El Congreso de Veracruz, siguiendo la línea nacional marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha aprobado una reforma constitucional para poner fin a los excesos en las jubilaciones del sector público. Esta reforma al artículo 127 establece límites claros: ninguna pensión podrá superar el 50 por ciento del salario presidencial, lo que fija un tope de aproximadamente 67,000 a 70,000 pesos mensuales.

Esta medida impactará directamente a más de 42,000 jubilados de instituciones como PEMEX, CFE y universidades públicas que actualmente gozan de privilegios desproporcionados. La pregunta obligada es: ¿cómo afectará esto a las pretensiones del Rector de la UV? La reforma incluye criterios de retroactividad bajo el principio de que los pagos excesivos provocan daños al erario público. Esto significa que, a pesar de las maniobras para asegurar una jubilación dorada antes de la implementación total de la ley, el marco jurídico actual ofrece herramientas para revisar y ajustar estos montos a la nueva realidad de austeridad.

La resistencia de las "estructuras de privilegio" ha sido notable. Legisladores de oposición han expresado su preocupación por la "incertidumbre jurídica" y los posibles conflictos constitucionales, pero la exigencia ciudadana de mayor equidad ha prevalecido. El ahorro estimado de 5,000 millones de pesos a nivel nacional por la eliminación de estas pensiones es una cifra que no se puede ignorar en un país con tantas deudas sociales.

En Veracruz, la implementación de esta reforma será la verdadera prueba de fuego para la administración de Rocío Nahle y para la autonomía de la UV. Si la universidad insiste en mantener sus esquemas de pensiones por encima de la ley estatal y federal, estará enviando un mensaje de rebeldía no contra el poder, sino contra la justicia contributiva. La autonomía es para la libertad de cátedra y la investigación, no para la creación de paraísos financieros para sus directivos.