Sin embargo, eso no la inhabilita para ocupar el cargo de gobernadora, ya que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa”.
¿Por qué entonces el Congreso de Veracruz hizo esa reforma absurda, con clara dedicatoria, que los metió en este brete en el que la Corte los ha vuelto a dejar en ridículo?
Porque con esta artimaña, los diputados “4t” pretendieron “acomodarle” la Constitución local a Rocío Nahle García y regalarle la veracruzanía de la que carece, pues como es sabido, es oriunda del estado de Zacatecas.
Y aun cuando eso no le impide buscar el cargo de gobernadora y ocuparlo si llegase a ganar la elección del año entrante, pues cumple con el requisito de elegibilidad de una residencia no menor de cinco años en el estado –su domicilio está en Coatzacoalcos desde hace más de 30 años-, se trataba de un tema de imagen política para lograr alguna empatía con un electorado que no la conoce más allá del sur de Veracruz.
La fallida maniobra legaloide lo que dejó de manifiesto, además del pobre apego a la legalidad de la funcionaria federal y de su falta de respeto a los veracruzanos al pretender engañarlos, es la incompetencia del que se publicita a sí mismo a través de corifeos y textoservidores como el “principal operador” de la “4t” en Veracruz: el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura local, Juan Javier Gómez Cazarín.
La absoluta ignorancia en temas legales y constitucionales de este sujeto le ha costado ya al Congreso del Estado varios hazmerreíres, al tirarles la Corte leyes y reformas hechas verdaderamente con las patas, con desconocimiento del mínimo proceso legislativo y que se aprueban gracias a la mayoría con ilegal sobrerrepresentación que mantienen Morena y sus satélites en el Poder Legislativo estatal. Porque no es lo mismo hacer leyes que vender coches usados.
La nueva pifia de Gómez Cazarín ahora exhibió y expuso también a Rocío Nahle y la manera en la que el régimen en Veracruz tuerce la ley y legisla a modo y con dedicatoria para apuntalar las ambiciones de una funcionaria altamente cuestionada y que desde su encargo nada ha hecho por Veracruz, pues ni para gestionar una reclasificación de las tarifas eléctricas –asunto en la esfera de su competencia como secretaria de Energía- ha servido.
Pero el mensaje implícito de la decisión de la Corte es todavía más interesante. Al explicar el sentido de su voto –que fue en contra de ratificar la “Ley Nahle”- el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que de avalarse se abriría “la puerta a un fraude a la Constitución”.
Como también es sabido, como presidente de la Corte Arturo Zaldívar se distinguió por su afinidad con la mal llamada “cuarta transformación” y el lopezobradorismo. Así que su reflexión y su voto no pueden separarse del contexto político-electoral de la sucesión, tanto a nivel federal como en el estado de Veracruz.
Para ello, no hay que perder de vista el intenso activismo electorero del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, que en las últimas semanas ha venido dos veces a hacer política partidista a Veracruz y a expresar su abierto apoyo a las aspiraciones del diputado Sergio Gutiérrez Luna para ser candidato de Morena a la gubernatura, lo que le valió ataques de los integrantes de la “pandilla” de Nahle, encabezados por el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros.
La decisión de la Corte no invalida legalmente las aspiraciones de Rocío Nahle. Pero políticamente, está por verse.
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