El lunes pasado, en este espacio, comentamos acerca de la serie de tres capítulos publicada por Código Magenta, titulada “Los teléfonos de Sergio Carmona”, la cual está basada en los archivos de los teléfonos celulares del empresario tamaulipeco que, en las elecciones federales y locales de 2021, meses antes de que en noviembre de ese año fuera asesinado en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, financió por 500 millones de pesos campañas de algunos candidatos de Morena.

Referíamos, además, que el medio digital regiomontano, que dirige el experimentado periodista Ramón Alberto Garza García, tiene en su poder comunicaciones, documentos bancarios, contratos, conversaciones de WhatsApp, videos e imágenes que se cruzan con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bitácoras de vuelo e información de las autoridades de inteligencia de México y de Estados Unidos para exhibir los vínculos de la élite política de la 4T con quien fuera el empresario más importante de la importación ilegal de combustible en México, negocio ilícito que según testimonio de su hermano Julio Carmona, ex administrador de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas, le generaba ganancias por 360 millones de pesos al año, cifra que Código Magenta, con base en reportes de inteligencia del gobierno de EU, asegura que está subestimada por mucho, ya que el tamaño de la industria de trasiego de combustible es significativamente mayor: un negocio de alrededor de 4 mil 200 millones de dólares anuales, cuya magnitud explica por qué Sergio Carmona se convirtió en uno de los operadores financieros más relevantes de las estructuras electorales del obradorismo.

La publicación reseña que Julio Carmona, quien huyó a EU inmediatamente después del asesinato de su hermano y se reunió con funcionarios del aparato de inteligencia y de justicia norteamericano, declaró en su primera entrevista con agentes estadounidenses que el gran negocio estaba en la evasión de impuestos: una red de importadores con permisos especiales otorgados por la Secretaría de Energía, a cargo entonces de Rocío Nahle, que se dedica al tráfico de combustible. En los documentos oficiales, declaran la mercancía transportada como aceites y omiten el pago de una cuota fija por litro de gasolina establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El medio digital señala, además, que la Secretaría de Energía, que durante cinco años encabezó Nahle, facilitó el crecimiento de esta industria, al congelar los permisos de importación de combustible en México y asignarlos únicamente a figuras con conexiones políticas. Actualmente, según precisa Código Magenta, sólo existen ocho permisos vigentes de importación de gasolina en el país.

Ayer, el columnista de El Universal, Salvador García Soto, en un texto titulado “Washington le pone el ojo a la elección mexicana”, comenta que aunque están inmersos en su propia elección presidencial, y hay cierta alarma en la Casa Blanca y en el establishment estadounidense por el imparable ascenso de Trump hacia la candidatura republicana, la administración de Joe Biden y las élites políticas de Washington también se dan tiempo para voltear a ver lo que está sucediendo en los comicios por la presidencia de México. “De entrada hay preocupación por la amenaza que representa la intervención del crimen organizado en las elecciones mexicanas y, sobre todo, causa inquietud en los círculos políticos de la Unión Americana la inestabilidad que pudiera causar un escenario de falta de legalidad y conflictos poselectorales en su vecino del sur”, puntualiza.

García Soto señala que la visita de congresistas de Texas a México esta semana, a donde vinieron a recabar información sobre los temas migratorios y a observar el avance el proceso electoral mexicano, es un indicador del interés estratégico que despierta la sucesión mexicana al otro lado del Río Bravo.

“No hay duda de que tanto en la Casa Blanca como en el Congreso de los Estados Unidos están realizando un seguimiento puntual sobre las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso electoral mexicano y de que el tema preocupa tanto a los republicanos como a los demócratas, que ven en la estabilidad política, social y económica de México un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos”, afirma el columnista de El Universal, quien añade que, “por eso, conforme avance el calendario electoral en México y se acerque la fecha de las votaciones presidenciales y de Congreso, es muy probable que aumente el interés, pero también la presión de los sectores políticos de Washington sobre lo que sucede en su llamado ‘Patio Trasero’”.

“Tan sólo ahora, cuando aquí estamos en esa especie de limbo electoral llamado ‘intercampañas’, fuentes de agencias estadounidenses están manejando información sobre un ‘golpe inminente’ que preparan desde el FBI y el Departamento de Justicia, que impactará directamente al proceso electoral mexicano. De acuerdo con esas fuentes ubicadas en Washington, la investigación abierta desde hace varios años en los Estados Unidos sobre las actividades criminales del empresario tamaulipeco Sergio Carmona, relacionadas con la importación ilegal a México de gasolina estadounidense y sus relaciones con el narcotráfico, estarían muy avanzadas y con base en declaraciones de un testigo protegido –que se presume se trataría de su hermano Julio Carmona–, se estarían preparando acusaciones concretas en contra de políticos mexicanos pertenecientes al partido Morena.

“Se trataría, según nos dice la fuente, de ‘5 o 6 políticos de alto nivel del partido Morena que serían acusados o señalados de haber recibido financiamiento de Sergio Carmona para sus campañas, con dinero ilegal procedente del contrabando de gasolinas’. Los nombres de esos políticos morenistas, que hoy ocupan cargos importantes, se conocerían en las próximas semanas y de confirmarse la información que nos adelantan, se trataría de una acción inédita de la justicia estadounidense que impactaría a la política mexicana y a las elecciones en curso, a partir de acusaciones de violaciones a las leyes estadounidenses.

“Veremos hasta dónde llega la investigación estadounidense sobre el caso Carmona y los vínculos del asesinado empresario con el huachicol de combustible procedente de Estados Unidos y con el narcotráfico, y si las agencias del gobierno estadounidense proceden a acusar a políticos mexicanos del oficialismo, lo que sin duda sentaría un precedente y hablaría de que el interés del vecino del Norte sobre lo que pasa en México se estaría llevando a niveles que podrían incluso afectar la relación de altibajos que hasta ahora han tenido con el gobierno de López Obrador”, concluye el columnista García Soto.

¿Llegará el ‘coletazo’ hasta Veracruz?