No obstante, el ex comisionado del IVAI siguió deslizando que su destino final sería la FGE, y que la Subsecretaría de la SEV que le había asignado la gobernadora sólo era un cargo temporal. Inclusive trascendió que hasta amenazó a funcionarios “corruptos” del equipo de Tello Espinosa de mandarlos a prisión en cuanto llegara a la Fiscalía.
Sin embargo, para regocijo de sus adversarios políticos dentro y fuera de la SEV, el “Rey David” –como sus más radicales malquerientes se refieren burlonamente a él–, la gobernadora Nahle se decantó por la magistrada ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, cuyo nombramiento fue avalado por el Congreso local con 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.
¿Qué fue lo que habría motivado el descarte de Jiménez Rojas como titular del órgano autónomo encargado de procurar justicia?
Algunos lo atribuyen a los negros antecedentes de don David como director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, cargo en el que fue colocado por el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros, al inicio de la administración del ex gobernador Cuitláhuac García. Ambos habían coincidido en la operación electoral para García Jiménez, López Obrador y Rocío Nahle en los comicios locales y federales de 2018.
La versión ha cobrado fuerza sobre todo ahora que la mandataria veracruzana se ha pronunciado por investigar y proceder con toda la fuerza de la ley en contra de los llamados “cárteles inmobiliarios” ante la escandalosa serie de despojos de viviendas y terrenos que han sido denunciados recientemente en Xalapa y Coatepec por los legítimos propietarios, y en cuyo modus operandi estarían coludidos funcionarios estatales de la Segob, de catastro municipal, notarios públicos y abogados que han maquinado escrituraciones apócrifas y promovido juicios civiles fraudulentos .
Precisamente hoy, a raíz de estos escándalos que le han explotado al gobierno de Rocío Nahle, se ha recordado una denuncia penal que en su momento motivó el cese de Jiménez Rojas como director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías.
Por ahí debe estar empolvada la carpeta de Investigación FIM/F8/140/2022 del índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, de la FGE, que integró la ex titular Marcela Aguilera por probables actos de corrupción. A don David se le acusó de formar parte de una red de corrupción que operaba desde las entrañas del Registro Público de la Propiedad, donde a través de falsificación de documentos se legalizaba el despojo de predios ubicados en los municipios de Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiándose a personajes poderosos con la adjudicación de los terrenos a cambio de millones de pesos.
Inclusive su publicaron dos cartas abiertas dirigidas al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para solicitarles su intervención y que se hiciera efectiva una orden de aprehensión en contra del entonces titular del IVAI.
“Exigimos justicia por el despojo de nuestras propiedades cometido por el ex Director del Registro Público del Gobierno del Estado, David Jiménez Rojas y demandamos se cumpla orden de aprehensión. @FGRMexico”, exigían en las publicaciones que se viralizaron en su momento.
En dichas cartas señalaban que eran al menos ocho los afectados por el despojo ilegal que realizó Jiménez Rojas, a quien acusaban de haber utilizado documentos falsos, firmas ilegales y registros oficiales de otras regiones para “robar” ranchos ganaderos, terrenos y propiedades en cuatro municipios.
Uno de estos casos, decía la carta abierta, fue denunciado en el año 2019 y se refería a un rancho de más de 20 hectáreas ubicado en el municipio de Puente Nacional, donde la autoridad competente determinó responsabilidad legal y penal de Jiménez Rojas, y el juez emitió una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada hasta el día de hoy.
Ante esta situación solicitaron que se ejecutara la orden de arresto y se castigara a los responsables, además de que se devolvieran de inmediato las propiedades.
Asimismo, acusaron a Jiménez Rojas de delincuencia organizada, pues participó de manera reiterada en los hechos delictivos, coludido con personas que ocuparon con violencia y armas de fuego dichas propiedades.
Al entonces gobernador García Jiménez le pidieron su intervención para que estos casos no quedaran en la impunidad y que se castigara a Jiménez Rojas, pero hasta el momento sigue impune.
¡Y vaya, por si fuera poco, lo “premiaron” con la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior como si fuera el mejor ejemplo para los adolescentes y jóvenes educandos veracruzanos! ¿No que los de la 4T son diferentes a los ex gobernantes del PRIAN? |
