdida reportada fue de 10 millones 578 mil pesos.
Para el siguiente año se dio un crecimiento de casi un 140% en el dinero faltante, al acumular 24 millones de pesos.
Y para el 2019 la cifra llegó a 54 millones 594 mil pesos.
Con estos números ascendentes, ¿a cuánto llegará el déficit del Ipax en el 2022?.
¿Será que esto es sólo porque quien se siente el gran místico del Ipax es deficiente para llevar lo administrativo o esto sólo es reflejo de como manejan las cuentas en el gobierno de Cuitláhuac García?.
CUITLÁHUAC, EL VIOLADOR DE LA LEY, NO EL PROTECTOR
Una vez más quedó demostrado que en el gobierno del estado y en la Legislatura controlada por Morena no les importa el cumplimiento de la ley, si no que buscan sólo la toma del poder por cualquier medio, incluyendo la fuerza.
A Cuitláhuac García eso de que está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, le viene guango.
Él, por sus pistolas, quiere ser quien impone su voluntad, no el garante del cumplimiento de la ley.
Por eso, si una ley no le gusta, la desaparece y ya, para crear la suya propia.
Aunque esté mal hecha y sea hasta anticonstitucional.
Precisamente como ocurrió ahora...
Nuevamente, un acto del Poder Legislativo de Veracruz (desaparecer al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa «Tejav», en éste caso) fue desautorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ser anticonstitucional, ilegal, mal hecho.
Y lo hicieron así sólo porque se les dio la gana y para imponer a puro magistrado a fin al actual gobierno de Cuitláhuac Garcíua, y para lograrlo crearon un ente al que llamaron Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).
Y para validar el “despido” de los 4 magistrados que estaban en el Tejav se les ocurrió “liquidarlos” pagándoles tres meses de sueldo y tronándoles los dedos.
Pero como en la Legislatura de Veracruz esto de la cuestión legislativa no se les da muy bien, nuevamente la SCJN les dio para atrás.
El máximo tribunal del país ordenó la suspensión provisional de la remoción de los cuatro magistrados, mientras analiza de fondo el asunto, en resolución a la acción de inconstitucionalidad 266/2022.
Por lo mismo dejó sin efecto la designación de los nuevos magistrados por el Congreso de Veracruz y desechó la “liquidación” con tres meses de salario que se les quiere dar a los magistrados que se busca destituir, porque la misma se traduce en una afectación a la garantía constitucional de la independencia judicial.
Los magistrados a los que intenta destituir Cuitláhuac García vía su alfil Juan Javier Gómez Cazarin, son:
Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez.
Los cuales además hasta ahora se habían mostrado bastante complacientes con los asuntos relativos al gobierno del estado.
En cambio, como nuevos magistrados nombraron a personas con poca preparación y apegadas abiertamente a los grupos de los cercanos a Cuitláhuac García:
Leticia Aguilar Jiménez, quien fue directora de Servicios Jurídicos de la Legislatura, al servicio de Gómez Cazarin.
Rosalba García Salazar, era directora jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), al servicio de las hermanas García Cayetano, de las cuales se dice tienen nexos familiares con Cuitláhuac García.
Diana Oróstegui, extitular del Centro de Conciliación, del grupo de Eleazar Guerrero, el primo de Cuitláhuac García.
Jaziel Cabrera Pacheco, exdirector jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), al servicio de Zenyazen Escobar.
Roberto Sigala Aguilar, exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), como pago por las sentencias contra el PAN y los Yunes azules, apegado a Eric Cisneros.
Y Rubén Hernández Mendiola, quien fue representante del PAN ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en pago a Joaquín Guzmán Avilés por sus servicios al gobierno de Veracruz.
¿Cuál es la importancia de que todos estos magistrados sean parte de los grupos ligados a Cuitláhuac García?.
Pues que se les dio el nombramiento por diez años y entre los asuntos que les toca ver son los actos de anticorrupción y responsabilidades de los servidores públicos en Veracruz.
O sea que les tocaría juzgar a quienes los pusieron.
Por esto, nada más por esto, es que no los van a condenar.
Así pues, Cuitláhuac García está buscando la impunidad para los múltiples actos de corrupción, de irregularidades administrativas y de abuso de poder, que existen en su gobierno, para cuando salga.
Desde ahora, faltando menos de dos años para terminar, ya se está cubriendo las espaldas.
Ahora ante la determinación de la SCJN, la barrabazada legislativa (aunque hay quienes la han calificado de completa y total burrada) que crea el Trijaev, Cuitláhuac García mandó a tomar el edificio donde están las oficinas de ese tribunal, con casi media docena de policías., para no dejar pasar a los anteriores magistrados y no cumplir con la resolución de la SCJN.
Ocupó a los policías para que protejan su capricho, como si no hicieran falta en las calles de Veracruz.
PAN, LA ÚNICA OPOSICIÓN QUE PROTESTÓ POR ESTO
En este panorama el PAN estatal fue la única oposición que se pronunció en éste hecho. Tal vez porque los 4 magistrados que se busca destituir fueron designados en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares; tal vez porque sigue el conflicto con el diputado Bingen Rementeria, quien le dio el voto decisivo a Morena para destituir a los anteriores magistrados; puede ser porque uno de los magistrados recién nombrados está vinculado abiertamente con Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el anterior dirigente blanquiazul en el estado; o quizá porque otro de los magistrados nombrados fue el que sacó las resoluciones en contra del PAN de los Yunes azules en las últimas elecciones locales; o tal vez obedezca a que los magistrados designados, todos, están ligados de manera impúdica con el gobierno estatal.
O puede ser por la suma de todo esto y algo más.
El asunto es que el Comité Directivo Estatal del PAN consideró “grave” que Cuitláhuac García use “todo el aparato” de la Secretaría de Seguridad Pública para impedir que se cumpla la resolución de la SCJN en cuanto a considerar ilegal la extinción del Tejav, “en lugar de estar atendiendo la seguridad pública de las y los veracruzanos”.
Los anteriores magistrados, ni siquiera pudieron ingresar al edificio donde están las instalaciones de éste Tribunal, porque los elementos policíacos ahí presentes. se lo impidieron, “violando así, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Por eso es que Cuitláhuac García en lugar de ser el protector de la ley, es su violador.
Esa es la postura de quien se siente el gran místico del estado. |
