En las últimas fechas se habla de una “imposición” en la rectoría de la Universidad Veracruzana. Palabra fuerte. Carga pólvora. Y exige pruebas. Analicemos con bisturí, no con megáfono.

Primero, el marco. En las universidades públicas, la ley y los estatutos trazan el camino: convocatoria, requisitos, auscultación a la comunidad, deliberación de la autoridad colegiada y designación. La figura suele ser una Junta de Gobierno independiente no manipulable o un órgano equivalente.

No es un concurso de popularidad, pero sí un proceso que debe ser transparente, documentado y verificable. Si la “imposición” fuera ilegal, tendría que romper una de esas bisagras: convocatoria viciada, elegibilidad forzada, deliberación manipulada, o incluso intervención externa indebida.

Segundo, las señales de alerta. Son seis, y conviene checarlas una por una:

• Calendarios exprés que impiden la participación real.


• Cambios de última hora en requisitos o criterios.


• Falta de publicación de actas, votos razonados y criterios de evaluación.


• Exclusión opaca de aspirantes que sí cumplían.


• Uso de recursos públicos para promocionar a una candidatura.


• Presiones de autoridades externas a la universidad.

Si hay una, ya preocupa. Si hay varias, suena a imposición.

Tercero, las pruebas útiles. Un señalamiento sólido no nace de un hilo en redes, sino de documentos. ¿Dónde están la convocatoria para los candidatos aspirantes original, los anexos, el cronograma, las listas de aspirantes, los dictámenes, las actas firmadas, los votos razonados, los registros de auscultación, las minutas? ¿Se respetaron quórums, plazos y procedimientos? ¿Hubo testigos, videos, versiones estenográficas? Eso pesa en un amparo. Eso derrumba o sostiene un rectorado.

Cuarto, el contrapeso. La universidad puede alegar cumplimiento: convocatoria pública, audiencias con sectores, evaluación colegiada, designación por mayoría. Puede decir: autonomía, no plebiscito. Y tendría razón en un punto: la deliberación no siempre es abierta, pero sí debe ser verificable. La opacidad legalizada es un atajo a la desconfianza. La autonomía no es carta blanca; es responsabilidad con luz.

Quinto, las vías. Si alguien afirma “imposición ilegal”, el camino no es el rumor sino el expediente:

• Solicitudes de información con base en la ley de transparencia.


• Recursos ante órganos garantes si ocultan documentos.


• Quejas ante órganos internos de control universitario.


• Juicios de amparo si hubo violaciones claras a derechos o normas.


• Auditorías externas a los procesos de designación, cuando proceda.

Sexto, el ruido y la señal. En política universitaria abunda la rivalidad. Unos confunden derrota con fraude; otros creen que ganar legitima todo. Ni uno ni otro. El estándar es simple: reglas claras, piso parejo, papeles a la vista.

Un guion práctico para exigirle a la Junta de Gobierno:

• Muéstreme la convocatoria, completa, con fecha y firma.


• Liste a todos los aspirantes. ¿Quién quedó fuera y por qué?


• Comparta los criterios de evaluación. ¿Pesó más la docencia, la investigación, la gestión?


• Publique las actas, los votos razonados y el quórum.


• Explique cualquier cambio al procedimiento, con fundamento.

Si eso aparece, se despejan nubes. Si no, el término “imposición” deja de ser consigna y se vuelve hipótesis plausible. Y si además hay ilegalidad documentada, entonces no es un editorial: es un caso.

La universidad se defiende con ideas. Su legitimidad, con procedimientos impecables. Abrir los papeles no debilita a nadie. Por el contrario: vacuna contra la sospecha y fortalece la autonomía que todos dicen cuidar.