Cuando la autoridad electoral aplaza las reglas para frenar los actos anticipados de campaña, no gana tiempo: pierde autoridad. Y cuando la ley llega después de la política, la democracia siempre termina pagando la factura.

Hay una vieja máxima en el derecho que dice que la justicia tardía deja de ser justicia. En materia electoral ocurre exactamente lo mismo: las reglas tardías dejan de ser reglas.

Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando, en medio de visibles diferencias entre sus integrantes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió aplazar la discusión sobre los lineamientos que pretenden regular las llamadas "pre-precampañas", esa ingeniosa figura política que no existe en la ley, pero que todos practican.