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El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán, confirmó que el robo de transporte de carga en las carreteras del país registró un incremento del 10% en los primeros cuatro meses del presente año.
Lo más grave, dijo, es que este delito se ha extendido a todo el país.
“No es un problema menor; en otros años se presentaba principalmente en la zona del llamado Triángulo Rojo, que va desde la Ciudad de México hasta Veracruz, pero ahora se extendió del Bajío hacia el norte del país”.
El robo de transporte de mercancías en México -y en particular en el estado de Veracruz- ha sido un problema persistente que tiene un impacto significativo en la economía del país. Este delito se ha convertido en una amenaza constante para las empresas que dependen del transporte de bienes y genera pérdidas millonarias en la industria.
Veracruz, por su estratégica posición geográfica, como puerto marítimo y centro logístico, es objetivo frecuente para los grupos delictivos que se dedican al robo de mercancías. La infraestructura de transporte en la región, que incluye una extensa red de carreteras y conexiones ferroviarias, proporciona a las bandas criminales múltiples y variadas oportunidades para llevar a cabo sus actividades.
Los grupos criminales suelen interceptar los camiones en movimiento y obligan a los conductores a detenerse. Hay algunos que se infiltran en las terminales de carga o manipulan los sistemas de rastreo para conocer la ubicación de los envíos. También se han reportado casos de complicidad interna, donde empleados de las empresas transportistas brindan información privilegiada a los delincuentes.
El impacto económico de este tipo de delito es amplio y abarca tanto a las empresas como a los consumidores. Las empresas se ven obligadas a invertir grandes sumas de dinero en medidas de seguridad adicionales, como la contratación de escoltas armados, la instalación de sistemas de vigilancia y el uso de tecnología avanzada de rastreo. Estos costos adicionales afectan los márgenes de ganancia y, en última instancia, se trasladan a los consumidores a través de precios más altos.
Pero lo más grave (y, acaso, lo que menos se toma en cuenta) es que el robo de transporte genera interrupciones en la cadena de suministro, lo que resulta en retrasos en la entrega de productos y la pérdida de la confianza de los clientes. Las empresas pueden enfrentar penalizaciones contractuales y daños a su reputación debido a la incapacidad para cumplir con los plazos acordados. Además, algunas empresas optan por evitar ciertas áreas de riesgo o incluso abandonar el mercado, lo que limita el desarrollo económico y reduce las oportunidades de empleo en esas regiones.
El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional, en cuanto al robo de mercancías en carretera. La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) realizó una encuesta para conocer sobre la percepción de la inseguridad entre sus agremiados, y los industriales reportaron que el robo al transporte de carga el año pasado tuvo un incremento del 50.7 por ciento, respecto a 2021, por un monto estimado de 6 mil 532 millones de pesos.
Estos delitos, ocurren principalmente en el Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí.
El Estado de México está a la cabeza, con el 35 por ciento de los atracos, casi la misma cifra que presenta Puebla, mientras que Veracruz acumula el 31 por ciento de las denuncias por este delito.
Las rutas en carreteras con mayor número de robos son la México-Puebla, la México-Querétaro, Puebla-Veracruz y los accesos a la zona de Matehuala en San Luis Potosí.
Pero el impacto se extiende más allá de las empresas y los consumidores. La inseguridad y la percepción de riesgo afectan el clima de inversión, lo que puede desalentar la llegada de nuevas empresas y limitar el crecimiento económico. Además, el robo de transporte contribuye a la proliferación de actividades delictivas y la violencia en las comunidades, lo que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos.
El año pasado, el gobernador de Veracruz aseguraba que este delito no era muy importante en la entidad, pues “apenas” se habían registrado 11 casos: “no es ni siquiera uno al día”, presumía.
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Epílogo.
A pesar de la negativa del gobernador Cuitláhuac García de investigar las denuncias de la juez Angélica Sánchez Hernández, de actos de tortura y abuso de autoridad de la policía estatal, el caso deberá ser revisado. *** Namiko Matzumoto Benítez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), confirmó que familiares de la juez presentaron una queja formal. *** La queja se presentó por la presunta violación a los derechos humanos de la impartidora de justicia, detenida sin orden de aprehensión y posteriormente liberada con las reservas de Ley. *** “Se recibió una queja, ya estamos desahogando la primera etapa, es decir, ya se hizo del conocimiento a las autoridades que están siendo señaladas y se respetará su derecho de garantía de audiencia”. *** El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín califico de “hipócritas y gandallas” a los dirigentes de Morena que -dijo- “han tapizado Veracruz con pinta de bardas, espectaculares y lonas”. *** El también legislador local dijo que el INE debe investigar de dónde sale tanto dinero para ese tipo de propaganda política, y aplicar las sanciones que correspondan. *** Ramírez Marín advirtió que ese tipo de excesos le puede costar la candidatura a los aspirantes morenistas por actos anticipados de campaña: “la excesiva promoción de Claudia Sheinbaum le puede ser contraproducente porque tanta contaminación visual y derroche de recursos molestan a la población”, dijo.
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