¿Cuántas veces se ha confundido en México el acto de escuchar con el de gobernar? La respuesta, incómoda pero necesaria, suele aparecer cada vez que la autoridad como la presidenta municipal del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo presume mecanismos de “diálogo” como si fueran sinónimo de resultados.

Porque atender no es resolver. Escuchar no es transformar. Y recibir solicitudes no equivale, ni de lejos, a corregir las fallas estructurales de una ciudad que arrastra rezagos históricos en servicios básicos, infraestructura urbana y planeación territorial.

El ejercicio de abrir las puertas del Ayuntamiento, sin interrupción, tiene un valor político innegable: envía el mensaje de un gobierno accesible. Pero también revela, sin quererlo, la persistencia de un modelo que depende de la gestión individualizada, casi clientelar, de las demandas ciudadanas. Es decir, el ciudadano que acude, expone, insiste… quizá obtiene respuesta. El que no, queda fuera del radar institucional.

Y ahí comienza el problema.

Porque un gobierno moderno no debería operar a partir de audiencias públicas como mecanismo central de solución, sino mediante políticas públicas eficaces, medibles y universales. Si más de mil peticiones han sido necesarias en apenas cuatro meses, la pregunta obligada no es cuántas se atendieron, sino por qué existen tantas necesidades sin resolver en una capital que presume planeación y participación.

El propio Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029, aprobado por el Cabildo, se presenta como un documento rector construido con la voz ciudadana. Foros, recorridos, consultas y este “Día del Pueblo” nutren su contenido. Suena bien. Pero la experiencia histórica en Veracruz —y en buena parte del país— demuestra que los planes de desarrollo suelen convertirse en catálogos de buenas intenciones, más que en instrumentos de ejecución efectiva.

No basta con escuchar a la ciudadanía si las decisiones presupuestales, técnicas y políticas no están alineadas para resolver de fondo los problemas. La rehabilitación de drenajes, el acceso al agua potable, la pavimentación o la salud pública no son asuntos que deban depender de una audiencia semanal, sino de una estrategia integral con metas claras, plazos definidos y rendición de cuentas verificable.

Además, conviene subrayar un elemento que suele omitirse en el discurso oficial: la participación ciudadana no es un favor del gobierno, es un derecho. Y como tal, debe garantizarse con mecanismos institucionales sólidos, no con ejercicios que, aunque bien intencionados, pueden derivar en simulación si no se traducen en resultados tangibles.

Aquí no se trata de descalificar el esfuerzo, sino de ponerlo en su justa dimensión. La cercanía política sin eficacia administrativa es, en el mejor de los casos, un gesto simbólico; en el peor, una estrategia para administrar el descontento.

Veracruz puerto no necesita más ventanillas de escucha: necesita soluciones estructurales, planeación con rigor técnico y un gobierno que deje de contabilizar peticiones como si fueran logros, cuando en realidad son evidencia de lo mucho que falta por hacer.

Porque al final del día, gobernar no es oír problemas… es resolverlos.

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