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Atticuss y Francisco Licona
 

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Nahle agiliza trámites y acota el poder de quienes tras los escritorios lucran con la población
2025-10-03

Nahle envía al Congreso un Decreto para reformar los artículos 663,654, 695, 726 y 747 y se deroga el segundo párrafo del 685 y 690 del Código Civil.


Parece nada, pero quién no ha mentado madres y tenido que padecer la prepotencia y malos tratos de una burocracia que, tras los escritorios, lucra con el poder que les da la ley y los reglamentos.


Por ello se ha visto bien la iniciativa enviada al Congreso de Veracruz por la Gobernadora Rocío Nahle García, para simplificar los trámites en el Registro Civil y eliminar requisitos de presentar testigos para registros de nacimiento y la ampliación del plazo de la obligación de la declaración de los nacimientos hasta los 17 años posteriores.


A partir de que los diputados locales aprueben la reforma, ya no será necesario que para el registro de nacimiento las personas tengan que presentar testigos y que la declaración del nacimiento se pueda realizar hasta transcurridos 17 años.


Y es que actualmente, nacer, vivir, casarse, divorciarse, entrar a escuelas, y hasta el morir y no expresar su voluntad testamentaria, todo representa para las autoridades del Registro Civil, abogados y gestores, un buen negocio, sobre todo ante el problema social de las migraciones.


De los miles de millones detectados por el ORFIS… ahora el Congreso y la Fiscalía tienen la palabra


Está visto que, como dice el viejo refrán, “Perro que come huevos, ni a palos deja la maña”.


Un puñado de nuevos funcionarios estatales y no pocos alcaldes, a pesar de que juraron y perjuraron servir al pueblo con honestidad, al llegar al poder todo se les olvidó y, presuntamente, se embolsaron ilegalmente más de 2 mil millones de pesos, tan solo en el ejercicio fiscal 2024.


Lo anterior viene de lo informado por la titular del ORFIS, Delia González Cobos, que como parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, destacó que el Órgano a su cargo realizó mil 396 auditorías, revisiones y evaluaciones, a 310 entes fiscalizables en el Estado de Veracruz y los resultados determinaron un daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos, de los cuales:


1.- 830 millones 868 mil 23 pesos, fueron irregularidades detectadas a 41 entes estatales;


2.- Mil 537 millones 550 mil 416 pesos, de 174 municipios; y


3.- 4 millones 449 mil 156 pesos, correspondientes a 8 entidades paramunicipales.


Es decir, si eso fue detectado en auditorías en las que se revisa apenas un porcentaje y que la mayor de las veces no rebasa el 50 por ciento de los recursos manejados, imagínese si les hubieran revisado el 100%.


Lo que sigue es que los diputados de la Comisión de Vigilancia tendrán tres opciones: 1) Avalar lo determinado por Delia González Cobos;  


2) Analizar a fondo y con pruebas el Informe del Orfis para revertir los resultados de las auditorías, o 3.- Seguir con la costumbre histórica de negociar políticamente con los presuntos infractores y llenarse las bolsas con el proceso conocido como “Vómito negro”. 


Lo extraño es que a pesar de tanta declaración, juramentos y publicidad de la existencia de nuevos principios de honestidad en el Gobierno, aún se sigan aplicando viejos métodos para mermar ilegalmente al tesoro público.  


Pero lo peor es que una vez que se han detectado en años anteriores daños al patrimonio de Veracruz, pero poco se sabe de castigos, detenidos o de sentencias penales ejemplares.


Hoy -de nuevo- el Congreso, el ORFIS y la Fiscalía General del Estado de Veracruz tienen la palabra. 


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