Por ello, la titular del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, le concedió la suspensión provisional con el pago de 10 mil 500 pesos al exalcalde de Boca del Río que en la actualidad sigue vigente, medida cautelar que adversario no surtirá efecto legal alguno si se trata de actos posteriores a su concesión; si se sorprende a la parte quejosa en delito flagrante, en términos de los párrafos quinto y sexto del artículo 16 de la Constitución Política mexicana, o si los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas a las que se reclama dicha orden de captura.
La impartidora de justicia había fijado para este miércoles 21 de agosto la audiencia donde determinaría si le otorga a Yunes Márquez la suspensión definitiva.
El Ministerio Público Federal fue notificado de los resolutivos dictados dentro del juicio de amparo 617/2024 solicitado por Yunes en contra de la emisión de la Ficha Roja y de la ejecución de órdenes de aprehensión en su contra.
Ayer, sin embargo, el ex alcalde boqueño, quien se declaró perseguido político del gobierno del morenista Cuitláhuac García, fue el primero en recibir su credencial como senador, según publicó Latinus en su corte informativo de las 16:00 horas, citando que hasta ese momento habían acudido 15 legisladores de mayoría relativa.
Pero el caso del panista veracruzano no es el único. Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial y ex dirigente nacional del PAN exiliado desde hace tres años en Estados Unidos, tampoco descartaba la posibilidad de promover un amparo contra cualquier orden de aprehensión y así estar en posibilidad de ingresar a México para presentar su constancia de senador electo, recibir su credencial de identificación y rendir protesta a finales de este mes.
Y es que, en 2022, la FGR quedó en posibilidad de solicitar la orden de captura, luego de que Anaya faltó por quinta ocasión a la audiencia que fue citado, en la que el Ministerio Público federal le imputaría la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El panista queretano fue acusado de recibir sobornos por 6.8 millones de pesos cuando era diputado federal, de parte de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, para aprobar la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Otro caso más es el del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ex militante del PAN y ahora senador plurinominal de Morena, contra el cual la Fiscalía Anticorrupción de su entidad intentó ejecutar la semana anterior la orden de aprehensión por el delito de peculado agravado por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos durante su gobierno. Corral Jurado no fue detenido ni trasladado a Chihuahua porque lo rescató el encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien argumentó que las autoridades ministeriales del estado norteño no habían solicitado, de acuerdo a la ley, la colaboración de la Fiscalía capitalina.
Este fin de semana, un juez de distrito de la CDMX le concedió a Corral una suspensión provisional. Sin embargo, trascendió que en este caso aplicaría el mismo criterio que con el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien a mediados del pasado mes de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló su candidatura a diputado federal plurinominal al establecer que ningún amparo cambiaría su situación jurídica de haber intentado evadir la justicia.
Paradójicamente Morena, partido que ahora defiende la elegibilidad de Javier Corral, impugnó en aquella ocasión la candidatura de García Cabeza de Vaca luego del aval del Instituto Nacional Electoral (INE), apelando a tres argumentos: el ex mandatario tamaulipeco tiene doble nacionalidad; no cumplía con la residencia efectiva necesaria en el país (seis meses antes de la elección), y es “prófugo de la justicia”, misma condición que le ha dado a Corral Jurado la Fiscalía Anticorrupción chihuahuense.
¿INE BATEARÁ A DANTE?
El que está por recibir un duro revés es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, pues anoche trascendió que, de acuerdo con el proyecto del INE sobre la asignación de senadurías por el principio de representación proporcional, el ex gobernador veracruzano quedaría fuera de la Cámara alta del Congreso de la Unión por cuestión de paridad de género.
Y es que el proyecto del INE propone asignarle la senaduría plurinominal a la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, quien iba en el número 4 de la lista de MC.
“En consecuencia, en virtud de que el número de lista 3 corresponde a una fórmula integrada por hombres, correspondería asignar la senaduría a la posición 4, integrada por las personas ciudadanas Amalia Dolores García Medina y María de Jesús Rodríguez Vázquez, propietaria y suplente, respectivamente”.
La decisión de paridad de género procedería en la asignación de senadurías por el principio de Representación Proporcional “en caso de licencia del cargo”, ya que Dante es suplente del ex alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, el cual decidió no asumir el escaño plurinominal sino el de primera minoría.
Al parecer, una vez más, le falló la jugada al experimentado político veracruzano.
Los que sí entrarán por la vía de la Representación Proporcional son el jalisciense José Clemente Castañeda, quien va en el número uno de la lista plurinominal y lleva de suplente al ex diputado federal papanteco y ex alcalde de Tecolutla, José Manuel del Río Virgen, y la ex perredista capitalina María Alejandra Barrales Magdaleno, registrada en el número dos de la lista de MC, cuya suplente es Carmen Julieta Macías Rábago, ex secretaria técnica del Consejo Ciudadano Nacional del partido naranja.
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