Hace ya siete años, en abril del 2016, el candidato de Morena al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguraba que tenía la solución para los problemas de seguridad en el estado.
Decía que la inseguridad tenía su origen en la falta de oportunidades y en el desempleo, pero que iba emparejada con la corrupción e impunidad en las instituciones que deben garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos.
Le prepararon, hace siete años, un buen discurso para presentarlo en un debate que organizó la estación radiofónica XEU de Veracruz.
En ese entonces afirmaba: “la gente que tiene una forma honesta de vivir no tiene por qué delinquir, o sea: se tiene que aplicar una política de empleo y disminuir la pobreza (…) en dos años se pueden hacer estas acciones”.
Prometió, además, revisar a la Secretaría de Seguridad Pública para desterrar de ella la impunidad y la corrupción: “en principio, se va a formar una fuerza policiaca estatal, sin pasamontañas, uniforme único, acreditable, confiable con la ciudadanía que los identifique y que no sea de terror”.
Una vez que llegó, en diciembre del 2018, al cargo de gobernador, hizo totalmente lo contrario: Veracruz es de las entidades que sigue sin recuperar la generación de empleos que mostraba antes de la pandemia; a pesar de que adaptaron las mediciones de pobreza a su conveniencia, en esta entidad el número de pobres sigue en aumento, y la policía estatal está siendo utilizada -más que nunca antes- para reprimir movilizaciones sociales, con elementos uniformados con el rostro cubierto.
La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) presentó los resultados de su estudio sobre percepción de inseguridad y corrupción en el país.
El informe señala que, en Veracruz, cuatro de cada diez empresarios fueron víctimas de algún delito en sus negocios durante el 2022.
El llamado “Informe Data Coparmex” incorpora las opiniones y experiencias de micros, pequeñas y medianas empresas y evalúa varias categorías de cada una de las entidades del país.
La Coparmex les preguntó a sus afiliados en cada estado si el gobierno local había cumplido con los propósitos para los que fue electo: la administración de Cuitláhuac García estuvo entre las peor calificadas, sólo arriba de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Baja California y Zacatecas.
La calificación promedio de los gobernadores fue del 39.6 por ciento. Veracruz, con 12.7 por ciento ocupó el lugar número 26.
En el caso específico de la inseguridad, el 44.4 por ciento de los empresarios afiliados a la Coparmex dijeron haber sido víctimas de algún delito en el último año.
Entre los principales delitos que experimentaron los empresarios se encuentran: el robo de mercancía en tránsito (23 por ciento), el robo total o parcial de vehículo propiedad de la empresa (16 por ciento), la extorsión o cobro de piso (14 por ciento) y el delito informático (14 por ciento).
Además, se detalla que el 20 por ciento de los socios de Coparmex fue víctima de extorsión, de los cuales 72 por ciento fue vía telefónica y 28 por ciento “otro tipo de extorsión” o cobro de piso.
En materia de corrupción, el 29.6 por ciento admite que ha padecido algún hecho de esta índole.
Pero no les extrañe que, en caso de dejar pasar la pregunta, en su próxima conferencia de prensa el gobernador jurará que son datos falsos, que “él tiene otros datos”.
Vayamos, pues, a lo que informa una institución oficial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Sobre Veracruz, esa encuesta indica que la percepción de inseguridad continúa siendo alta en ciudades como Coatzacoalcos, Xalapa y la ciudad de Veracruz.
Xalapa ha tenido el mayor incremento en cuanto a la sensación de sus ciudadanos sobre la inseguridad, pues pasó de 55.7 por ciento en diciembre del 2022, a 56.7% en marzo de este año.
En el puerto de Veracruz, la encuesta muestra que se pasó de 58.8 a 59.7 por ciento en apenas tres meses, mientras que en Coatzacoalcos aumentó de un 78.7 al 78.9 por ciento.
Pero, bueno, no hay de qué preocuparse. El secretario de Seguridad Pública, el marino Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, asegura que en esta entidad “no hay focos rojos” y que “está garantizada la seguridad en los 212 municipios”.
¿Usted qué opina?
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Epílogo.
A propósito del titular de Seguridad Pública, este miércoles les dijo a los periodistas que las investigaciones por la presunta existencia de una red de explotación sexual en esa dependencia “siguen su curso” y que están a cargo del Órgano Interno de Control (OIC). *** Si son así de lentos para investigar denuncias internas, ¿qué podemos esperar del combate a la delincuencia? *** Debemos estar felices: El director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, asegura que (por fin, luego de casi cinco años) ya se cuenta con un abasto del cien por ciento de medicamentos para niños con cáncer. Admitió, sin embargo, que “hubo retrasos” en la distribución de los fármacos. *** ¿Y quién responderá por las vidas de menores que se perdieron por la falta de medicamentos?
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