Las constantes imposiciones y violaciones a nuestras leyes así como la destrucción caprichosa de instituciones de parte del gobierno de la 4T, hicieron que la sociedad mexicana volteara hacia el desastre y depositara toda su confianza a lo últimos que nos quedaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la presidencia de una mujer valiente, constitucionalista, y responsable del papel histórico que juega para el país en estos momentos, como lo es la magistrada Norma Piña.
El palo de la Corte a la primera parte del plan B electoral de AMLO deja un claro mensaje a los legisladores oficialistas que utilizan métodos desaseados para aprobar leyes por instrucciones del Presidente: ser mayoría no los exime de respetar la Constitución. Por nueve votos contra dos, los ministros invalidaron la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidad Administrativa por violaciones graves al proceso legislativo.
Esta reforma redefinía el concepto de propaganda gubernamental y establecía una excepción a la prohibición de su difusión durante procesos electorales, de acuerdo a Integralia Consultores. Lo que ha venido ocurriendo con los morenistas y sus rémoras en el Congreso: “Aprueban leyes como si fueran salchichas: es mejor no ver cómo se hacen”.
La reforma forma parte de un conjunto de ordenamientos que incluye el controvertido plan B que el presidente López Obrador elaboró para lograr el control los órganos electorales.
A favor de desechar la primera parte del plan B votaron Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo, Javier Laynez y —sorpresa para muchos— Arturo Zaldívar.
En contra sólo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf.
El voto de Zaldívar tiene su mérito. Esta vez su cercanía con el presidente no alcanzó para avalar las violaciones graves al proceso legislativo que se cometieron en la aprobación del plan B. Es un legítimo intento por recuperar el prestigio perdido ante su evidente inclinación al poder. El proyecto que desecha la primera parte del plan B es del ministro Pérez Dayán. La ponencia confirma la transgresión a las normas que justifican un proceso de democracia deliberativa e informada. El plan, dijo, no respetó lo dispuesto en la Constitución.
La iniciativa no pasó por un procedimiento ordinario: se recurrió al trámite de urgente y obvia resolución (dispensa de trámites.) En 24 horas aprobaron la reforma. Los legisladores no conocían lo que votaban como en otros casos ha pasado por lo que el legislativo en la 4T perdió su autonomía.
¿Qué viene el plan C?
Ante el rechazo de la SCJN de su Pla B en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ahora viene el “Plan C” para que en 2024 su movimiento tenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión con el objeto de aprobar reformas constitucionales sin obstáculo. Asegura que el Poder Judicial no tiene remedio, pues está podrido y actúa de manera facciosa para “componerle la plana” al Poder Legislativo.
“Lo del Plan B, ahí viene el C, no tiene remedio el poder judicial está podrido, están actuando de manera facciosa, imagínese componerle la plana al Poder Legislativo, es de sentido común, de juicio práctico, el poder Ejecutivo lo elige el pueblo, al Legislativo lo mismo, se elige a los diputados y senadores, el Ejecutivo y Legislativo nombra a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener al viejo régimen, corrupción y de privilegios”.
Contrario a lo señalado por los ministros de la Corte, el presidente López Obrador dijo que los legisladores no violaron los procedimientos legislativos, pero en un acto de prepotencia y autoritarismo se atreven a cancelar la ley electoral porque están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó saquear al país y quieren regresar por sus fueros ahora con el apoyo del Poder Judicial. “¿Qué es lo que se tiene que hacer?, pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución…
“Para reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales, ese es el Plan C… cuando se vaya a votar se piense que sí se está en contra del clasismo, racismo y corrupción, que se piense a la hora de votar que no solo sea para el Presidente o Presidenta, parejo… porque que el Congreso es importantísimo”.
Advirtió que si no se fortalece al Congreso, el presidente o presidenta se queda atado, “no han podido atarme de pies y brazos, porque no me dejo ni me voy a dejar”.
El cartel de los “chapitos” y el de los “kakitos”
En su continua campaña en contra de la fracción del Cártel de Sinaloa que comandó Joaquín, “El Chapo” Guzmán Loera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como “narcotraficante significativo” a Joaquín Guzmán López, otro hijo del histórico capo sinaloense y sancionó a dos entidades empresariales. Implicados en el tráfico de fentanilo.
“El Departamento del Tesoro en cercana colaboración con el gobierno de México, continúa aprovechando nuestras autoridades para aislar y desmantelar las operaciones y cualquier coyuntura de Los Chapitos y del Cártel de Sinaloa”, indicó Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Asuntos Terroristas e Inteligencia Financiera.
Los Chapitos, es el nombre que se le asigna a la fracción del Cártel de Sinaloa que fue comandada por El Chapo y que ahora manejan a integran sus vástagos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín y Ovidio Guzmán López.
Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro también designó como narcotraficantes significativos a tres subalternos de Los Chapitos y sancionó y a dos entidades empresariales basadas en México.
“Todos aquellos sancionados son parte de la red del Cártel de Sinaloa que supervisada por Los Chapitos y que son responsables de una porción significativa del tráfico ilícito a Estados Unidos de fentanilo y otras drogas letales”, anotó la OFAC.
Los otros tres individuos designados junto con Guzmán López son: Raymundo Pérez Uribe, Saúl Páez López y Mario Esteban Ogazón Sedano. Las empresas sancionadas son: Sumilab, S.A. de C.V., Urbanización Inmobiliaria y Construcción de Obras S.A. de C.V.
REFLEXIÓN
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