Contra los buenos deseos del presidente López Obrador, quien este martes celebró que se haya resuelto la crisis política en Nuevo León, luego de que el Congreso local avaló el retorno de Samuel García a la gubernatura, lo cierto es que en esta importante entidad norteña que gobierna –es un decir– el fallido precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, la situación tiende a agravarse conforme avance el reloj electoral.

“Ayer (lunes) ya resolvieron lo de Nuevo León. Y no fue la Corte (la Suprema Corte de Justicia de la Nación), fue el Congreso (del estado). Ya se resolvió, qué bien que ya hay un acuerdo”, declaró hace un par de días el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, quien criticó que en diversos medios informativos se dio mucha propaganda en contra del gobernador emecista, en la que se hablaba de inestabilidad en el estado, lo que, advirtió, ahuyentaría la inversión.

AMLO confió en que todo vuelva a la normalidad y reiteró que mantendrá su buena relación con el gobernador neoleonés, con quien –según anunció– se reunirá el próximo sábado 16 para inaugurar la presa El Cuchillo. “Vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León. Es pura politiquería y billullos, y nada más escandalizan y alteran a la gente”, acusó el jefe del Ejecutivo federal.

Al preguntársele si la Suprema Corte podría sancionar a Samuel García por usurpación de funciones, López Obrador consideró que no se llegaría a tanto.

“Sí estuvo ahí en vela el ministro (Javier) Laynez, en la noche ahí esperando (hace unos días para recibir el caso). Eso no se había visto, estaba de guardia. Son mis vecinos y yo veía todo iluminado a las 11 de la noche, que siempre está oscuro, pero no, ahí estaban, trabajan extra para resolver esos asuntos”, ironizó.

En efecto, al día siguiente, García Sepúlveda recibió un nuevo fallo contrario por parte de la Suprema Corte, la cual desechó una controversia constitucional que había interpuesto en torno al juicio político que le abrió el Congreso estatal en enero pasado, y que se encuentra suspendido gracias a un juez de amparo.

El gobernador impugnó una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que invalidó otra decisión del Tribunal de Justicia Administrativa que le beneficiaba. Por ello promovió ante la SCJN la controversia constitucional 483/2023, denunciando una presunta invasión de competencias entre ambos tribunales.

Sin embargo, el ministro Javier Laynez Potisek –quien este martes suspendió en su totalidad la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que suman 15 mil 800 millones de pesos, al admitir a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición a la medida impulsada por el presidente López Obrador–, señaló que no hay base constitucional para sostener la controversia presentada por Samuel García.

“Lo anterior deja ver con claridad que el estudio que propone la parte accionante tiene que ver exclusivamente con la legalidad de la resolución impugnada, pues no pretende combatir una invasión de competencias entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa o de algún acto vinculado directamente con la denuncia de juicio político que dio origen a los pronunciamientos combatidos, sino que se duele de que el Poder Judicial de la entidad emitió una decisión en que invalidó una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que le resultaba ‘favorable’”, consigna el acuerdo publicado por el ministro.

Este juicio político en contra del gobernador neoleonés se encuentra detenido gracias a una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo, en marzo pasado.
Apenas el viernes, también el ministro Laynez Potisek había emitido otro acuerdo contrario a las intenciones del mandatario de Movimiento Ciudadano, al determinar que el ex vicefiscal, Luis Enrique Orozco, debería ser reconocido como gobernador interino de Nuevo León.

Finalmente, este lunes, tras la renuncia de Orozco al interinato, Samuel reasumió la gubernatura. Pero horas después de hacerlo, vetó los decretos 468, 463 y 462, aprobados recientemente por los diputados del PRI y PAN, que son mayoría en el Congreso local.  

¿Deveras “ya se resolvió” la crisis política en Nuevo León como afirma el Presidente?

ABOGADA-UV: ¿ENCUBRE ACOSO?

 ¿Qué tipo de acuerdo habrá entre la abogada general de la Universidad Veracruzana (UV), Marisol Luna Leal, y el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Jerónimo Ricárdez, que desde hace varios meses fue beneficiado con un halo de protección sin precedentes en la Máxima Casa de Estudios?

Resulta que sobre este personaje pesan varias denuncias de acoso y violencia, mismas que han sido presentadas por los cauces “correctos” de la propia universidad, pero inexplicablemente las víctimas se han topado con pared, pues rectoría ha encontrado la forma de aplicarles la aburridora con los argumentos más infantiles imaginables.

El rector de la UV, Martín Aguilar, no tiene ni idea de la serie de anomalías que se cometen, las cuales van desde la asignaciones de plazas a estudiantes recién egresados que colaboran directamente con el director, interinatos de tiempo completo a sus allegados y hasta discriminación en la conformación de jurados para exámenes de oposición y de sinodales. Siempre con su grupo selecto.

Pero también hay señalamientos de acoso sexual. Para no entrar en bochornosos detalles, apuntaremos que a pesar de estar bajo proceso de acta circunstanciada por alegaciones de acoso sexual y laboral, el actual director continúa en funciones, generando malestar e incertidumbre entre los miembros de la institución.

La gravedad es que el personal, femenino en su mayoría, como afectadas han buscado alertar a las autoridades universitarias de estos asuntos, pero siempre encuentran cerrazón ante sus reclamos.

Es decir, no solo se solapan arbitrariedades laborales sino que el mensaje desde las áreas auxiliares de la Rectoría es que hay impunidad, protección y mecanismos para encubrir a personajes como Jerónimo Ricárdez. De sororidad ya mejor no hablamos.