Espinal es un municipio que se ubica en el norte de la entidad, en la región totonaca. Colinda -entre otros municipios- con Poza Rica, Papantla y Coxquihui. Está, pues, en la “zona caliente” de la violencia.
Eso quedó muy claro la noche del lunes. Una familia (madre, hija y yerno) fue masacrada en su propio domicilio.
El sol ya se había ocultado cuando un comando armado irrumpió en la vivienda de las víctimas. Amagó a los presentes y atacó primero al yerno de la familia, a quien al parecer buscaban.
Los vecinos dicen haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego cerca de las 8 y media de la noche y llamaron a las fuerzas del orden. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, de la estatal y hasta de la Guardia Nacional (lo que confirma que, en efecto, hay “coordinación” de los tres niveles de gobierno). Al entrar al domicilio encontraron el cuerpo decapitado del yerno y los cuerpos sin vida de las dos mujeres (madre e hija) con huellas de los impactos de bala.
Pero no fue lo único que hallaron.
La casa estaba incendiada. Los agresores le prendieron fuego y las llamas amagaron con pasar a las viviendas cercanas.
Por supuesto: había un mensaje escrito en una cartulina. Las autoridades no revelaron su contenido.
Ya no hay forma de disimularlo: Veracruz vive una de sus peores crisis en materia de seguridad y lo admite, incluso, el gobierno federal.
Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo dijo este martes en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum:
“Lo que podemos ver es esta distribución de los homicidios, pero solo durante el mes de septiembre. En este caso también son siete entidades que concentraron el 51 por ciento de los homicidios del país, es decir, la concentración de prácticamente la mitad de los homicidios del país: En primer lugar, está Baja California, con 9 por ciento del total; en segundo lugar, Chihuahua, con 8.7 por ciento del total nacional; en tercer lugar, Guanajuato, con 8.4 por ciento; le sigue Sinaloa con 6.7 por ciento; en quinto lugar, Estado de México, con 6.3 por ciento; sexto, Michoacán, con 6.2 por ciento, y séptimo, Veracruz, con 5.8 por ciento”.
Y, en efecto, antes incluso de tomar posesión, Rocío Nahle acudió a Palacio Nacional y le pidió ayuda a su “amiga”, la presidente Claudia Sheinbaum, para resolver la herencia maldita de la violencia que le heredó Cuitláhuac García.
La respuesta de la presidente fue turnarla con un especialista en la materia: el policía Omar García Harfuch, con quien acordó trabajar “de manera coordinada” para atender ese problema.
Para nadie es un secreto que la llegada del marino Alfonso Reyes Garcés a la Secretaría de Seguridad Pública del estado fue producto de una “sugerencia” de García Harfuch. Por lo mismo tendrían que reconocer desde la capital del país que su recomendado ha fallado.
A menos -claro está- que la instrucción que está atendiendo es “dejar que las cosas sucedan”.
* * *
Epílogo.
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, lo dejó muy claro: la pelota está del lado del gobierno estatal, pues las sentencias existen y deben ser los abogados de la administración estatal los que las hagan efectivas. *** Eso es en referencia a los recursos “recuperados” (en el papel) por el Orfis a partir de las denuncias que han sido presentadas por daño patrimonial. El cálculo es superior a los 22 mil millones de pesos, pero el titular de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes, aclara que no hay un solo centavo de ese recurso en las arcas estatales. *** Delia González Cobos les dio, incluso, la receta: deben vigilar los bienes de los exservidores públicos con créditos fiscales firmes para impedir que evadan los pagos. *** La información es pública. En los informes del Orfis aparecen, entre otros, Arnulfo Octavio García Fragoso, extesorero, con un monto a pagar de 18 mil 763 millones de pesos, y Maritza Mendoza Rocha, quien fue directora de Programación y Presupuesto, que debe 744 millones de pesos. *** La titular del Orfis explicó que los procedimientos administrativos han generado resoluciones judiciales definitivas que ordenan el pago de los créditos y donde hay asuntos por resolver es en el ámbito penal. *** Y advirtió: “Si ellos pretendieran evadir el procedimiento administrativo de ejecución, habría que analizar las conductas que realizaran para que pudiera considerarse una acción dolosa”. *** Los créditos fiscales derivados de sentencias firmes alcanzan un monto superior a los 19 mil millones de pesos, que corresponden a los ejercicios 2010, 2015 y 2016. *** No les pueden escatimar las pensiones a la burocracia, cuando hay tanto dinero que puede ser reclamado por el gobierno estatal.
filivargas@gmail.com |
