Una de las personas que participa en este acto es Amanda Pérez Bolaños, directora de Comunicación Social de la Corte, responsable —en teoría— de proteger la imagen institucional del máximo tribunal del país. El resultado fue exactamente el contrario: una funcionaria arrodillada, un trapo en la mano y la dignidad extraviada en la banqueta.
El segundo colaborador, cuyo nombre no ha trascendido, completa la escena: obediencia, silencio y sometimiento. Una estampa que remite a prácticas que se suponían enterradas en la historia política de México.
Pero el problema no es solo el gesto. Es su significado.
Hablamos del titular del Poder Judicial, del intérprete último de la Constitución, del garante del orden legal. No de un rey, ni de un hacendado, ni de un cacique regional. Y, sin embargo, la actitud remite precisamente a esas figuras.
La ofensa se agrava cuando se recuerda que Aguilar Ortiz ha construido un discurso público basado en su origen indígena, en la sencillez y en la cercanía con el pueblo. ¿En qué momento esa narrativa se diluye cuando acepta —o permite— que dos personas se arrodillen ante él en plena vía pública?
La humildad no se declama. Se demuestra.
Este episodio desnuda una forma de pensar: la del funcionario que se asume por encima de los demás, blindado por el cargo, merecedor de privilegios. Es la lógica del servidor público que confunde la responsabilidad institucional con un pedestal personal.
No es irrelevante que este comportamiento provenga de un integrante de Morena, un movimiento que prometió erradicar los excesos del pasado y terminó replicando —con nuevos símbolos— viejas prácticas de soberbia, culto a la figura y desprecio por la dignidad ajena.
Antes existían los besamanos. Hoy, los limpiabotas.
Pero la esencia no cambia: obediencia humillante frente a un poder arrogante.
México no requiere ministros rodeados de cortesanos. Necesita juzgadores íntegros, con ética, con sentido del cargo y con respeto por la investidura que representan. Necesita instituciones que generen confianza, no vergüenza.
PEGA Y CORRE: El programa de inspección a notarías en Veracruz marca un avance real en el combate al llamado cártel inmobiliario. Las revisiones ya iniciaron en Xalapa y se extenderán a zonas con alta actividad inmobiliaria, donde históricamente se han concentrado las irregularidades. Incluso, ya fue retirada una patente notarial por faltas graves, confirmando que el problema no era aislado.
Casos como el intento de despojo de 12 hectáreas en Xalapa y cerca de 500 hectáreas en la región de Perote evidencian la magnitud del daño. Endurecer los controles, coordinarse con el Poder Judicial y proteger a sectores vulnerables, como las personas adultas mayores, es una decisión acertada. Ir contra esta red es un paso necesario para recuperar la confianza pública y frenar un negocio que operó durante años desde la impunidad. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes. |
