YA HAN transcurrido treinta días, exactamente, desde que se llevó a cabo la elección judicial en México. Un proceso legal con un resultado ilegítimo, es decir, que el porcentaje de ciudadanos que acudió a las urnas no fue suficiente como para declarar válida la elección y por lo tanto debería desecharse para darle un sentido legal en una futura elección mejor organizada y fundamentada para que los mexicanos tengan la posibilidad de elegir, si es que procede, a sus jueces, magistrados y ministros de la corte. La escasa participación del doce por ciento de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, no genera legitimación, lo que resulta incongruente que un proceso de esta naturaleza que busca elegir a impartidores de la justicia, tenga que estar fuera del marco legal.

Para la mayoría de los mexicanos, la ley debe ser la ley, aplicada por personas debidamente autorizadas por los propios justiciables a fin de que todos los ciudadanos respeten los principios legales que los rigen, pero dichos impartidores de justicia deben ser legitimados por una mayoría aceptable.

El proceso judicial del primero de junio pasado tiene que ser profundamente analizado y declarar su invalidez, pues de lo contrario de nada serviría realizar una elección que, finalmente no se respetará, pues en todo caso, los funcionarios judiciales serían nombrados directamente por la autoridad ejecutiva y con aprobación del congreso federal, el cual, tendría esa facultad de aceptarlos o no, siendo ellos mismos representantes legítimos del pueblo. La ley debe ser la ley y en estricto apego a la misma, declarar inválida la elección del poder judicial y establecer lo que legalmente proceda.

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EN VERACRUZ, OTRO CASO FUERA DE LA LEY

EN LA UNIVERSIDAD Veracruzana se ha dado otro caso de falta de respeto a la ley. El rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, solicitó, ilegalmente, una prórroga de su mandato y la Junta de Gobierno, de la misma institución, se la otorgó, cuando en realidad debió proceder a la expedición de una convocatoria para elegir al nuevo rector que entrará en funciones a partir del primero de septiembre de este mismo año.

Este, sin duda, es otro caso fuera de la ley que se suma a todo lo que está pasando en el país desde aquel momento en que el ex presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, decidió que a él no le vinieran con que la ley es la ley.

Así es como se viene tejiendo, poco a poco, el exceso de autoridad que termina, finalmente en darle paso a un estado autoritario donde la ley no es la ley y consecuentemente nada ni nadie se ajuste a un marco de derecho que rija la conducta de la sociedad y de la propia existencia del Estado.

La ley debe ser la ley y en ese sentido, también, en la Universidad Veracruzana, debe echarse marcha atrás, antes de enfrentar un posible caos académico estudiantil en la propia institución educativa.

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POZOS CASTRO, ¿EL COLMILLO POLÍTICO?

AUNQUE LA GOBERNADORA del Estado, Norma Rocío Nahle García, no lo ha destacado, se sabe bien que aparte del apoyo que tiene en la secretaría de gobierno, a cargo de Ricardo Ahued, también en la subsecretaría está la experiencia y el colmillo necesario para resolver los problemas y desactivar conflictos que en determinado momento pudieran aquejar a la administración pública estatal. Nos referimos, sin duda, al experimentado político José Manuel Pozos Castro, que, si bien no se deja ver mucho, la verdad de las cosas es que desde su oficina se está operando permanentemente para mantener la tranquilidad en toda la entidad veracruzana. Pozos Castro, se ha hecho en la trinchera donde normalmente se aprende a tomar al toro por los cuernos.

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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.