El objetivo era claro: garantizar que la presidencia municipal quedara bajo control de un perfil funcional a los intereses del CJNG. La detención del alcalde este 2026 y su vinculación a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado revelan la profundidad de la infiltración criminal en gobiernos locales.
Este caso expone tres dimensiones críticas: una cooptación de las candidaturas, en la que el crimen organizado decide quién compite y quién no; el uso de la violencia como herramienta política, vía el secuestro y la intimidación; y la protección institucional, usando a los ayuntamientos para blindar operaciones ilícitas, garantizar contratos, permisos y tolerancia.
El estado de Veracruz ha sido uno de los más golpeados por la violencia contra políticos locales. Tan solo en el proceso electoral municipal de 2025 se registraron asesinatos de candidatos, amenazas y agresiones que obligaron a más de 100 aspirantes a solicitar protección policiaca y a más de 400 a renunciar a sus candidaturas.
Se documentaron además 11 hechos de violencia contra políticos en vísperas de las elecciones municipales. El saldo final incluyó dos candidatos asesinados, lo que evidenció la fragilidad de las instituciones locales frente a la presión criminal, que alcanzó incluso a los candidatos del régimen.
En Veracruz, la violencia no solo busca controlar territorios estratégicos para el narcotráfico y el huachicol, sino también capturar gobiernos municipales. El crimen organizado encuentra en los ayuntamientos un espacio estratégico para expandir su poder por varias razones: los municipios son la primera línea de gobierno, con contacto directo con comunidades y recursos locales; pueden obtener sin demasiado esfuerzo el control de las policías municipales, que mal capacitadas y peor pagadas, son fácilmente cooptadas; y aunque limitado, el presupuesto municipal puede ser desviado hacia contratos, obras y servicios que benefician a esos grupos criminales.
Todo ello ha llevado que estas células delincuenciales hayan puesto su mirada en el tema electoral, puesto que desde el municipio se manipulan padrones, programas sociales y movilizaciones, lo que les asegura continuidad política y de negocios.
El caso Tequila y la violencia política en Veracruz revelan un patrón que amenaza la de por sí agonizante democracia mexicana. Cuando los candidatos son amedrentados, secuestrados o asesinados, la ciudadanía pierde confianza y se aleja de los procesos de elección. Esa normalización de la violencia vuelve a la intimidación y la violencia parte del juego político que termina convertido en una disputa por plazas, en la más pura lógica criminal.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a que el INE y las autoridades de seguridad revisen los antecedentes de los candidatos para evitar que perfiles ligados al crimen organizado lleguen a cargos públicos, es sabido que los partidos –incluido el suyo- han postulado personajes de cuyos antecedentes había información suficiente.
Pero como se acompañaban de carretadas de dinero, no les importó. Y ahí están las consecuencias. ¿Cuántos Diegos Rivera habrá en Veracruz?
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