La de malas para el exgobernador es que ni la presidenta Claudia Sheinbaum; ni la gobernadora Rocío Nahle; ni la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; ni el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hicieron compromisos con él.
Cuando en septiembre del 2018 un juez lo condenó a nueve años de prisión y al pago de una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los veracruzanos se sintieron engañados y burlados.
“¿Cómo es posible que el ladrón más grande que ha tenido Veracruz reciba una pena tan corta y una multa irrisoria cuando nos robó 60 mil millones de pesos?” “Pues ya ve mi estimado; fue posible”.
Javier estuvo a punto de salir en libertad la semana anterior por haber cumplido más del 90 por ciento de su condena y observar buena conducta durante su reclusión.
Pero la Fiscalía alegó que en una ocasión se puso a gritar en la clínica médica y en otra abandonó una sesión ante la jueza por lo que hubo que regresarlo amarrado a una silla. Es decir, dos infracciones nimias que cualquier juez hubiera pasado por alto, no así la jueza Ángela Zamorano Herrera, que le ordenó cumplir la totalidad de su condena que acaba en abril próximo.
Y ahora se sabe por qué.
Ha trascendido que de arriba le habrían pedido que lo regresara a su celda porque el reo tiene un asuntito pendiente y la togada obedeció.
De acuerdo con el tratado internacional vigente sobre extradiciones, el gobierno de Guatemala (de donde Duarte fue extraditado) dio su consentimiento para que fuera juzgado por el delito de desaparición forzada, pero las acusaciones fueron tan endebles que un juez lo exoneró.
Pero el miércoles 26 de noviembre, Guatemala otorgó otro permiso para que se le juzgue por desvío de recursos federales. Y tras esta autorización, la Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación por ese delito. Lo que debió causar insomnio al exgobernador.
Aunque faltaba la puntilla.
Este martes la FGR a cargo de Ernestina Godoy, presentó ante un juez una acusación contra Javier por presunto desvío de recursos federales destinados a programas de Salud.
Es decir, Duarte ya está acusado formalmente de desvío de recursos y si resulta culpable su estancia en prisión se puede alargar muchos años. Por lo pronto, es casi imposible que salga en abril como tenía planeado.
Esta acusación puede ser la punta de la hebra de la que se agarre la justicia para saber a dónde fueron a parar 60 mil millones de pesos que de acuerdo al ex auditor de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, han sido el mayor quebranto que ha sufrido el país. (Ojo, esto lo dijo el funcionario en 2016, antes del huachicol fiscal).
Gracias a la habilidad de sus abogados y quizá también gracias a su complicidad con la 4T, Javier había evitado ser juzgado por ese robo a Veracruz que incluso lo hizo conocido internacionalmente.
Pero se le acabó la protección porque quien lo protegía está jubilado. Y es de justicia que el señor responda por esos 60 mil millones que no son cualquier baba, sino un multimillonario atraco.
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