Lo más alarmante no es solo el brote, sino el terreno fértil que se le dejó. Apenas seis de cada diez niñas y niños en México cuentan con su esquema completo de vacunación. Eso significa millones de menores expuestos por una cadena de decisiones —o indecisiones— tomadas lejos de los consultorios y demasiado cerca de los escritorios. Cuando el Estado falla en su obligación más básica, que es prevenir el daño, el discurso triunfalista se vuelve obsceno.
Conviene decirlo con todas sus letras: esto no es un debate ideológico ni un pleito partidista. Es un asunto de salud pública y de responsabilidad de Estado. La vacunación es una de las políticas públicas más costo-efectivas de la historia moderna. Cada peso invertido ahorra tratamientos, hospitalizaciones y muertes. No ejercer ese presupuesto no es austeridad: es abandono.
El problema no empieza ni termina en la tesorería. También es de planeación, seguimiento y rendición de cuentas. Durante años, México fue referente regional en cobertura de vacunación. La cartilla nacional —hoy relegada— permitió durante décadas un control efectivo. La transición mal ejecutada hacia sistemas digitales inconclusos dejó vacíos que nadie se tomó la molestia de cerrar. La consecuencia es un país que no sabe con precisión quién está protegido y quién no.
Por eso las propuestas que hoy se ponen sobre la mesa no son ocurrencias, sino urgencias. Un Registro Nacional de Vacunación digital, funcional y obligatorio, permitiría saber en tiempo real qué niña o niño está cubierto. Recuperar y modernizar la cartilla electrónica desde el nacimiento daría continuidad al seguimiento médico. Blindar el presupuesto de vacunación —no solo aprobarlo, sino garantizar su ejercicio— cerraría la puerta a la simulación. Y los informes públicos trimestrales aportarían algo escaso en este país: transparencia verificable.
Nada de esto viola la ley ni la ética. Al contrario, las fortalece. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el marco de derechos humanos, obligan a informar con veracidad y a proteger la dignidad de las personas, especialmente de la infancia. Ocultar, minimizar o maquillar cifras es una forma de violencia institucional. Nombrar el problema y exigir soluciones es un deber cívico.
No se trata de linchar funcionarios ni de explotar el miedo. Se trata de asumir que las decisiones presupuestales tienen consecuencias humanas. Que cada vacuna no comprada es una puerta abierta a la enfermedad. Que cada peso no ejercido puede traducirse en una cama ocupada o en un duelo evitable.
La salud pública no admite pretextos ni discursos tardíos. Cuando el Estado falla en prevenir, la factura se paga con vidas, y esa deuda no se cancela con conferencias ni con filas improvisadas frente a los centros de salud.
El sarampión no regresó por accidente: volvió porque alguien decidió – ya saben quién- no hacer su trabajo y hoy la infancia mexicana está pagando el precio.
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