Entre tantos elementos que contiene el caso de la ya célebre jueza Angélica Sánchez Hernández, destaco y pongo por delante su valentía.

Es digna de admiración en grado superlativo –y debe ser ejemplo a seguir– porque no ha tenido miedo a enfrentarse al gobierno más represor que ha habido en la historia del estado ni a decir la verdad, lo que ha desnudado y descarnado en toda su crudeza la putrefacción en la que han caído los órganos procuradores e impartidores de justicia en Veracruz: la Fiscalía General del Estado, brazo ejecutor del Poder Ejecutivo (aunque supuestamente es autónoma), y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) (por fortuna hace ya un buen tiempo que le quitaron la H. de Honorables que le antecedía al nombre), o sea el Poder Judicial.

Apenas el primer día de este mes, en la columna “La amistad, por encima de la división de Poderes”, publiqué una fotografía en la que se ven muy sonrientes, bajo una carpa durante el festejo por el cumpleaños de una magistrada, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la presidenta del TSJ, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Aurelia Jiménez. La imagen refleja una cercana amistad (incluso, si se quiere, una subordinación de ella a él), totalmente ajena a una sana cuanto prudente distancia, obligada y necesaria para evitar cualquier conflicto de interés entre los titulares de dos de los tres Poderes del Estado.

Pero si ese ya de por sí es un cóctel muy tóxico y peligroso para la salud del Estado de derecho en Veracruz, habría que agregarle un ingrediente más que lo hace altamente amenazante para la seguridad y la integridad de todos los veracruzanos que no ejercen el poder: la subordinación de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, lo mismo al gobernador, quien cada vez que puede la sustituye y asume su papel, que al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien la utiliza para reprimir a cualquier ciudadano u opositor político que les estorba o resulta incómodo para sus intereses personales.

La historia es ya muy conocida porque ha estado en los medios, primero locales, luego del estado, enseguida del país hasta escalar a la prensa extranjera y en las redes sociales, que es decir en todo el mundo. La resumo para quien no tiene muy claro el contexto: acatando un amparo, esto es, conforme a Derecho, la jueza, con 25 años dentro de la judicatura, liberó a un hombre acusado de dos asesinatos. Esto motivó que –se supone que por órdenes del gobernador, por todo lo que ha dicho– la presidenta del TSJ ordenara su aprehensión –que realizaron policías al estilo de la delincuencia organizada– y su encarcelamiento, tendiéndole una trampa, poniéndole un “cuatro”, para decirlo en lenguaje popular.

Ahí empezó la valentía de la jueza Sánchez Hernández, si bien con el decidido apoyo de su familia, de sus hermanos de religión, no católicos, de muchos de sus compañeros de la judicatura, de la prensa independiente y, al final de la cadena, de la opinión pública. En lugar de agachar la cabeza, de mostrarse sumisa y temerosa a todo el poder del Estado, de quedarse callada, como buena jueza que seguramente es, inició su propia defensa denunciando todos los atropellos y abusos de los que fue objeto para que se inculpara o la trataran de inculpar. No se dobló en ningún momento, aunque, como es fácil entender, hizo público su temor a que atentaran contra su integridad física.

Esta vez los del gobierno no solo pisaron un callo sino también un vidrio, grueso, puntiagudo, filoso, como el de una botella de licor que tiene que guardar y proteger su contenido en la oscuridad. Y se les clavó en el pie, hasta lo más hondo, que los ha dejado sangrantes al grado que el caso ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que asociaciones de juezas, jueces, magistrados, el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Asociación Internacional de Mujeres juezas solicitaron que dicte medidas cautelares en forma urgente a favor de la jueza veracruzana.

Reconfirma: torturan, siembran pruebas, fabrican delitos…

Lo que ha revelado la jueza, mujer de leyes, impartidora de justicia, es como para ponerle los pelos de punta a cualquiera, porque lo que ha estado viviendo ella lo podemos vivir, sufrir, todos.

Aurelia Jiménez, la presidenta del Tribunal, la citó a su oficina. Apenas estaba saliendo de su casa en Xalapa cuando, en forma hamponesca y al estilo de la delincuencia organizada, policías le atravesaron sus patrullas y la bajaron a jalones, con violencia. Como no tenían orden de aprehensión intentaron simular que la habían detenido en flagrancia agrediéndolos, y entonces procedieron a fabricarle pruebas en su contra. Ya en el cuartel San José la obligaron a que disparara una pistola, que luego pusieron en su bolsa junto con sobres con polvo blanco, presumiblemente cocaína. En su celda intentaron hacerle la prueba del rodizonato de sodio para probar que tenía pólvora en las manos y les había disparado. Sufrió tortura física y psicológica, así como violencia moral.

Pero dijo más, de mucha gravedad. Como la carpeta de investigación del caso por el que la acusaron, que realizó la Fiscalía General del Estado, estaba plagada de irregularidades y procedía la liberación del acusado, la presidenta del Tribunal, Aurelia Jiménez, la amenazó para que fabricara pruebas, a lo que se negó. Su alegato de defensa fue que a los cuerpos de las personas a las que presuntamente había asesinado el detenido no se les había practicado la cirugía de ley que revelaría la causa de la muerte. “En un asunto de homicidio, si no hay necropsia no hay homicidio”. Tan sencillo como eso.

Mencionó que jueces del estado constantemente son amedrentados para resolver casos en perjuicio o beneficio de los imputados a conveniencia del gobierno cuitlahuista y que los amenazan con despedirlos si no acatan las indicaciones.

El testimonio de la jueza reconfirma lo que prácticamente todos los veracruzanos saben: que hay muchos inocentes en la cárcel, a los que torturaron física o psicológicamente y les fabricaron pruebas para inculparlos, pero a los que no les ha podido probar ningún delito, y pese a que los ha amparado la justicia federal no los liberan porque les fabrican nuevos delitos.

El Gobernador asume el papel de fiscal

El lunes 5 de junio, luego de la acción policiaca, sus familiares dieron a la juez por desaparecida y por algunas horas no supieron de su paradero hasta que fue el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, asumiendo el papel de fiscal, confirmó que había sido detenida, pero sin mencionar un delito concreto y menos presentar pruebas que la inculparan de algo.

Habló de “sospechas”, de “indicios”, se atrevió a decir que “la jueza no es alguien que haya cometido delito alguno hasta que se le compruebe lo contrario”, que era “muy importante descubrir estas redes de complicidades que se llegan a dar por presuntos actos de corrupción” y por eso exhortó a Aurelia Jiménez “a que indaguen estas circunstancias que hacen sospechar de una presunta corrupción de la jueza”. Al final, la Fiscalía no pudo acreditar el delito de agresión a la autoridad que le imputaban y la tuvieron que dejar libre. “Me torturaron”, fueron las primeras palabras que pronunció.

El atropello causó indignación entre jueces y magistrados, quienes se solidarizaron con su compañera, pero además porque el día 8 el gobernador dijo en declaraciones que podría haber más detenciones de jueces si se comprueba que han realizado actos de corrupción.

Un día después, el gobernador fue cuestionado nuevamente, ahora sobre las acusaciones de tortura por parte de policías, a lo que respondió que no se hará ninguna investigación. “Nada, no voy a decir nada. Que lo diga el juicio. Investigación no habrá”.