“Solo en enero de 2024 fueron registrados 55 feminicidios y 201 homicidios dolosos hacia mujeres en México: en promedio, ocho mujeres asesinadas cada día.
En Serendipia, hacemos un recuento de estadísticas del 8 de marzo de 2024. Los datos revelan la urgente necesidad de atender la violencia dirigida hacia las mujeres y las niñas, así como la desigualdad en la ciencia, la educación y el mercado laboral.
¿Por qué se sigue marchando el 8 de marzo? Aunque el derecho de las mujeres a votar se promulgó el 17 de octubre de 1953, fue hasta el 3 de julio de 1955 que las mujeres votaron por primera vez en México. En 2024, la lucha por los derechos de las mujeres persiste.” (1)
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“La Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) tiene el objetivo de garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrolloCLAROSCUROS
La marcha por Rocío Nahle y el riesgo de trivializar nuestra democracia
integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida. La LGAMVLV define violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. (INEGI)
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¿Cuál es la importancia de la marcha realizada por cientos o miles de mujeres este martes en Xalapa, en solidaridad con Rocío Nahle García, candidata de la alianza Seguimos Haciendo Historia a la gubernatura de Veracruz?
Debiera ser la continuidad de la lucha por el derecho de ellas a no ser, una vez más, víctimas de violencia política de género, ni de ningún tipo de violencia; condición que la abanderada de MORENA/PT/PVEM acusa contra su persona, por parte de su opositor José Yunes Zorrilla.
Y es que el pasado miércoles tres de abril, el candidato de Fuerza y Corazón por Veracruz presentó una denuncia contra Rocío Nahle García ante la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción -de la Fiscalía General de la República- por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los argumentos legales de Yunes Zorrilla está la presunta posesión de Rocío Nahle García, de bienes patrimoniales equivalentes a treinta y nueve años de salario; no obstante haber forjado una carrera como funcionaria pública durante poco más de una década: en el Congreso de la Unión y en el gobierno federal actual; amén de haber laborado por un breve lapso en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y empresas privadas del sur veracruzano.
¿Es cierto lo que afirma Yunes Zorrilla contra Rocío Nahle?
Eso lo determinará la FGR.
¿Rocío Nahle García es víctima de violencia política tras haber sido denunciada por presuntos actos de corrupción?
Eso lo determinaría la Fiscalía de Veracruz, en el caso de Rocío Nahle García presentase la denuncia respectiva; lo que -advirtió- podría realizar tras autodefinirse como víctima de un daño moral y afectación a sus derechos políticos.
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Este martes, por lo pronto, las mujeres que marcharon en solidaridad con Rocío Nahle acudieron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para protestar por la violencia política contra su candidata.
Pero ¿Cuál violencia política de género?
¿En qué pruebas se sustenta esa afirmación?
¿Denunciar presuntos actos de corrupción lacera los derechos políticos de una persona, un ciudadano, hombre o mujer?
¿No se incurre, en realidad, en una falsa autodefensa?
Retomo, del argumento (2), la definición de violencia contra las mujeres:
“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.
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Aclaremos, puntualicemos: lo que hagan Rocío Nahle García y José Yunes Zorrilla en el ámbito público nos interesa a todos porque ambos desean gobernarnos.
Frente al sentir de mujeres marchistas respecto a la supuesta victimización de Rocío Nahle, cada ciudadano o lector tendrá su interpretación.
Ayer mismo se pronunciaron grupos de abogados y abogadas en Xalapa, para quienes el haber sido acusada, denunciada por corrupción “no implica menoscabo en su calidad de mujer”.
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El lunes pasado, la doctora Mónica Mendoza Madrigal, activista, estudiosa y especialista en la lucha feminista, escribió en su columna: “LaAgendaDeLasMujeres”
“Los peligros de la trivialización
El proceso electoral del 2021 fue el primero al que fuimos con el nuevo blindaje electoral denominado violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, su nombre es largo, pero es necesario mencionarlo completo para entender justamente de qué se trata.
Es la tipificación de una serie de conductas –22 para mayor exactitud– tan viejas como anquilosadas dentro de las formas de hacer política en este país. Prácticas todas ellas comunes entre todos los partidos para dificultar el acceso de las mujeres a las candidaturas y ya con ellas, hacerles difíciles las contiendas para evitar a toda costa su triunfo electoral. Expulsar a las mujeres del espacio público y contribuir a nuestra despolitización, para decirlo simple y llano.
Tuvieron que pasar varios años sorteando obstáculos del más alto nivel de la curia política de este país, para que gracias a un extraordinario esfuerzo de negociación política empujado por organizaciones feministas, académicas, funcionarias, mujeres políticas y legisladoras, con la alianza de algunos hombres y la presión de los organismos internacionales que no cejaron en el empeño por empujar estas modificaciones de ley necesarias, se lograra hacer realidad la reforma a ocho ordenamientos legales que hicieron realidad al fin la incorporación de esta nueva modalidad de violencia cometida en contra de las mujeres políticas –candidatas y funcionarias– por el hecho de ser mujeres.
Las colectivas nos multiplicamos por mil para hacer acompañamiento jurídico a las compañeras contendientes que no sabían cómo hacer valer este nuevo recurso, y las instituciones electorales se metieron de lleno a buscar sociabilizar de la mejor forma posible un procedimiento que –hay que decirlo– sigue sin estar fácil de acceder para las mujeres víctimas.
Lo sé bien, porque fui parte de ese enorme esfuerzo multiplicador por doble vía: como funcionaria y como activista.
Acompañar a las víctimas es complejo. Y de violencia política lo es más, porque además no todos los y las abogadas le entendían a un tema que tiene toda una serie de procedimientos específicos que deben realizarse con vencimiento de término para poder estar en posibilidad de hacer valer los derechos políticos y electorales en riesgo.
Con todo y eso, el proceso de 2021 fue demoledor. Hubo 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, de quienes 36 ejercían una candidatura (Integralia, 2021), 21 de las cuales eran mujeres las víctimas.
De entonces a la fecha han pasado tres años y hemos logrado avanzar en la claridad que tienen las mujeres de que hay un instrumento legal que las protege para defenderse y en la incorporación de algunos instrumentos legales adicionales que brindan una protección más amplia en esta materia específica, como lo es el registro nacional de personas sancionadas en materia de VPGM.”
“…Y en medio de todo eso, ¿a la candidata a la gubernatura de Veracruz de la coalición por Morena-PT-PVEM le parece buena idea convocar a una manifestación de apoyo a ella misma para asumirse víctima de violencia política por los señalamientos de presunto enriquecimiento inexplicable que se han hecho en su contra? Es tan absurdo, que resulta ofensivo. Sobre todo, porque a quienes se convoca, según ha trascendido, es a mujeres trabajadoras del ámbito gubernamental. Sí, ellas con las que llenan mítines, pero a las que han dejado solas ante los severos casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral con que, a ellas sí, se las violenta una y otra vez en sus entornos de trabajo.
Esta trivialización es irresponsable porque acude a un recurso legal diseñado para proteger a las víctimas, ésas a las que, por cierto, los partidos dejan solas y buscan el apoyo sonoro de activistas, que con precariedad y todo, acompañamos para hacer valer lo que por derecho les corresponde.
Ojalá y se convoque a más manifestaciones, pero para acompañar a las mujeres a las que la política estatal ha abandonado. Ahí sí, marchamos todas.”
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La impronta del feminismo en el devenir político de México es reciente e insuficiente; lo mismo que nuestra democracia…
Retomo la idea profunda de Mónica Mendoza: resulta muy riesgoso, para nuestro camino y patrimonio político, trivializar la democracia…
(1) Estadísticas 8 de marzo 2024: ¿Por qué marchan las mujeres? (serendipia.digital) |
