A Ignacio Ovalle Fernández y a Francisco Garduño Yáñez los aprecia mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al exdirector de Segalmex, en donde hasta ahora se han detectado desvíos por más de 15 mil millones de pesos –el doble de las malversaciones documentadas en la llamada “Estafa Maestra” que marcó a la corrupta administración priista del expresidente Enrique Peña Nieto–, lo tiene bien resguardado en la Secretaría de Gobernación como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, mientras que al todavía titular del Instituto Nacional de Migración (INM) la Fiscalía General de la República (FGR) le acaba de abrir una investigación por su presunta responsabilidad sobre la tragedia ocurrida la noche del lunes 27 de marzo pasado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que un incendio causó la muerte de 40 migrantes, la mayoría centroamericanos.

A los dos los ha defendido públicamente. De Ovalle Fernández, su primer jefe en 1976, quien como director del entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) lo nombró su delegado en Tabasco, dijo la semana antepasada en su conferencia mañanera de Palacio Nacional: “Yo tengo una opinión de él buena. Lo considero una gente con principios, gente honesta, no lo considero una persona corrupta, yo siento que a él lo traicionaron”. Incluso aseguró que el exdirector de Segalmex fue engañado por “gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder, del antiguo régimen y él les dio entrada”.   

Sin embargo, el mandatario expresó que si Ovalle “también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. Cero corrupción y cero impunidad, ni a mis hermanos, ni a mis hijos; a mí me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción”, subrayó.

De Garduño Yáñez, un guanajuatense de 74 años al que conoció a principios de la década de los noventa, recién fundado el PRD por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y quien posteriormente fue su secretario de Transporte y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad) y luego subsecretario de Gobierno en su jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005), comentó ayer, al confirmar la investigación de la FGR en su contra, que “es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años”.

“Es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie”, remarcó.

Y es que, evidentemente, el caso de Garduño es política y mediáticamente mucho más estridente debido a la muerte de 40 migrantes –los críticos de López Obrador la han catalogado como su “Ayotzinapa de Peña Nieto”–, por lo que ante el fuerte reclamo de gobiernos como el de la República de El Salvador, ha anunciado que posiblemente desaparezca al INM y lo sustituya por una Coordinación de Migración y Extranjería.

Sin embargo, todo parece apuntar que, al igual que Ignacio Ovalle, tampoco sacrificará a Francisco Garduño, cuya renuncia ni siquiera le ha pedido a pesar de las presiones internas y externas. Ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de reunirse con senadores de Morenaa y sus aliados, reiteró que Garduño continuará en su cargo hasta que no exista una resolución judicial que lo inhabilite.

Así que nadie se sorprenda si la investigación de la FGR finalmente termina exculpándolo, para darle carpetazo antes de que concluya este sexenio, tal como ocurrió también con la indagatoria en contra de Pío López Obrador, contra quien la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales determinó en octubre del año pasado no ejercer acción penal dizque por carecer de elementos suficientes para un juicio, no obstante que en agosto de 2020 se difundió un video en el que el hermano del presidente aparecía recibiendo un sobre con dinero en efectivo de David Eduardo León Romero, quien en 2015, año en que se realizó dicho encuentro, colaboraba con el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al inicio de la actual administración obradorista se desempeñó como coordinador nacional de Protección Civil.

DEJA RAMÓN ÁLVAREZ LA SICT

“La vida es de ciclos, igual que la función pública”. Así lo hizo saber el ingeniero porteño Ramón Álvarez Fontán, quien ayer informó sobre su salida como director del Centro estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Ha decidido enfrentar nuevos retos. A partir de ahora su trabajo será más territorial que de escritorio. El nuevo proyecto deberá concluir en 2024.

Fueron 926 días los que estuvo a cargo del Centro SICT-Veracruz. Durante su gestión, que inició el 1 de octubre de 2020, destacó el “destrabar” el añejo problema en la comunidad Paso Largo, del municipio de Martínez de la Torre, donde luego de 3 años de estar parados los trabajos de la construcción de la super carretera Cardel-Poza Rica, se pudo abrir a la circulación.

De igual manera deja muy avanzados, casi al 70%, los trabajos de la autopista Ozuluama-Tampico y la carretera que pasa por el basurero Las Matas, cuyo tramo carretero Coatzacoalcos-Minatitlán quedó en proceso de ejecución.

Hubo otros logros importantes como rehabilitación y conservación de la red de carreteras federales.

El funcionario federal agradeció la confianza del titular de la SICT, Jorge Nuño, y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con quien siempre se coordinó en los trabajos referentes a la infraestructura, comunicaciones y transportes en la entidad veracruzana.

¡Suerte al buen Ramón en su nuevo proyecto político!