La diferencia es que ahora el fenómeno parece entrar de lleno al terreno electoral y mediático. Porque una cosa es investigar y otra muy distinta administrar políticamente las filtraciones.
Y ahí es donde empieza el verdadero problema para todos los partidos. Porque cuando la política entra al terreno de los expedientes, nadie garantiza salir limpio. Hoy el foco está sobre la 4T y Rubén Rocha Moya, pero mañana podría caer sobre figuras del PRI, PAN, MC o empresarios ligados al poder.
Por eso el riesgo para el gobierno no es solamente jurídico, sino político: cada día que un caso queda sin aclararse, la oposición gana narrativa; y cada filtración sin sustento también termina desgastando la credibilidad institucional.
La pregunta ya no es quién tiene expedientes, la pregunta es quién resistirá cuando comiencen a abrirse en plena campaña rumbo al 2027 o la del 2030.
Por ello, como antes aquí se señaló: MORENA ya avisó poner lupa penal y financiera sobre sus candidatos, y por fuerza la oposición tendrá que hacer lo mismo o atenerse a las consecuencias de ser noqueados en el nuevo ring o campo de batalla.
Vamos a ayudar a todos sin distingo: Gobernadora plantea estrategia para liberar de deudas a municipios
El Gobierno del Estado presentó en la zona norte la estrategia de saneamiento financiero municipal, con la cual se busca liberar a los ayuntamientos de deudas históricas y garantizar que los recursos recuperados se orienten directamente a obra pública y servicios básicos en beneficio de la población.
Durante la Tercera Reunión Regional de Trabajo, la gobernadora Rocío Nahle García subrayó que esta política extiende a los municipios el modelo de disciplina financiera aplicado a nivel estatal, para fortalecer su capacidad de inversión y atención a necesidades prioritarias.
“Les planteamos una propuesta para avanzar: vamos a apoyar a todos sin distingo alguno”, expresó.
A través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, encabezada por Miguel Santiago Reyes, se explicó que la bursatilización contratada en administraciones pasadas mantiene a 199 municipios en un esquema de pago de intereses que ha impedido reducir el capital de la deuda, limitando su margen de acción para atender servicios básicos.
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