“Los errores se dividen en dos clases: aquellos en que se pensó y no se hicieron y aquellos que se hicieron y en los que no se pensó.” – John Charles Salak.

En la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) nada se mueve sin que pase por el despacho de la gobernadora Rocío Nahle García. Cada cambio, ajuste o renuncia forma parte de una estrategia que confirma quién manda realmente en la entidad. El más reciente movimiento al interior de la SEV no es la excepción y representa un giro clave en la política educativa del estado.

La salida de Elías Calixto Armas como Subsecretario de Educación Media Superior y Superior se da en un contexto de creciente tensión dentro de la Secretaría. Su partida sigue a la renuncia de otros funcionarios menores que venían ocupando encargos con perfiles técnicos y políticos. Estos movimientos revelan que algo no estaba fluyendo como debía al interior del equipo que encabeza la actual secretaria, Claudia Tello Espinosa.

Aunque fue designada con el respaldo de la Cuarta Transformación, Tello Espinosa ha enfrentado obstáculos importantes, muchos de ellos provocados por su falta de pericia política y el débil control sobre su equipo de trabajo. Subalternos con intereses propios y agendas particulares habrían complicado la operación administrativa, generando desconfianza en los altos niveles del gobierno estatal.

Ante este escenario, el nombramiento de David Jiménez Rojas, ex comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), marca un parteaguas. No se trata solo de un relevo, sino de una decisión quirúrgica: alguien con experiencia en la rendición de cuentas y los mecanismos de transparencia llega a poner orden donde se sospecha que las cosas no estaban caminando con claridad.

Este cambio coincide con un anuncio de suma relevancia: los nuevos lineamientos y procedimientos para el proceso de cambios de centro de trabajo del ciclo escolar 2025–2026.

Estos anuncios reafirman el discurso de la legalidad y la transparencia, pilares que han sido repetidos una y otra vez por el gobierno estatal. La presencia de las organizaciones sindicales en este diálogo busca legitimar el proceso y enviar un mensaje claro: se acabaron las viejas prácticas, los favoritismos y las decisiones discrecionales.

Nahle García, sin embargo, no deja nada al azar. Los movimientos en la SEV deben leerse como una intervención directa de la mandataria en un sector estratégico. La educación es más que un derecho: es una herramienta de control político y social. Y en Veracruz, la gobernadora está decidida a que funcione bajo su mirada vigilante.

Esta pudiera ser la primera llamada, primera de la función educativa.

Al tiempo. 

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