La mañana del pasado viernes 29 de agosto, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que, a raíz de una causa penal iniciada en Texas, la dependencia su cargo había reabierto cinco auditorías e investigaba la participación de 16 funcionarios y de tres ex empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) para otorgar contratos mediante sobornos de siete empresas estadunidenses y dos empresarios.

Buenrostro, quien el sexenio pasado inició como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y luego fue titular de la Secretaría de Economía, detalló que la investigación se centra en cuatro contratos, dos de ellos celebrados durante la administración del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, uno por 217 millones de pesos (noviembre de 2013 a diciembre de 2020) y otro por 89.1 millones (agosto de 2018 a diciembre de 2020). Los otros dos se dieron al inicio del sexenio del expresidente López Obrador: uno por 30.9 millones de pesos (de marzo de 2020 a diciembre de 2021), que concluyó anticipadamente, y uno más por 52.9 millones que no se formalizó en 2020 por irregularidades detectadas. La funcionaria acotó que los involucrados actuaron solos, “fuera de la ley y por ello deben ser sancionados”.

Señaló que las pesquisas en el país se hacen en paralelo a la causa penal que inició el pasado 11 de agosto en un tribunal del Distrito de Texas, ante la denuncia de una firma estadunidense contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en EU, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, actualmente prófugo y quien fue candidato del PAN a la gubernatura de Campeche. La presidenta Claudia Sheinbaum refirió además que el panista fue inhabilitado como funcionario de Pemex por estar vinculado al fraude Oceanografía, cometido en 2014.

Este caso tuvo repercusión en Veracruz porque entre los ex funcionarios de la petrolera investigados por soborno para presuntamente manipular auditorías y contratos figuró el nombre de Erick Alejandro Núñez Albarrán, quien en la administración obradorista se desempeñó como gerente senior de auditoría interna asignado a Pemex Exploración y Producción (PEP), y el cual –según habían publicado algunos medios nacionales de comunicación– fue incorporado como director de Atención a Órganos Fiscalizadores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por el titular Leonardo Cornejo Serrano, ex subdirector de proyectos industriales en la filial Pemex Transformación Industrial (PTI) y quien estuvo a cargo de la construcción de la Refinería de Dos Bocas junto con Rocío Nahle.

Sin embargo, en la mañanera del pasado viernes, la secretaria Anticorrupción negó que la gobernadora Nahle García tuviera trabajando en su administración a Núñez Albarrán, como había asegurado diez días antes la prensa. “Nada más decirle que nosotros desde que empezamos el caso tuvimos pláticas y acercamientos con la Gobernadora y nos verificó que Núñez Albarrán nunca ha trabajado en el gobierno de Veracruz”, expresó Buenrostro.

“Nos dijo la Gobernadora que lo puede demostrar con documentos, que esa persona nunca, nunca ha pertenecido al gobierno de Veracruz”, remarcó.

Por su parte la presidenta Sheinbaum aseguró que siempre que se presenta una denuncia se investiga, porque esa es la instrucción que ella ha dado, por eso se investigó directamente con la Gobernadora de Veracruz dicho señalamiento. “Esa es la instrucción que le hemos dado a Raquel, y Raquel abre la investigación para investigar a fondo eso”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

Sin embargo, la reportera Noemí Valdés, de Notiver, investigó y publicó que el cargo de Director General de Atención a Órganos Fiscalizadores de la SIOP ocupado por Erick Alejandro Núñez Albarrán no existía antes del 17 de enero de 2025, fecha en que se publicó el Decreto N° Ext. 026 en la Gaceta Oficial del Estado, firmado por la gobernadora Rocío Nahle, mediante el cual se crearon y reestructuraron diversas áreas administrativas en la citada Secretaría de Despacho.

De acuerdo con la versión de la periodista del diario porteño, sólo tres días después, el 20 de enero, Núñez Albarrán fue nombrado en este nuevo puesto, según datos internos de la SIOP, en cuya información divulgada por la propia dependencia estatal se argumentaba que dicha reestructuración buscaba crear nuevas áreas y direcciones para mejorar el trabajo de ejecución.

Los cambios más significativos incluyeron la creación de la Subsecretaría de Administración y Servicios, que cuenta con siete direcciones: Contratación; Administración y Servicios; Control y Seguimiento de la Planeación, Programación y Presupuestación; Tecnologías de Información; Análisis de Mercado; Ingeniería de Costos, y Atención a Órganos Fiscalizadores.

Se hizo también un cambio de denominación de la Coordinación Sectorial FONDEN a Coordinación Sectorial de Gestión Integral de Riesgos, así como la eliminación de tres áreas que dependían directamente del titular de la Secretaría: Coordinación de Planeación y Evaluación Técnica; Unidad de Licitaciones y Unidad Administrativa.

Se realizó también la creación de la Coordinación de Enlace Interinstitucional y la Subsecretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, esta última con tres direcciones y una coordinación Dirección de Obra Sectorial; Dirección de Control y Supervisión de Obras Públicas y Comunicaciones; Dirección de Proyectos Estratégicos de Obra y Comunicaciones, y la Coordinación Técnica de Obras Públicas.

Además, se crearon dos nuevas Direcciones Generales en la Subsecretaría de Infraestructura, además de una Coordinación: Dirección General de Control y Supervisión de Infraestructura; Dirección General de Proyectos Estratégicos de Infraestructura, y la Coordinación Técnica de Infraestructura.

¿Por qué, entonces, desconocen a Erick Alejandro? Obvio: porque no tienen control de la investigación que se inició y lleva en Estados Unidos. En cambio, el titular de la SIOP, Leonardo Cornejo, un ex funcionario de alto nivel en Pemex ligado al escándalo de Odebrecht en el sexenio de Peña Nieto, sigue firme en su puesto, repartiendo contratos a empresas foráneas que desplazan a constructores veracruzanos.