Y es que, para empezar, el mitin debió contar con los permisos municipales correspondientes que, por supuesto, el Gobierno del Estado también debió validar. Pero hasta ahora no han mostrado ningún permiso, en los que debiera constar el nombre de las empresas contratadas que proveyeron equipo de sonido, tarimas, pantallas, vallas, etcétera.
Según se ha difundido en las redes sociales, la omisión se debería a que supuestamente una empresa encargada de instalar los templetes y luminarias para los eventos de Movimiento Ciudadano es IKA Logística, de Alexander Bremen Sheinbaum, versión que funcionarios del gobierno neoleonés y directivos del partido naranja desmintieron. El alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, dijo a Latinus que la empresa que se encargó de montar el escenario “se llama Proaudio”, misma versión que el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, dio en la entrevista que concedió al diario Milenio.
Pero, lo grave es que el gobierno estatal fue alertado a tiempo de la alta probabilidad de fuertes vientos. La primera alerta la recibió a las 8:00 de la mañana del 22 de mayo y una segunda a las 6 de la tarde del mismo miércoles.
Si el Ayuntamiento de San Pedro Garza García les informó oportunamente a los equipos de los candidatos, ¿por qué éstos no cancelaron el evento?
Además, inexplicablemente y de manera unilateral, el gobernador Samuel García asumió toda la responsabilidad y anunció becas escolares para hijos de víctimas, pago de gastos funerarios, y de indemnización de 400 mil pesos por persona fallecida. Pero el mandatario naranja no explicó bajo qué tabulador ni con base en qué convenio reparatorio y con qué interés jurídico legítimo participa el Gobierno del Estado.
“¿Bajo qué criterio se excluyó, si lo hay, a Movimiento Ciudadano y los proveedores de asumir la responsabilidad de correr con gastos e indemnizaciones a deudos y lesionados en el convenio reparatorio? ¿Dónde se puede revisar ese convenio reparatorio y qué autoridad dio fe?”, le cuestionan en las redes sociales
También reprochan que a todas las víctimas se les dio atención en hospitales del IMSS y que, en cambio, Álvarez Máynez, que salió ileso, fue trasladado al hospital privado San José.
Y critican: “Al candidato que vimos correr primero sin detenerse a auxiliar a nadie más –un reflejo natural humano pero que deja en evidencia la ausencia de la capacidad de liderazgo–, ahora lo vemos lleno de arrogancia, retomando su campaña para fomentar el odio y la división para ocultar su responsabilidad, la de su partido, la de las autoridades en Nuevo León y las de proveedores en la trágica pérdida de la vida de nueve personas.”
LAS REUNIONES
DEL ‘REY MIDAS’
La semana pasada se observó un movimiento inusual en las instalaciones de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), en el puerto de Veracruz, donde despacha el ex perredista Sergio Rodríguez Cortés, hasta donde acudieron cerca de 15 candidatos de Morena a Diputados Locales.
El auditorio de la PMA fue el punto de reunión. ¿Con qué fin?, pues ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ya que, según la versión que circula, los candidatos salían con cajas de huevo, como las que dicen que presuntamente le daba el entonces gobernador Javier Duarte al mismo Sergio Rodríguez cuando presidió al llamado “PRD rojo”.
Se habla que el ex perredista mendocino habría entregado un millón de pesos en cash a cada candidato al Congreso Local, y se dice también que el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, se enteró de esta misteriosa reunión y que envió a uno de sus colaboradores consentidos a que investigara, pero al cual le habrían negado obviamente el acceso.
Molesto por este desaire, cuentan que el líder formal del partido guinda se habría encargado de esparcir su versión sobre esta reunión. Pero nos aseguran que el equipo de los Yunes azules ya le habrían dado madruguete monitoreando el desfile de los aspirantes a congresistas; es más, se dice que ya hasta le “pusieron cola” a Sergio Rodríguez, por lo que es muy probable que en caso de que lleguen al poder lo sometan al ya conocido “vómito negro”, como ocurrió con varios ex funcionarios y prestanombres del ex gobernador Duarte de Ochoa en el gobierno yunista 2016-2018.
Y es que se da por hecho que el Clan de los Yunes ya tendría integrado un grueso expediente con todos los negocios que Rodríguez Cortés y sus cómplices han realizado desde la Procuraduría del Medio Ambiente, el Acuario y los “rellenos sanitarios” que realmente son tiraderos a cielo abierto que incumplen con las medidas sanitarias y permisos federales.
¿Será que Sergio Rodríguez corra con la misma suerte de Tito Delfín Cano, el ex alcalde panista de Tierra Blanca a quien en esta administración, en septiembre de 2022, luego de ser excarcelado mediante un amparo concedido por una juez federal, fue reaprehendido inmediatamente como presunto responsable de “delitos ambientales” de acuerdo con supuestos hechos asentados en la carpeta de investigación FGE/FEDAYCA/D.A./C.I./79/2019 integrada tres años antes en contra de quien aspiraba a la dirigencia estatal del PAN con el apoyo de los Yunes azules?
Por lo pronto, ya se vio que van a andar vigilando los pasos del llamado “Rey Midas” de la 4T veracruzana.
Recuérdese que, en octubre del año pasado, don Sergio fue exhibido en una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, luego de que empresarios agremiados a diversos organismos de la Iniciativa Privada denunciaron actos de acoso, presunta extorsión y amenazas de clausura a empresas de forma irregular por parte de la Procuraduría de Medio Ambiente a cargo del ex perredista.
Desde Palacio Nacional, el mandatario dio instrucciones a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, para que le diera seguimiento a lo expuesto por los empresarios.
Como se recordará, los agremiados a la Coparmex, de las delegaciones en Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba y Poza Rica; Canaco en Xalapa y Martínez de la Torre; AMEXME capítulo Xalapa; Canacintra Córdoba; la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz y de la asociación AMIC denunciaron acosos, amenazas de clausura y la aplicación de multas millonarias sin existir un tabulador correspondiente a los criterios establecidos en los capítulos II y III de la Ley Estatal de Protección Ambiental, justificando que las multas conforme al tamaño de la empresa y los trabajadores que en ella laboran, según señalaron en aquella ocasión los quejosos.
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