Transparentar quienes patrocinan esas campañas de promoción
Más vale tarde que nunca, finalmente, el Instituto Nacional Electoral -el mismo que quiere desaparecer ya saben quién- ordenó esta semana a MORENA que “conmine” a militantes, posibles aspirantes y simpatizantes, se abstengan de realizar eventos para promocionar a cualquier actor político.
Aunque ese llamado ya resulta tardío, puesto que, en gran parte del territorio nacional, se encuentran las bardas, espectaculares y letreros que promueven a las llamadas corcholatas.
En la práctica y la realidad que estamos viviendo, esa “conminación” va a resultar como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no quiere, pues no va.
Por principio de cuentas, habría que transparentar quienes son los que están patrocinando esas campañas de promoción anticipadas, disfrazadas con todo tipo de mensajes.
Casualmente, en los municipios donde gobierna Morena, es en donde han aparecido esos anuncios espectaculares y pintas de bardas.
Tampoco se dijo cuál sería la sanción a que se harían merecedores quienes no respeten y cumplan con ese acuerdo.
Si nada más será una llamada de atención, o una multa.
A quien van a multar, a Morena, a los candidatos o a los que estén patrocinando y pagando esas bardas que ya aparecen por todos lados.
Por lo pronto ya el INE ordena a Claudia, Ebrard y Adán dejar de realizar eventos o giras proselitistas.
Además, MORENA debe publicar en su página de Internet y redes sociales, un extracto de la resolución.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió sobre las medidas cautelares solicitadas por un ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, del Secretario de Relaciones Exteriores y del Secretario de Gobernación, por la presunta realización de promoción personalizada con fines electorales, la probable realización de actos anticipados de precampaña y campaña, el posible uso indebido de recursos públicos con el propósito de posicionarse ante el electorado, así como la presunta difusión de informe de labores, de cara al Proceso Electoral Federal (PEF) 2024.
En las quejas se denuncian a las personas referidas ya que, a consideración de los denunciantes, han realizado diversas giras a las entidades del país en las que promocionan su imagen, se despliegan banderas, gorras, playeras, chalecos y mantas con el logotipo del partido político Morena y hacen referencia a expresiones como “cuarta transformación”, “Es Claudia”, “Con Marcelo Sí” y “Ahora es Adán”, y la difusión y distribución de propaganda en bardas, espectaculares, redes sociales, entre otros hechos.
La Comisión consideró, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta procedente el dictado de una medida cautelar bajo la modalidad de tutela preventiva, por advertirse una situación objetiva que revela la realización de posibles conductas antijurídicas cuya repetición debe evitarse, a fin de que no se violen de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben observarse en todo tiempo y con mayor razón de forma previa al inicio del proceso electoral.
Lo anterior es así porque, de un análisis contextual, se advierte que no se trata de manifestaciones, actuaciones o propaganda aislada o espontánea, sino que es resultado de una posible estrategia a nivel nacional, cuya finalidad es posicionarse frente al electorado de cara al inicio del próximo Proceso Electoral Federal, lo que puede afectar los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y neutralidad.
En consecuencia, la Comisión determinó declarar procedente la tutela preventiva solicitada y se ordena a Morena que, de inmediato, conmine a la militancia en general, simpatizantes y posibles aspirantes, se abstengan de realizar eventos en los que se promocione a cualquier actor político con miras al 2024, así como asistir y/o participar en éstos o distribuir elementos de propaganda como lonas, mantas, microperforados, calcas para vehículos, contratar publicidad en anuncios espectaculares, pintar bardas con frases alusivas a los denunciados, o a cualquier otra persona que manifieste aspiraciones de participar en una candidatura a algún puesto de elección popular, así como de la realización de cualquier acto que pudiera afectar el principio de equidad del próximo Proceso Electoral Federal.
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