Ledesma Arronte declaró a Eirinet Gómez, corresponsal de La Jornada, que lo más grave era que todavía le faltaba a García Jiménez un año de gestión y que la cifra de desaparecidos ya rebasaba la de los gobiernos priistas de Fidel Herrera y Javier Duarte, y de Miguel Ángel Yunes Linares, de la alianza PAN-PRD.
“Una cosa es poner más presupuesto, que es algo básico qué había que hacer, pero no se pueden seguir llenando la boca diciendo que se atiende como nunca antes. Cuitláhuac García está por terminar su periodo, y el cumplimiento de la Declaratoria de Programa Emergente en materia de Desaparición de Personas no se ha cumplido, ni en un 30 por ciento”, dijo la académica de la UV.
Apoyada en información de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, con base en la información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Ledezma Arronte señaló entonces que en el quinto año del gobierno de Cuitláhuac García, la cifra de desaparecidos alcanzó 2 mil 340 personas hasta mayo de 2023, mientras que en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018) sumaron 849 las víctimas, con Javier Duarte (2010-2016) 2 mil 311, y con Fidel Herrera (2004-2010) el registro oficial fue de 266 personas desaparecidas.
Entrevistada a principios de noviembre de 2023 por la corresponsal de La Jornada –tras la protesta que durante un día y medio debieron realizar integrantes de colectivos de familia que buscan personas desaparecidas, para conseguir una audiencia con el mandatario veracruzano–, la académica señaló que las principales instituciones involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas: Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) “están rebasadas, por decir lo mínimo”.
Explicó que en la CEEAIV “el titular no ha tenido, por la forma en que llegó al puesto, la fuerza política para poder crear su equipo de trabajo, le impusieron desde la Secretaría de Gobierno (que en ese entonces encabezaba Eric Cisneros Burgos), personas sin perfil para ocupar los puestos claves al interior”.
“El personal es insuficiente, no tiene seguridad laboral (les hacen firmar contratos de tres meses), y los salarios son muy bajos. No hay dependencias en las diferentes regiones, tienen unas cuantas personas por región para atender la enorme cantidad de víctimas. Si hablamos que hay al menos, oficialmente, poco más de 7 mil personas desaparecidas, las víctimas indirectas, es decir, hijos, padres, madres, hermana”.
La promotora de derechos humanos y quien ha dado acompañamiento a familias de personas desaparecidas señaló que en cuanto al papel de la Fiscalía General del Estado, “las carpetas de investigación, alrededor de 4 mil, no están debidamente integradas y mucho menos el plan de investigación por cada carpeta, y con el ADN de los familiares. No tienen personal suficiente y, además, capacitado. Siguen las quejas de revictimización y de indolencia en el avance de las carpetas de Investigación”.
Señaló que, si bien tener un centro de Identificación es un logro importante, “sabemos que no solo es lento y muy caro, son muy pocas las identificaciones que se han logrado, entre otras cosas, porque el banco de datos genéticos no funciona aún y, además, porque la realidad es que no se atienden –no se investiga– ni se hace el análisis de todo el contexto pertinente, entre muchas otras cosas”.
Ledesma Arronte reiteró que, a un año de concluir su administración, Cuitláhuac García tiene en el olvido toda la política de Derechos Humanos que se construyó al inicio de su gobierno, “ningún programa pasa la prueba de los indicadores que se construyeron y que se supone debería estar muy ocupado y preocupado por cumplir”. Y agregó: “las familias de las personas desaparecidas merecen respuestas y acciones que ataquen el problema de raíz, no que se ‘administre’ la problemática. Ellas, tienen todo el derecho y la legitimidad para protestar, cerrar calles, tomar el Palacio (de Gobierno) y lo que sea necesario para ser escuchadas”.
A cinco meses y nueve días de que concluya el actual sexenio, la crisis de la desaparición de personas se ha agravado en el régimen del primer gobierno veracruzano de extracción morenista. En su edición de ayer jueves, el diario La Jornada publicó que según un análisis del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), de los 115 mil 147 reportes de personas desaparecidas a nivel nacional, según las cifras oficiales, cerca de 48 por ciento –¡casi la mitad!– se concentran en Veracruz y otras cuatro entidades: Jalisco y Nuevo León, gobernadas por Movimiento Ciudadano, y Tamaulipas y Estado de México, en poder de Morena.
El IMDHD detalló que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre los estados con más casos destacaba, hasta anteayer, Jalisco con 14 mil 999; Tamaulipas, 13 mil 209; Estado de México, 12 mil 625; Veracruz, 6 mil 988, y Nuevo León, 6 mil 785.
Vaya “herencia” que le va a dejar don Cuitláhuac a la “Tía Chío”, su virtual sucesora y correligionaria.
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