El lunes 29 de julio pasado –casi mes y medio antes de que los operadores políticos y legislativos de la 4T lo doblaran a él y al senador propietario Miguel Ángel Yunes Márquez, para que les aseguraran el voto 86 a favor que se requería para la mayoría calificada que validara la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador–, el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares salió a denunciar que la Fiscalía General del Estado (FGE), por presuntas presiones del gobernador Cuitláhuac García y de la gobernadora electa Rocío Nahle, había solicitado y obtenido de un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado –a través de David Cardeña Orta, a quien señaló de someter a los jueces– órdenes de aprehensión por diversos supuestos delitos en contra de sus hijos Miguel Ángel y Fernando, éste último ex alcalde porteño que está por rendir protesta como diputado local plurinominal a principios de noviembre próximo.

“Esta es claramente una agresión personal, no un acto de justicia, por eso en su momento pasaré las facturas; lo haré yo, nadie más”, declaró Yunes Linares, quien afirmó que “nunca me he metido con los hijos de un adversario”, lo que consideró como “una bajeza”.

“Se metieron con los míos. Aunque sea lo último que haga en la vida se los cobraré a todas y a todos los agresores, no tengan duda. Nada es para siempre, tampoco el poder”, les recordó el ex mandatario panista al gobernador de Morena en funciones y a su virtual sucesora.

“Hoy la Fiscalía y el Poder Judicial local están dedicados a perseguir opositores, no a perseguir delincuentes”, recriminó el papá Yunes, señalando que “esta fue la instrucción que les dio públicamente Rocío Nahle el pasado 17 de junio y la cumplen sin rubor, sin vergüenza alguna”.

Y detalló que “a partir de las órdenes recibidas se integró un equipo de persecución política integrado por un representante de Rocío Nahle, por el propio Cuitláhuac García, la Fiscal, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscal de Investigaciones Ministeriales, 5 fiscales más, 6 jueces, secretarios, actuarios, y 10 elementos de la Policía Ministerial”.

Pero, entre los señalamientos que hizo, llamó la atención su referencia directa a Marcela Aguilera Landeta, titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FIM), de la que dijo “fue responsabilizada” por la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns “para darle seguimiento a cada tema y lo viene haciendo violando todas las normas legales pero cumpliendo todas las normas de la abyección y la desvergüenza”.

“Aguilera encabeza al grupo de ‘queda bien’ que quieren ser ratificados y promovidos a partir de que les pongan estrellitas por la persecución política en contra nuestra”, acusó.

Sin embargo, lo grave es que Yunes Linares afirmó que a Aguilera Landeta “le asesora un individuo con apodo de pez, vinculado a la delincuencia organizada. Sé su nombre, pero no merece siquiera que lo mencione”. El ex gobernador se refería a Manuel Fernández Olivares, alias “El Pámpano”, secretario técnico de la FGE, quien en la administración yunista (2016-2018) fue muy cercano al magistrado Edel Álvarez Peña, al que sin contar con carrera judicial fue impuesto por el panista, al inicio de su bienio, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Por circunstancial coincidencia, anteayer, martes 10 de septiembre, a través de un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó como amenaza a la seguridad del país norteamericano a nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas con sede en las entidades de Jalisco y Veracruz vinculadas a una red de robo de combustible que genera decenas de millones de dólares en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En dicho informe se consigna también que, en menos de un año, autoridades de Veracruz determinaron retirar el contrato a una de estas empresas de combustible ilegal que está relacionada con la organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El Departamento del Tesoro de EU identificó como líder de esta red a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, señalado por ser un miembro de alto rango del CJNG que reporta directamente al Mencho y que forma parte de su círculo íntimo de colaboradores de confianza, al tiempo de estar involucrado en el ascenso y la consolidación del poderoso cártel del crimen organizado.

Además de dedicarse al huachicol, El Tanque se ha involucrado en el tráfico de drogas, extorsión y homicidio, al tiempo que opera en los estados de Jalisco y Veracruz.

Entre las personas sancionados para la OFAC también figura José Saúl Rodríguez Hernández, a quien se le señala como “un importante testaferro de El Tanque, ocupando diversos cargos y actuando como la cara pública de varias empresas relacionadas con el combustible en la red de El Tanque”.

Pero el informe de la OFAC refiere que dicha persona también aparece en los registros de la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz, con fecha 2 de febrero de 2016, cuando en dicha ocasión se preveía la creación de empleos a raíz de la construcción y “la instalación de una planta etanolera en Tierra Blanca” que preveía generar “durante su edificación y operación más de mil empleos”.

“Es una importante acción que impulsará la economía de la zona”, señaló en su momento la entonces diputada local del PRI, Marcela Aguilera Landeta, quien, según cita el informe del Departamento del Tesoro de EU, “habló sobre la donación de un terreno de 47 hectáreas del Predio San Blas a favor de Etanoplus, S.A. de C.V., hechos que fueron autorizados por la Legislatura”.

En los registros además fueron identificados los dirigentes de la empresa José Saúl Rodríguez Hernández e Higia Cuevas Mora. Etanoplus es una de las empresas señaladas en el reporte del Departamento del Tesoro junto con varias más.

Ya desde inicios del 2016 –hace más de ocho años– se había advertido que la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, presidida por la entonces diputada Aguilar Landeta, y la Comisión Permanente de Hacienda Municipal eran las instancias legislativas encargadas de supervisar que las instalaciones fueran usadas con el fin adecuado y que las acciones podrían revertirse.

En caso de que fuera determinado que la empresa no cumplía las obligaciones, “la autorización del Congreso local se dará por revocada sin necesidad de declaración judicial y la propiedad se revertirá al patrimonio de Tierra Blanca”, según constató la OFAC.

Mientras que en un documento con fecha de noviembre de 2016 y revisado por el medio digital Infobae México, se puede leer que a la empresa mencionada le fue revocada la donación del terreno, lo anterior debido al incumplimiento de sus deberes, por lo que el suelo volvía a ser parte del patrimonio municipal.

Aunado a ello, la empresa vinculada al CJNG fue demandada por una cifra millonaria.

“Demandar a la empresa Etanoplus S.A. de C.V. el pago de la suma de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), suma de dinero que quedó establecido como garantía para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de donación por parte de la empresa antes mencionada”, cita el medio digital.

Y es que cuando el notario público acudió al terreno donado se percató de que no había señales de que hubiera iniciado la obra referida además de que la empresa fachada no había iniciado algún trámite ante las instituciones municipales respecto a los permisos de construcción.

De igual manera, la empresa huachicolera ligada al CJNG tampoco notificó las condiciones que la habrían llevado a no iniciar las actividades de construcción, según aparece en el archivo de siete páginas consultado por Infobae México.

¿Acaso la ahora fiscal de Investigaciones Ministeriales de la FGE, oriunda de la región cuenqueña de Tierra Blanca, no sabía en su calidad de diputada local de los vínculos de esta empresa con el crimen organizado?