¿Es que la más alta autoridad universitaria piensa o cree que la sociedad y sobre todo la comunidad universitaria estamos o permanecemos insensibles ante un grave problema como es el escamoteo de los recursos que le corresponden a la UV por parte del gobierno del estado?
¿Es que el señor rector piensa o cree que necesitan “sensibilizarnos” porque creemos que la demanda no es legítima?
Pero seguramente para que no se enojara con él el gobernador, su campaña la “lanzó” con música y espectáculo, con lo mejor que tiene la universidad, que sin necesidad de presentarse y actuar, por sí solos justifican todos los recursos oficiales posibles.
O sea, les reclamo, pero vean, eh, con música y no con airados reclamos, para que no les lastimen el oído; al mejor estilo cuchi cuchi.
¿Se justifica su tibieza?
Él mismo dio los argumentos, más que suficientes, como para que ya hubiera habido una protesta airada, un reclamo enérgico que llevara incluso a parar las actividades hasta que no se resolviera el problema en forma satisfactoria para los intereses de la comunidad universitaria.
Qué dijo: “… compartió que desde el 2017, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó que la UV tendría el 4% del presupuesto total otorgado al gobierno estatal y el cual le sería entregado gradualmente: comenzaría en el 2018 con el 3% para llegar al 4 en el 2024.
Sin embargo, desde la aprobación de la reforma al Artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz no se ha cumplido, por lo que el pasado 28 de agosto el Consejo Universitario General aprobó un plan de acción que incluye dos medidas: ratificar el diálogo y las negociaciones con el gobierno estatal y desarrollar una campaña pública de sensibilización sobre la legítima demanda de asignación del 4% del presupuesto”.
El 15 de noviembre de 2022 el propio rector, ante consejeros universitarios de la región Orizaba-Córdoba calificó de “inconstitucional” el recorte. Se informó entonces que el 7 de octubre de 2022 la UV había entregado a la Secretaría de Finanzas un presupuesto por un monto de 8,569 millones 392 mil pesos. Al final solo le autorizaron 5,844.4 millones de pesos, incluso 40 millones de pesos menos que en 2022.
La exrectora Sara Ladrón de Guevara enseñó lo que se debe hacer
La exrectora –es necesario decirlo– Sara Ladrón de Guevara hubiera emprendido una lucha decidida y frontal en defensa de los intereses de la UV y nos hubiera hecho salir a las calles para hacernos escuchar, como lo hizo el 1o de marzo de 2016.
Entonces salimos a protestar más de 50 mil universitarios entre estudiantes, académicos, trabajadores, artistas, pensionados y jubilados y líderes de sindicatos contra algo parecido a lo que sucede ahora: el gobierno de Javier Duarte no le quería dar a la casa de estudios 2 mil 300 millones que le debía más 400 millones de pesos de recursos federales que retenía.
En esa marcha nos acompañaron trabajadores de la Escuela Normal Veracruzana, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional. El 27 de mayo de ese año tuvo lugar otra marcha.
Sara no buscó entonces sensibilizarnos para un problema que vivíamos en forma directa y no anduvo con titubeos.
Martín Aguilar dejó perder recursos este año
Lo cierto es que el rector Aguilar Sánchez no reclamó como debía lo que le correspondía a la universidad este año pasado ni nos convocó a movilizarnos para exigir respeto a la UV.
Es penoso decirlo pero tiene miedo a reclamar porque los gobernantes son de su partido, Morena, de lo que ya dio muestras cuando se deslindó de investigadores de la universidad en la zona corte que documentaron cómo el gasoducto “Puerta al Sureste” va a dañar los sistemas arrecifales localizados frente a nuestras costas. O bien quiso quedar bien con López Obrador y con Rocío Nahle porque ese gasoducto llevará gas a la refinería de Dos Bocas. Antepone, así, sus intereses personales, partidistas, ideológicos, a los de la Universidad Veracruzana.
Deja que le quiten su dinero a la UV para que lo destinen al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas, que son barriles de dinero sin fondo.
Eso explica su tibieza, y ante la confección del Presupuesto de Egresos 2024 que prepara el gobierno del estado, el último de su gestión, quiere que le reconozcan lo que dejó perder este año, con el riesgo de que si llega al gobierno Rocío Nahle se haga la occisa y mantenga el recorte.
En todo caso, el rector a los que debió haber tratado de sensibilizar fue al gobernador, al secretario de Finanzas José Luis Lima Franco y al presidente de la Jucopo del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, quienes harán y cocinarán el tamal presupuestario.
Lo que verdaderamente me sorprende, y lo digo con todo respeto para mis compañeros de la comunidad universitaria (muchos son queridísimos amigos míos, de años), es cómo Martín Aguilar les hace creer que actuando, tocando y haciendo performances en la Casa del Lago van a lograr que le devuelvan y le den a la UV lo que le corresponde.
Lo que por derecho le corresponde a la universidad se reclama y se exige, sin tibiezas, y no con campañitas de “sensibilización”.
La caída de Joana Marlen
Múltiples versiones desató el sorpresivo cese de Joana Marlen Bautista Flores, quien hasta ayer fue la poderosa directora general de Administración del Consejo de la Judicatura (Poder Judicial). Lo que más se dijo es que la echaron por actos de corrupción.
Estaba considerada como un poder detrás del trono por el manejo que tenía de los recursos y porque había llegado al cargo y era sostenida por el también poderoso subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero Pérez.
La versión que un funcionario de alto nivel del gobierno dio al columnista es que luego de que se había distanciado de Eleazar, y que mantenía muy mala relación con el presidente de la Jucopo del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, terminó aliándose con el secretario de Gobierno Eric Cisneros, lo que la llevó a la desgracia.
Su caída ya estaba cantada desde antes cuando, según mi fuente, le enviaron auditores a practicarle una auditoría y ella reaccionó desatando la versión de que “presuntos gestores” (del Congreso) estaban realizando reuniones con autoridades municipales para dar “soluciones mágicas” a las solventaciones de sus cuentas públicas.
Su cese, entonces, habría sido concertado entre Eleazar y Juan Javier, por aliarse con Cisneros, al que acusan de traicionar a Rocío Nahle.
Pero también la acusan de que sintiéndose poderosa provocó muchos conflictos internos y quería destituir a personal de la judicatura. Se le agrega que recientemente había sufrido el reproche de la presidenta del Tribunal, Aurelia Jiménez, de que cuando se acercan los compromisos de fin de año no hay recursos para hacerles frente.
Le señalan que, igual, que se manejó con mucha opacidad y hasta ahora no se sabe cuánto manejaba y cómo.
Ella dio un buen pretexto para que la cesaran, cuando el lunes acudió al acto de registro de Rocío Nahle, ya que el gobernador habia pedido a los funcionarios que no lo hicieran. Pero ese sería solo un pretexto. |
