Ante el escándalo mediático y las denuncias públicas de sus adversarios, don Eric y sus secuaces borraron de inmediato todas sus publicaciones en las redes sociales, pero los representantes de la coalición opositora PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza ya contaban con capturas de pantalla, videos y fotografías que aportaron como evidencias en los expedientes presentados ante la Fiscalía y el Instituto Electoral del Edomex.
Llevaron hasta un autobús oficial del DIF municipal de El Higo, con placas 81TCK, que es para personas con discapacidad. En ese municipio de la Huasteca veracruzana gobierna desde enero de 2022 el alcalde Víctor de la Garza Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exsecretario particular de Érika Ayala Ríos, quien lleva más de 20 años como lideresa del sindicato mayoritario del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) y ha sido diputada local, senadora y dirigente estatal del PRI, la cual, pese a las denuncias de tráfico de plazas laborales y “aviadores”, ha sobrevivido políticamente a la 4T por la protección del secretario de Gobierno y del líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.
Hace apenas unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los funcionarios públicos pueden asistir a eventos proselitistas en días inhábiles, pero deben evitar desplegar una participación destacada y preponderante.
Casualmente, a propósito de la resolución de un caso en el Estado de México, el Tribunal Federal Electoral subrayó que los servidores públicos tienen un especial deber de imparcialidad, es decir, si bien gozan de derechos políticos como ciudadanos y, en su caso, como militantes de un partido político, tienen ciertas limitantes.
En otro asunto (SUP-REP-86/2023), la Sala Especializada del TEPJF emitió una sentencia en la que concluyó que la asistencia a un evento de cierre de precampaña de una candidata a la gubernatura, por parte de un servidor público que es a la vez aspirante a la Presidencia de la República, no significó ninguna infracción electoral.
Los magistrados argumentaron entonces que el funcionario no hizo ningún pronunciamiento respecto de esa elección presidencial y para ir al evento no utilizó recursos públicos. Este criterio fue confirmado por la Sala Superior del TEPJF.
Los magistrados han dicho que el día en que se realice el evento es fundamental (hábil o no hábil); si bien la investidura de servidor público es permanente (no tiene horario de inicio o término), este Tribunal sí puede determinar si se usaron recursos públicos, lo cual sí es una violación constitucional.
¿Qué necesidad de poner en riesgo la legalidad del proceso electoral y por ende el legítimo y cantado triunfo de la candidata Delfina Gómez, pues según las encuestas de Morena la maestra estaría por lo menos 20 puntos arriba de la priista Alejandra del Moral en las preferencias electorales?
¿O es que acaso la ventaja no es tal, sino menor de 5 puntos, y por eso en el Edomex no sólo están requiriendo el refuerzo de los funcionarios de otras entidades gobernadas por Morena y partidos aliados, como los veracruzanos encabezados por Eric Cisneros, sino que además han comenzado a difundir anticipadamente la gastada versión de un supuesto fraude electoral de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, el cual tendría que ser monumental dado el amplísimo margen que los líderes del partido guinda aseguran le saca la exalcaldesa de Texcoco y exsecretaria de Educación Pública a Del Moral a escasos 18 días de la elección?
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