Estos montos revelan, una vez más, las vulnerabilidades en el manejo de los recursos públicos, particularmente a nivel municipal, donde la falta de controles efectivos sigue siendo el talón de Aquiles de la administración pública.
El Congreso tiene ahora la tarea de revisar y dictaminar el informe a más tardar el 31 de octubre. Pero más allá de los plazos y los procedimientos, lo verdaderamente importante es lo que ocurra después.
La propia auditora González Cobos fue clara: la entrega de los informes no es el fin del proceso, sino el inicio de un seguimiento que debe incluir sanciones, en caso de que así lo amerite la normatividad. Porque de nada sirve contabilizar irregularidades millonarias si al final del camino no hay responsables ni consecuencias.
La rendición de cuentas no puede quedarse en un ritual anual de entrega y recepción de documentos. La transparencia requiere acciones concretas, investigaciones profundas y, sobre todo, castigos ejemplares -cárcel y vomito negro entre ellos-.
El mensaje que espera la ciudadanía es que quienes manejan el dinero público lo hagan con honestidad y eficiencia; pero cuando eso no ocurre, la única manera de recuperar la confianza es aplicando la ley sin titubeos, sin vacilar y sin miramientos.
El Orfis ha dado un paso al exponer cifras y hallazgos; ahora corresponde al Congreso y a las instancias de procuración de justicia ir más allá del papel. Veracruz no puede seguir normalizando daños patrimoniales que superan miles de millones de pesos cada año. No basta con “recibir” y “analizar” informes: se requiere un compromiso real con la legalidad.
La Cuenta Pública 2024 es un espejo de lo que aún falta por corregir en la administración pública. Convertir este ejercicio en un verdadero instrumento de combate a la corrupción será el gran reto. De lo contrario, una vez más, todo quedará en números y discursos que, para los veracruzanos, significan lo mismo: impunidad.
Al tiempo.
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