¿Deben seguir existiendo los partidos políticos? Si hiciéramos esta pregunta, probablemente una parte importante de los encuestados intuitivamente respondería que “no”, dada la visión peyorativa que en los últimos tiempos ha surgido alrededor del concepto.
Y los que dieran una respuesta afirmativa lo harían con poca convicción, aceptando que los partidos son una especie de mal necesario, que debemos tolerar si consideramos que la democracia es la mejor forma de gobierno conocida. Es decir, no creo que entre la mayoría de los encuestados hubiera un gran fervor hacia los partidos políticos.
Algo grave está pasando si tenemos en cuenta que sólo un cuatro por ciento de los electores está afiliado a una de estas organizaciones, cuando supuestamente los partidos son el cauce para la participación política de los ciudadanos en la democracia representativa.
Últimamente se ha generalizado la idea de que los partidos o la partidocracia son los responsables del deterioro institucional en el que vivimos, con lo que surgen partidarios de la democracia directa, en la que el ciudadano tome directamente las decisiones sin intermediarios; o incluso de lo que se ha venido en llamar la expertocracia o tecnocracia, en la que, el ciudadano, consciente de la complejidad de la vida pública, prefiere dejar las decisiones en manos de técnicos o expertos.
¿Está este rechazo a los partidos justificado o es simplemente fruto del contagio de un descrédito institucional generalizado? Para esta reflexión he recuperado un artículo de Simone Weil, escrito en 1940 y publicado después de su muerte por Albert Camus.
El punto de partida no puede ser otro que el siguiente: que los partidos existan desde hace tiempo no es un motivo para conservarlos. Solo merece la pena mantenerlos si realmente puede afirmarse que hay en ellos algo de bueno, es decir, si su presencia contribuye a mejorar la calidad de la democracia, del debate público y de las decisiones que se adoptan.
Si no hay nada de esto en los partidos, por mucho que lleven tiempo existiendo y que su nacimiento sea prácticamente coetáneo al de las democracias representativas, no habría ningún argumento para su mantenimiento, ya que la inercia no significa nada si estamos persuadidos de que el modelo debe ir continuamente perfeccionándose en una especie de proceso evolutivo.
En el momento político que vivimos, los partidos políticos como el PRI y el PAN ya no cumplen con ninguno de los objetivos democráticos que les dieron vida. No creo que exista un ciudadano mexicano en todo el territorio que quiera afiliarse a una de estas siglas tan repudiadas. Hoy solo sirven para repartirse entre unos cuantos, los miembros de los comités directivos el dinero que el gobierno les da como prerrogativas, es decir viven de eso con sueldos honerosos, y las posiciones políticas que logran son a través de las plurinominales, en las urnas no ganan una votación, lo más indignante, esas posiciones de las reparten entre los directivos y sus familiares como es el caso del PRI veracruzano cuyo presidente del CDE Adolfo Ramírez Arana “El Fofo”, se agarró una de las dos diputaciones locales plurinominales que le tocaron para entregarsela a su esposa.
¿Vale la pena seguir manteniendo estos cascarones de “partidos políticos” que jamás volveran a tener fuerza porque agotaron su capital y los votantes no los aceptan? No.
Entonces nos quedaremos sin oposición que de hecho no la hay, tampoco. La oposición saldrá cuando menos a medio sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum del interior de Morena, cuando se concreten las fracturas y surga el partido “del huamnismo” por ejemplo. Pasará como le pasó al PRI que fue la maquinaria invencible pero por la voracidad de quienes llegaron a las dirigencias nacional y estatales, se hundieron en el descrédito y la repulsa social.
Justicia, la meretriz del poder político
Desde la máxima juarista de que a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos justicia a secas, hasta la innovadora “tómbola” morenista, el sistema de justicia en México siempre ha sido la meretriz del poder político. Claro, con honrosas excepciones.
¿Acaso ya olvidaron que, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la entonces Procuraduría General de la República intentó resolver el caso de la desaparición nunca aclarada del ex diputado Manuel Muñoz Rocha, inculpando a Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, a partir de la fabricación de pruebas y la intervención de una vidente? ¿Y que los jueces lo mandaron a guardar a Almoloya por varios años?
¿Se imaginan a una vidente llamada La Paca, estrella nacional del show business para deshacerse de Carlos Salinas, haciendo el trabajo científico de la policía ministerial? Antes como ahora, fuimos el ridículo internacional.
Hoy, en lugar de La Paca tenemos a la tómbola. El propósito es el mismo: someter al Poder Judicial a los intereses políticos del Presidente y Gobernadores, ya sea para que su voluntad esté por encima de la Constitución o para materializar la venganza en contra de sus adversarios, así sean del mismo partido. Eso no ha cambiado en nada.
Pero, ¿qué es exactamente la tómbola? Es el sorteo de las plazas que serán votadas en una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 para seleccionar al 50 por ciento de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, a todos los ministros de la Suprema Corte y a todos los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El Poder Judicial se renovará en dos elecciones: la mitad, el primer domingo de junio de 2025; y la otra mitad, el primer domingo de junio de 2027. El sorteo mediante tómbola fue para decidir que plazas se eligen el año que viene y cuáles hasta 2027.
Ahora que ya sabemos cuáles plazas van a concurso, ¿Qué sigue? El Senado emitirá una convocatoria el 16 de octubre para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación el 31 de octubre con cinco personas de “reconocido prestigio jurídico” para definir a los candidatos con procesos “abiertos y transparentes” con paridad de género.
¡Ajá! Si fuera el caso, Lenia Batres jamás hubiera sido Ministro de la Corte.
En enero de 2025, los comités de cada poder enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, y de seis para cada juzgado y tribunal colegiado.
Finalmente, en febrero aprobarán los listados finales de cada poder para un total de tres candidatos de cada uno de los comités para los tribunales superiores y de dos para cada vacante de jueces y magistrados de tribunales colegiados y de circuito.
Hasta ahí todo bien. Los ministros, jueces y magistrados podrán concursar por sus propias plazas como sucede incluso en el Servicio Profesional de Carrera del gobierno federal.
El problema radica en dos filtros que ha impuesto Morena para asegurarse que todos los órganos del Poder Judicial estén bajo su control. Habrá la entrada de personajes vinculados con la oposición para legitimar el proceso, pero que en todos los órganos colegiados representarán minoría. Son ignorantes, pero no pendejos.
El primer filtro será el comité de evaluación de cinco personas de “reconocido prestigio jurídico” para definir a los candidatos. Esos comités, uno por cada poder, estarán dominados por perfiles afines a Morena. Ahí decidirán quien pasa y quién no.
El segundo filtro será la elección misma. Si algún indeseable se les llegara a colar resultado de alguna negociación, echarán a andar tooooda la maquinaria electoral para convencer a millones de simpatizantes de “votar libremente” por personajes que ni conocen ni volverán a saber en su vida.
Ese será el trabajo de gobernadores, diputados, presidentes municipales y demás estructura de Morena para movilizar a sus huestes en favor de sus candidatos a integrarse al Poder Judicial.
Aunque la elección de ministros, jueces y magistrados la organice el INE, es previsible que la participación y los resultados sean muy similares a aquéllos ridículos ejercicios de juicio a los ex presidentes o la revocación de mandato de López Obrador.
El resultado está cantado. Los ministros, jueces y magistrados impulsados por Morena ganarán por abrumadora mayoría, por porcentajes que serán la envidia de cualquier otro candidato a alcalde, diputado o gobernador.
Esa será tarea de los servidores de la nación: indicar a los beneficiarios de los programas sociales a quien deben entregar su voto.
Entonces en México tendremos en el sistema de justicia a una meretriz de lujo, coronada por un “proceso democrático” donde el pueblo decidió quien será su verdugo al momento que tenga que enfrentar la justicia.
En conclusión, ¿la tómbola fue un proceso legal? Eso está por verse debido a las fallas en el proceso legislativo –reconocidas tanto por Monreal como por Fernández Noroña- que podrían anular la reforma. Y si la reforma se anula y se repone el procedimiento, pues también todo el sainete del fin de semana en el Senado.
Pero también la tómbola estuvo llena de pifias y errores que darían lugar a que muchos de los jueces cuya plaza fue puesta a concurso promuevan amparos y el tema se vuelva a empantanar.
Esa es la razón por la que Monreal y Noroña andan tan suavecitos y conciliadores. Al tiempo diría la comentocracia veracruzana.
REFLEXIÓN
Ricardo Ahued firme: “No hay impedimento legal para asumir la titularidad de la Secretaría de Gobierno, pues cumplo con los requisitos que establece la Constitución Política del Estado de Veracruz para el cargo y cuento con licenciatura y cédula profesional”. Ricardo será lo mejor del gabinete. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
