Como si no tuviera ya suficiente con la campaña que sus propios correligionarios le han desatado por no ser nativa de Veracruz y por haber dejado sin concluir al cien por ciento la refinería de Dos Bocas –uno de los cuatro megaproyectos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que está costando casi el triple de la inversión original que se presupuestó en diciembre de 2018–, Rocío Nahle se está haciendo el harakiri al reunirse con empresarios y políticos desacreditados de las principales regiones de la entidad, varios de los cuales recibieron cargos, concesiones y sospechosos contratos millonarios de los gobiernos estatales y federales del PRI y PAN.

La semana pasada, en una reunión de Nahle en la ciudad de Córdoba, apareció el exdiputado local y federal del PRI por Zongolica, Tomás López Landero, un millonario chatarrero que en julio de 2020 resultó implicado en una denuncia que la senadora Xóchitl Gálvez, ahora virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), presentó ante la Secretaría de la Función Pública por la presunta venta irregular de 49 mil toneladas de acero del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que el expresidente Enrique Peña Nieto construía en Texcoco y que fue cancelado al inicio del régimen obradorista.

Gálvez señaló que esta licitación apestaba a corrupción. La panista dijo que al resultar ganador Grupo Gilbert Estructuras en Acero –entonces proveedor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)–, pese a no haber entregado el documento de “ausencia de conflicto de interés”, se puede llegar a la conclusión de que “compró acero de segunda para venderlo como acero de primera”.

“Huele mal, más bien diría yo: apesta; fue increíble cómo casi de manera unánime todas las empresas, no porque perdieron, creo que aquí fue muy interesante, reclamaron que había un tema de corrupción, ¿por qué? Porque la empresa ganadora pues no entregó un documento que era clave para la licitación, que es el que no tiene conflictos de interés”, comentó.

“¿Y por qué no entregó este documento? Pues porque sí tiene un conflicto de interés, porque es una empresa que está trabajando en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, se puede pensar que va a comprar un acero de segunda para venderlo como un acero de primera; o sea, sí suena raro, suena mal, entonces esta empresa debió haber sido descalificada; además, no ofreció el mejor precio para el gobierno”, abundó.

La legisladora refirió que, según el acta de presentación y apertura de propuestas, otra empresa, Habilitadora De Metales Monte Salas SA de CV, sí presentó toda la documentación requerida y ofreció un precio de 4 mil 179 pesos, más alto que el de Grupo Gilbert que trató de comprar el acero a 4 mil 30 pesos la tonelada –para un total de más de 197 millones de pesos–, cifra por debajo del costo internacional, a través de la Licitación LPN-GACM-EB-01/2020, la cual fue impugnada por más de una decena de representantes de las demás empresas concursantes, que consideraron que hubo evidentes actos de corrupción que presumen los nexos de autoridades para favorecer al grupo de López Landero, lo que motivó la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La investigación alcanzó a Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), por desechar la propuesta de Monte Salas al “encontrar discrepancia” en la emisión del documento del cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La indagatoria del OIC apuntó hacia una posible manipulación por parte de la empresa estatal a cargo de Ferrando del proceso de venta del metal para favorecer al grupo del empresario veracruzano conocido como el “Rey de la Chatarra”.

Con base en los criterios preliminares del órgano de fiscalización, dicha acción violentaba los principios rectores del acuerdo gubernamental denominado “Razones para la cancelación del Proyecto Texcoco”.

Finalmente, el contrato asignado a Grupo Gilbert, de López Landero, fue suspendido porque el proceso resultó cuestionado, luego de no haber entregado en sobre cerrado como se establecía en la convocatoria, su declaración de ausencia de conflicto de interés, lo que motivó incluso descalificaciones, insultos y amenazas por parte de los otros participantes.

De estos hechos incluso hubo videos que fueron virales en las redes sociales y en los que se escucha a un representante legal de una de las empresas gritar “¡esto es una farsa!”.

Y es que, en su propia página de internet, la empresa Grupo Gilbert Estructuras en Acero S.A de C.V. publicó que era proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la estructura de acero del aeropuerto de Santa Lucía, por lo que los representantes de los otros 12 licitantes manifestaron su desacuerdo en el acta del fallo con mensajes con pluma de: “bajo protesta de inconformidad” y “bajo protesta con actos de corrupción porque la empresa ganadora incumplió con la carta de interés”.

En medio de los cuestionamientos, todavía Ferrando Bravo defendió ante medios de comunicación la legalidad de dicha licitación, que representaba el último capítulo del cierre del cancelado aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, el 7 de agosto de 2020, en la bitácora de obra quedó registrado que se llevó a cabo la notificación de la suspensión del proceso.

“Se notifica al comprador la suspensión temporal de los trabajos motivo del contrato 001-LPN-GACM-EB-01/2020, hasta que el órgano interno de control determine la continuidad de los trabajos”, indicaba el documento.

Ese mismo año, en julio de 2020, también trascendió que López Landero se había amparado temeroso de ser implicado en el proceso penal iniciado en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, actualmente en prisión. Y es que, como diputado federal por el distrito de Zongolica, el empresario, que, en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto había hecho grandes negocios con la compra de chatarra a Pemex, avaló las actas como integrante de la Comisión Legislativa de Casos de Corrupción que la Auditoría Superior de la Federación había detectado en la empresa petrolera estatal durante el periodo 2006-2015, sin que hubiera consecuencias sobre el daño patrimonial ocasionado a la Nación.