De acuerdo con reportes del gobierno federal, hasta el pasado domingo 22 –día en que en el puerto de Veracruz fueron masacrados el excandidato de Fuerza X México a la alcaldía de Coxquihui, Fernando “El Pino” Pérez Vega, su chofer, esposa y tres hijos, dos de los cuales eran menores de edad–, en la entidad sumaban al inicio de este año al menos 68 asesinatos, 10 ocurridos ese mismo día.

Lo que obviamente habría que preguntarse es dónde está y qué hace la policía preventiva a cargo del capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien desde finales de octubre pasado sustituyó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, quien renunció por “razones personales”. 

Y es que el nuevo jefe policiaco parece estar más atento a los negocios personales que en ubicar y enfrentar a los grupos criminales, cuyos capos o jefes de plaza están plenamente identificados como “generadores de violencia”, tal como lo acaba de evidenciar el propio gobernador Cuitláhuac García al señalar que el trágico fin del “Pino” Pérez Vega se debió a la violenta disputa que sostenía con otros delincuentes por el control de la zona Papantla-Poza Rica, mencionando concretamente a otro par de criminales, uno apodado “El Coco” y otro identificado como “El Wacho”, ambos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que hasta la fecha no han sido detenidos.

Hace más de dos meses, el martes 22 de noviembre pasado, al comparecer ante el Congreso local por la glosa del cuarto informe de gobierno, el capitán Zúñiga Bonilla fue cuestionado por el diputado y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, sobre una “proveedora” identificada como Araly Rodríguez Vez, quien según refirió el líder del partido tricolor ha recibido contratos de la SSP por 40 millones de pesos y resultó ser una empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde labora como secretaria de apoyo con un modesto sueldo de 7 mil 200 pesos al mes.

 Ramírez Marín le entregó personalmente una copia fotostática del contrato más reciente, el número SSP-UA-076-22, que el propio capitán Zúñiga firmó el 10 de agosto del año pasado todavía en su calidad de Subsecretario de Operaciones. Sorprendido, el jefe policiaco sólo acató a responder que investigaría y que en 48 horas daría respuesta si realmente es la persona mencionada por el legislador del PRI o si se trataba de “algún homónimo”.

Sin embargo, hasta el momento el jefe policiaco sigue sin dar respuesta. Ayer, el diputado Ramírez Marín aprovechó la comparecencia de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Delia González Cobos, para preguntarle también quién es Araly Rodríguez Vez, que además de ser funcionaria estatal tiene contratos por más de cien millones de pesos en la SSP y la Secretaría de Salud.

Pero la titular del ORFIS tampoco dio respuesta a la interrogante del diputado local priista, quien cuestionó: “Maestra (…), ¿de qué sirve el esfuerzo del Sistema Estatal Anticorrupción, cuando alguien, no sé quién, le ha entregado a una señora contratos por cien millones de pesos, ni los salarios de todo el auditorio junto aquí reunido al año alcanza esa cifra”.

Si el capitán Zúñiga no ha podido dar siquiera información sobre esta misteriosa y millonaria “proveedora” de la dependencia a su cargo, ¿podrá localizar y detener a los empoderados jefes de los grupos criminales que operan y masacran impunemente en la entidad?