La gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, figura clave en la política energética del sexenio pasado, fue más allá y, con toda consciencia de que estaba mintiendo, responsabilizó a un supuesto barco de alguna fantasmagórica empresa –pues nunca dio un solo nombre concreto- dizque contratada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ambas versiones se derrumbaron con la evidencia científica y satelital que apuntó directamente a la fuga en el complejo petrolero Abkatun-Cantarell, frente a las costas de Campeche.
El tema no es menor. Implica que el gobierno mintió deliberadamente para proteger a Pemex, ocultando información que ya estaba en manos de especialistas y comunidades afectadas. La credibilidad de Sheinbaum y Nahle, que de por sí no era mucha, quedó seriamente comprometida: la primera por negar lo evidente; la segunda, por inventar un culpable imaginario.
Lo más grave son las afectaciones que el derrame ha provocado y que en muy buena medida, son irreversibles: se afectaron más de 600 kilómetros de litoral, con residuos recolectados en 48 playas y ecosistemas sensibles como manglares, arrecifes y lagunas costeras. Aunque las autoridades insisten en que no hubo mortandad masiva de especies, el impacto en la biodiversidad es innegable, todos los vimos. Negarlo es continuar con la simulación para no asumir responsabilidades.
Y como creen que todo lo pueden resolver repartiendo migajas, pretenden lavarse la cara entregando minúsculos apoyos a las comunidades pesqueras que han visto morir entre el chapopote su sustento y su forma de vida. ¿De verdad creen que con 15 mil pesos van a resarcir el daño a la economía de cientos de familias que dependen de la actividad pesquera en el litoral del Golfo para sobrevivir? Si
acaso, contendrán por un rato el descontento, pero la pérdida de confianza y el daño a la economía local son irreparables.
Como siempre, las pulgas se le cargan al perro más flaco. La separación de sus funciones en Pemex de tres funcionarios menores —el subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo, el coordinador de Control Marino y el líder de Derrames y Residuos, cuyos nombres ocultaron deliberadamente— es otra burla. Se castiga a mandos medios, que difícilmente podrían haber ocultado información tan delicada y menos durante tanto tiempo, mientras se protege a quienes tomaron decisiones estratégicas, como la tardanza de ocho días en cerrar la válvula principal del oleoducto. O como la de acusar a barcos “fantasma”.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción no borran la responsabilidad política de Sheinbaum y Nahle. Ambas quedaron atrapadas en sus propias mentiras: la presidenta, al negar la responsabilidad de Pemex; la gobernadora, al inventar un culpable inexistente para desviar la atención.
¿Y así quieren que les creamos que van a implementar un “fracking amigable” con el medio ambiente para extraer gas? ¿O que ya no hay ni una gota de chapopote en el litoral veracruzano y que no se afectó la flora y la fauna?
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